La Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados volvió a sesionar por el conflicto del supergás y esta vez recibió a una delegación de la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike Supergás (Alfas), al ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini, y al presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.
Los primeros en exponer ante la comisión fueron los representantes del sindicato, que plantearon que durante el conflicto Acodike “se salteó varias leyes” y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) “ha sido prácticamente indiferente a esa situación”, comentó a la diaria Andrés Guichón, presidente de Alfas.
Según Guichón, el objetivo del sindicato es que la comisión “cumpla un rol en conjunto con el ministerio para que las reglas estén claras dentro de este conflicto”, que debería estar siempre “dentro de un marco legal”. Durante el enfrentamiento entre la empresa y el sindicato, desde Alfas denunciaron la ilegalidad de algunas de las acciones que llevó a cabo Acodike, como la contratación de empleados tercerizados “rompehuelgas” para sustituir a los despedidos, o sancionar a trabajadores que realizaron medidas sindicales.
De acuerdo al presidente de la asociación de trabajadores, no hubo consecuencias para Acodike por tomar estas medidas. En ese sentido, planteó que si la empresa “tiene la posibilidad de hacer lo que le plazca, sería un antecedente lamentable para todo el movimiento sindical, los trabajadores y los que hoy están gobernando”. “Acá no sólo se está instalando un conflicto laboral, también se están pasando por encima las leyes. Si se permite eso, estaríamos dejando manos libres a quien quiera hacer cualquier cosa en cualquier ámbito”, insistió.
Además de asistir a la comisión, el sindicato ocupó nuevamente la planta de envasado de Acodike, en el marco de la intensificación de medidas que están llevando a cabo por considerar que la empresa no muestra voluntad de negociar. En esa línea, Gabriel Otero, diputado del Frente Amplio e integrante de la comisión, comentó que “la mesa de negociación que llevó adelante el MTSS no dio resultados” y, por eso, consideró que la cartera debería “duplicar el esfuerzo” en acercar a las partes.
El diputado indicó que los despidos que efectuó la empresa no están basados “en mala conducta, sanciones previas y malos tratos” y que se reemplazó a los desvinculados por Acodike con tercerizados, por lo tanto, el MTSS debe “intervenir” para solucionar el conflicto. Agregó que el pedido del sindicato fue que la comisión actúe como mediadora, por lo que evaluarán citar nuevamente al ministerio y a la empresa para que expongan.
Luego de que lo hiciera el sindicato, se presentaron Paganini y Stipanicic, que dieron la versión del MIEM y Ancap sobre el conflicto. Según plantearon desde Acodike y Riogas en los primeros días del conflicto, la causa de los despidos fueron los cambios en las licitaciones para operar las dos plantas de envasado que pertenecen al ente estatal. Sin embargo, desde Ancap negaron esa versión.
De acuerdo a Otero, durante la comisión la delegación del MIEM planteó que durante las licitaciones de las plantas de envasado las empresas no manifestaron “en ningún momento la posibilidad de prescindir de trabajadores”. Además, “desmintieron que Ancap haya realizado alguna acción que dejara mal parado al sector” y que “ninguna de las licitaciones tiene que ver con la decisión de las patronales”.
En cuanto a posibles medidas que puedan tomar desde la cartera y el ente, Otero indicó que “para ellos, el ámbito natural para este conflicto es el MTSS”. Sobre la posición del MIEM, Guichón afirmó que “su postura en el conflicto del supergás prácticamente es lavarse las manos”, porque entienden que en el momento en que se cerraron los nuevos contratos de la licitación los trabajadores tenían trabajo, “así que ellos cumplieron con su compromiso”.
El conflicto, que se originó en los últimos días de marzo, comenzó luego de que Acodike y Riogas despidieran a todos los trabajadores del turno vespertino de sus plantas de envasado. De acuerdo a Guichón, son 48 los trabajadores que fueron despedidos en Acodike, entre los cuales 34 eran tercerizados y 14 efectivos. Actualmente, 15 de los desvinculados siguen reclamando su puesto.