El gobierno comenzó a analizar cómo administrar los eventuales ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos si las exploraciones actualmente en curso confirman la existencia de petróleo o gas en cantidades comercialmente explotables bajo la plataforma marítima uruguaya. En el marco del Día del Comité de Base, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que el gobierno “ya está trabajando” en un fondo para gestionar esos recursos en caso de que Uruguay encuentre petróleo. La idea, según explicó, responde a la necesidad de administrar con cautela una eventual renta proveniente de un recurso no renovable.
Oddone afirmó que la explotación de estos recursos podría generar “un conjunto de dinero cuyos efectos colaterales son muy adversos, lo que en la jerga de economía se llama una ‘enfermedad holandesa’ : cuando uno encuentra un recurso natural superabundante tiene un efecto de riqueza instantáneo que, a su vez, tiene un efecto sobre la distribución del ingreso muy negativo, y para eso hay que estar preparado”.
Si bien aún se está lejos de contar con un diseño definitivo para este hipotético fondo, la experiencia internacional ofrece varios modelos sobre qué hacer cuando un Estado comienza a recibir ingresos extraordinarios por la explotación de recursos naturales. Mientras que hay países que optaron principalmente por ahorrar e invertir esos recursos, otros los utilizan para financiar el presupuesto estatal o infraestructura y algunos que distribuyen una parte directamente entre la población.
Noruega y Timor Oriental: ahorrar el petróleo para el futuro
El caso más conocido es el de Noruega, señalado como modelo por el propio Oddone. El país creó en 1990 el actual Fondo Global de Pensiones del Gobierno, conocido como el fondo petrolero noruego, con el objetivo de administrar la riqueza proveniente de los hidrocarburos y hacer que beneficie tanto a las generaciones actuales como a las futuras.
La totalidad del flujo neto que recibe el Estado por sus actividades petroleras se transfiere al fondo, que invierte esos recursos principalmente en activos financieros. El dinero no se incorpora directamente al gasto público. En cambio, Noruega tiene una regla fiscal que establece que, a largo plazo, el uso del fondo debe seguir su rendimiento real esperado, actualmente estimado en 3%. Las transferencias anuales se utilizan para financiar el déficit presupuestario no petrolero y pueden adaptarse a la situación del ciclo económico.
La lógica es transformar una riqueza que inevitablemente se agotará en un patrimonio financiero que pueda generar ingresos durante décadas. Así, el petróleo no se convierte simplemente en mayor gasto público durante los años de explotación, sino en un activo que permanece en el tiempo. En la actualidad ese fondo por sí solo representa cuatro veces el valor de todo el producto interno bruto (PIB) de Noruega.
Timor Oriental también creó un fondo petrolero, en 2005, con una lógica intergeneracional. El Petroleum Fund recibe los ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos y los invierte en los mercados financieros.
Su característica más importante es la existencia de una regla de sostenibilidad. El denominado Ingreso Sostenible Estimado (ESI) busca establecer cuánto dinero puede transferirse anualmente al presupuesto sin comprometer el valor real del patrimonio del fondo en el largo plazo. El objetivo de inversión contempla un rendimiento real de 3%. Los retiros deben ser aprobados por el Parlamento y, como regla general, no pueden superar el ESI.
El fondo, por tanto, no impide que el petróleo financie el gasto público, sino que busca impedir que el Estado consuma en el corto plazo la riqueza acumulada y se quede sin recursos cuando el petróleo se deje de producir.
Alaska: dividendo para los ciudadanos
Alaska tomó una dirección diferente. En 1976 los ciudadanos aprobaron una modificación constitucional que creó el Alaska Permanent Fund y estableció que al menos 25% de determinados ingresos provenientes de recursos minerales debía depositarse en el fondo. Al igual que en el caso noruego, el principal objetivo es convertir una riqueza no renovable en una fuente permanente de ingresos.
El fondo está dividido en un fondo principal, que tiene protección constitucional y no puede gastarse, y una reserva de rendimientos que puede utilizarse bajo la aprobación del congreso estatal de Alaska. Los rendimientos financian servicios públicos y, especialmente, el Permanent Fund Dividend, un pago anual a los habitantes que cumplen ciertos requisitos establecidos.
Según la Alaska Permanent Fund Corporation, desde su creación el fondo generó más de 114.000 millones de dólares de rendimiento. De ese total, 51.400 millones fueron destinados a las generaciones actuales mediante dividendos y servicios públicos, mientras que 63.100 millones permanecían invertidos para sostener el fondo en el futuro. En 2025, el dividendo fue de 1.000 dólares por persona y alcanzó a más de 618.000 habitantes, un 83% de la población total del estado.
Guyana: ahorro estatal y financiamiento del desarrollo
Guyana constituye un caso especialmente relevante porque comenzó a explotar petróleo a gran escala recientemente, luego de su hallazgo en su plataforma marítima, conocida como bloque Stabroek. A partir del comienzo de la producción de barriles de petróleo en 2019, esa nación sudamericana atravesó niveles inverosímiles de crecimiento en los años posteriores. Según datos del Banco Mundial, el PIB del país aumentó 43% en 2020, 20,1% en 2021, 63%, en 2022, 33,8% en 2023, 43,8% en 2024 y 19,3% en 2025.
El país creó el Fondo de Recursos Naturales para recibir los ingresos derivados de los hidrocarburos y estableció legalmente las condiciones bajo las cuales el gobierno puede retirar dinero. El fondo combina ahorro con utilización de los recursos para las prioridades nacionales. Los retiros deben realizarse de acuerdo con una fórmula establecida por ley y los recursos transferidos al presupuesto deben utilizarse para prioridades nacionales de desarrollo o emergencias.
El modelo ya tiene efectos concretos. Para 2026 el gobierno guyanés proyectó ingresos petroleros de unos 2.400 millones de dólares por la participación estatal en el petróleo y otros 375 millones por regalías. La legislación permite retirar aproximadamente 2.374 millones de dólares del fondo para financiar el presupuesto anual.
Azerbaiyán: fuente importante de recursos para el presupuesto
Azerbaiyán representa un modelo más orientado a utilizar la renta petrolera para financiar al Estado. El país creó en 1999 el Fondo Estatal Petrolero de la República de Azerbaiyán (Sofaz), que recibe ingresos provenientes de los contratos de explotación de petróleo y gas y administra esos recursos mediante inversiones. Una parte importante de los fondos, sin embargo, vuelve al presupuesto estatal y lo hace menos sostenible a largo plazo.
Luego de la caída del bloque soviético y la consecuente crisis económica de la década de los 90, el ingreso inmediato de recursos a la caja de Estado permitió un rápido crecimiento a partir de 1998, con tasas del entorno al 10%. De hecho, en 2006 el país alcanzó un crecimiento del entorno del 34% interanual. Sin embargo, ese ritmo no continuó en los años siguientes y desde 2011 Azerbaiyán experimenta períodos de crecimiento recesivo o nulo.
Según los informes gubernamentales, durante el primer semestre de 2026, el Sofaz fue deficitario y recibió unos 2.900 millones de dólares provenientes de actividades de petróleo y gas, mientras que transfirió 3.775 millones de dólares al presupuesto estatal. A junio de 2026, sus activos alcanzaban unos 72.600 millones de dólares.
Botswana y Chile: gestión soberana de los recursos minerales
Cabe mencionar que no todos los fondos soberanos están vinculados al petróleo. Por ejemplo, Botswana creó en 1994 el Pula Fund, que recibe parte de los recursos asociados a sus exportaciones de diamantes y tiene como objetivo preservar esa riqueza para las generaciones futuras.
El Banco de Botswana explica que el fondo recibe reservas internacionales que exceden las necesidades previstas para el mediano plazo y las invierte con una perspectiva de largo plazo. La intención es que los ingresos obtenidos de un recurso natural no renovable se transformen en activos financieros.
Chile, por su parte, también desarrolló un modelo basado en un recurso distinto del petróleo. El país cuenta con el Fondo de Estabilización Económica y Social, creado en 2007 a partir de los recursos vinculados a la explotación del cobre.
Su función principal es estabilizar las finanzas públicas frente a períodos de bajo crecimiento, menores ingresos fiscales o acontecimientos extraordinarios. El fondo también puede utilizarse para financiar déficits fiscales, realizar aportes al fondo de pensiones y amortizar deuda pública.
Uruguay ya tiene un antecedente
La idea de crear un fondo para administrar los ingresos de un recurso natural tampoco sería completamente nueva para Uruguay. La Ley 19.126, aprobada en 2013 para regular la minería de gran porte, creó el Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión.
La norma estableció que sus inversiones debían buscar maximizar el retorno social de largo plazo y diversificarse en activos financieros internacionales. La administración quedó a cargo del Área de Gestión de Activos y Pasivos del Banco Central del Uruguay, que debería reportar periódicamente sobre su gestión al comité de dirección y al Poder Legislativo.
La ley también permitiría destinar recursos equivalentes a la rentabilidad real del fondo a proyectos de investigación y desarrollo, incorporación de tecnología en la educación pública y adaptación y mitigación del cambio climático, previa inclusión de los créditos correspondientes en el presupuesto.
Sin embargo, esta normativa se aprobó durante el proceso de discusión del naufragado proyecto Aratirí, una propuesta de inversión en megaminería a cielo abierto próximo a la zona de Valentines y que contó con el aval del gobierno de José Mujica. Si bien la iniciativa derivó en un intento de política de Estado consensuada entre los principales partidos políticos, esta contaba con la detracción por parte de diversos actores sociales debido a las graves afectaciones contra el medio ambiente que podría conllevar su ejecución.
Finalmente, al no concretarse el proyecto, la normativa nunca se reglamentó ni entró en práctica.
