La Ley de Minería de Gran Porte (MGP), aprobada en setiembre de 2013 por el Parlamento, establece la obligatoriedad de celebrar un contrato entre el Poder Ejecutivo y la empresa que pretende desarrollar un proyecto de MGP. En la negociación con Aratirí participan los ministerios de Industria, Economía, Transporte y Vivienda, y Buonomo en representación de Presidencia. “Éste es un solo gobierno, una sola negociación y una sola estrategia”, remarcó Buonomo.
Según la ley, en el contrato debe preverse el monto de las inversiones programadas, la producción media y máxima esperada, el plazo previsto para la construcción y para la explotación, información del proyecto minero, la constitución de una “Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato”, y un plan de desarrollo de proveedores de bienes y servicios tendiente a “maximizar el valor agregado nacional”. La ley también establece que “las disposiciones del contrato deberán ajustarse a las condiciones comprendidas en las autorizaciones ambientales correspondientes”. Y agrega: “Ninguna de las disposiciones contractuales podrá considerarse que exima al titular del proyecto de MGP del cumplimiento de las condiciones comprendidas en las autorizaciones ambientales correspondientes”.
Sin embargo, en este caso, aún no están expedidas las autorizaciones ambientales, por lo tanto las disposiciones del contrato no pueden ajustarse a las condiciones establecidas por ellas. Consultado al respecto, Buonomo sostuvo que en el contrato se deja claramente establecido que todas las etapas previstas -desarrollo del proyecto minero, construcción del mineroducto y construcción de la terminal portuaria- requieren la autorización ambiental para ponerse en marcha. “[La empresa] no puede empezar a hacer nada sin tener la autorización ambiental”, remarcó. No obstante, señaló que en el contrato se incluye la posibilidad de dar autorizaciones ambientales parciales. En un cronograma tentativo, que según Buonomo no obliga a las partes y que está en un anexo del contrato, se prevé que la autorización ambiental a Aratirí para desarrollar su proyecto minero (la actividad de extracción) estaría lista en seis meses a partir de la firma del contrato, y que algunos meses después estaría pronta la autorización para la construcción del mineroducto de 212 kilómetros -que atravesará los departamentos de Durazno, Florida, Lavalleja, Treinta y Tres y Rocha- y para la construcción de la terminal portuaria.
“Lo que eventualmente puede pasar es que, una vez dada la autorización ambiental al proyecto minero, quede el trazado del mineroducto por aprobar”, explicó el asesor de Mujica. Aclaró que el cronograma “no obliga al gobierno a cumplir los plazos” en cuanto al otorgamiento de las autorizaciones. La empresa, en tanto, está obligada a cumplir los plazos previstos para la construcción y producción, o de lo contrario se le revocarán los permisos.
En cuanto a la terminal portuaria, una posibilidad es que Aratirí construya una subterminal en el puerto de aguas profundas que se proyecta en la costa de Rocha, pero si este último proyecto demora demasiado -podría empezar la construcción recién en 2015-, se autorizaría a Aratirí a desarrollar una terminal propia, informó Buonomo. El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, dijo el sábado a El País que está previsto que Aratirí pueda construir una “terminal chica dentro del diseño general del puerto, en el mismo lugar donde se instalará el puerto”, que será financiada por la empresa.
Sala de espera
La subsecretaria del ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Raquel Lejtreger, recordó que el proyecto de evaluación de impacto ambiental del proyecto de Aratirí lleva cerca de dos años. Dijo a la diaria que se continúa aguardando que la empresa proporcione información que se le solicitó sobre el trazado del mineroducto y sobre la terminal portuaria, luego de que el gobierno resolviera construir un único puerto en las costas de Rocha y canalizar por allí el transporte de los minerales.
Al CIADI no
La minera Aratirí pidió incorporar en el contrato, como mecanismo de solución de controversias, al Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Uruguay está inmerso actualmente en un pleito ante el CIADI con la tabacalera Philip Morris por su política de combate al tabaco. El gobierno se negó al pedido de la minera, y en cambio se introduce un mecanismo ad hoc para fallar en casos de controversia, con la participación de expertos extranjeros y en territorio uruguayo.
Lejtreger remarcó que la firma del contrato entre el Poder Ejecutivo y Aratirí “no implica por sí misma una aprobación ambiental” y consideró que las obras “deberían quedar sujetas a la aprobación ambiental en el propio contrato”. Por otra parte, la jerarca evaluó que una vez que Aratirí provea la información que le fue solicitada, no deberá hacerse un análisis demasiado prolongado, ya que el trazado del mineroducto se alteró levemente respecto del diseño original y la definición del área portuaria está “bastante acotada” por las coordenadas aprobadas para la ubicación del puerto de aguas profundas.
El viernes, tras el Consejo de Ministros, Cánepa afirmó que el contrato con Aratirí “no es el fin de nada” y que sólo “se definen condiciones de desarrollo de obra”. “Nadie está más preocupado que el presidente por tener todas las garantías aseguradas”, manifestó.
En el cronograma incorporado como anexo al contrato se prevé que en el segundo semestre de 2014 comiencen las obras del proyecto minero y a fines del año siguiente la producción.