El pedido presupuestal del Poder Ejecutivo ingresó al Parlamento junto con las propuestas de dos de los entes autónomos de la educación: la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (Udelar). La tercera entidad que tenía la posibilidad de entregar un proyecto diferente era la Universidad Tecnológica (Utec), pero a diferencia de las demás acompañará el mensaje del Poder Ejecutivo y acudirá a las instancias parlamentarias para intercambiar sobre algunos temas que podrían cubrirse por reasignación de recursos, si el Parlamento lo considera adecuado.
Al entregar la propuesta presupuestal de la ANEP ante el Parlamento, el presidente del Consejo Directivo Central, Robert Silva, aseguró que la solicitud está “acotada a la situación nacional”. Se sostiene la necesidad de mantener una línea de base de 76.607 millones de pesos anuales y un incremento de 3% “para atender las políticas de innovación y también los espacios nuevos, los edificios que requieren gastos en recursos humanos”, en referencia a las obras edilicias que se construyen mediante la participación público-privada (PPP).
Adelantó que es “una muy buena noticia” que el Poder Ejecutivo se vaya a hacer cargo de las PPP 1, 2 y 3, los tres contratos que ya están adjudicados, y detalló que la ANEP pidió recursos “para atender gastos de funcionarios y de funcionamiento” de estos nuevos centros educativos, aunque no mencionó el contrato conocido como PPP 4.
Hay varios artículos que componen el 3% de incremento que pide la ANEP. Para financiar los recursos humanos y de funcionamiento que implicarán los nuevos centros educativos construidos mediante PPP, la ANEP pide 5.920 millones de pesos en todo el quinquenio. También se pide un incremento de casi 500 millones de pesos anuales que saldrían de Rentas Generales para “regularizar los gastos permanentes realizados con cargo al Fondo de Inasistencias”, que corresponden a servicios personales. En otro artículo se solicita un aumento de 125 millones de pesos para 2021 (que terminan en 142 millones en 2024) para servicios personales de los Centros Educativos Asociados (CEA).
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Con destino a financiar nuevas políticas educativas, la ANEP pide 742 millones de pesos en el quinquenio. Según fundamentan, con ese monto “se pondrá en marcha un conjunto de políticas integradas y combinadas entre sí”; la principal será “una transformación curricular” centrada “en las características y capacidades de los estudiantes, en sintonía con la investigación educativa actual y con las demandas de la sociedad del siglo XXI”.
Además, entre las nuevas políticas educativas está “un conjunto de programas focalizados destinados a los estudiantes más vulnerables en lo educativo y lo social”, con propuestas en lengua, matemática, habilidades socioemocionales y el pensamiento científico. También se menciona “un cambio necesario en la gestión de los centros educativos con foco en la construcción de verdaderas comunidades profesionales”; una política de desarrollo profesional docente; cambios en el régimen estatutario y una propuesta de formación docente universitaria.
Asimismo, destacan que se incluyen obras nuevas o de ampliación en 30 centros educativos para extensión del tiempo pedagógico en enseñanza media, aunque los gastos de funcionamiento se solicitarán “en próximas instancias presupuestales”.
Este pedido, que fue votado por cuatro de los cinco consejeros –Juan Pérez, el representante de los docentes por la lista del PIT-CNT, votó en contra–, cuenta también con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, que semanas atrás dio “unánime apoyo” a la propuesta presupuestal de la ANEP.
En el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, la línea de base para la ANEP es muy similar a la que pide el ente público: 76.528 millones de pesos. En cuanto al 3% de incremento que pidió la ANEP, la propuesta del Poder Ejecutivo cumple en parte: no se otorgó el incremento necesario para los recursos que implican las obras de PPP; sobre las remuneraciones que se venían financiando con el Fondo de Inasistencias sólo se otorgó los 500 millones para 2021, pero no para el resto del quinquenio; se otorgaron 520 millones de los 742 millones que se pedían para las políticas de innovación educativas, mientras que para los CEA se presupuestan 500 millones de los 549 millones que pidió la ANEP.
Robert Silva descartó el “relato falaz de que se vienen recortes”
Al entregar la propuesta presupuestal de la ANEP ante el Parlamento, el presidente del Codicen, Robert Silva, aseguró que en un “presupuesto tan grande siempre se puede optimizar el uso de los recursos” y descartó el “relato falaz de que se vienen recortes”: “Lo vamos a demostrar en los hechos”, afirmó. Mencionó que la optimización de recursos podría darse “en suplencias, en la asignación de funciones”, y recordó que 91% del presupuesto de la ANEP “se va en salarios”.
Dijo que están “muy esperanzados” de lograr “algún recurso incremental”, y, en relación con la movilización de los sindicatos de la enseñanza en las afueras del Parlamento, dijo que “cuando haya que cambiar algo, vamos a recurrir al diálogo”. Enfatizó que “la sociedad pide cambios en la educación, respetando los derechos; diálogo y acuerdo, todo lo que sea necesario”.
Lineamientos estratégicos de la ANEP
En el planteo de sus lineamientos estratégicos para el quinquenio, la ANEP afirma que “se parte de la idea de que los principales problemas a los que se enfrenta la política educativa son, precisamente, la existencia de niveles de aprendizaje insuficientes para gran cantidad de estudiantes, y significativos signos de inequidad educativa”.
Con ese diagnóstico en la mira se proyectaron seis lineamientos estratégicos generales de la política educativa para el próximo período. En primer lugar, la ANEP apunta a “ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su formación, promoviendo aprendizajes de calidad”. En esa línea también plantea “reducir la inequidad interna del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con foco en los sectores de mayor vulnerabilidad educativa y social”.
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Otros de los lineamientos es “adecuar la propuesta curricular en todos los niveles educativos”; “fortalecer la gestión de los centros y promover comunidades integradas y de aprendizaje; “diseñar y establecer una política nacional docente que incluya la formación inicial, el desarrollo y la carrera profesional, así como las condiciones de trabajo”, y finalmente “transformar el diseño y la gestión institucional, profesionalizando los procesos y las funciones técnico-administrativa y de servicios”.
La ANEP aclara que se conciben estos lineamientos como “un todo integrado”, ya que “el desarrollo de cada uno necesita del desarrollo de los demás”, y por eso esas estrategias constituyen “una transformación verdaderamente integral de la educación del país”.
El presupuesto de la Universidad de la República
Por su parte, la Udelar envió al Parlamento el pedido presupuestal que había presentado el 31 de julio en el paraninfo universitario. El monto solicitado asciende a 18.614 millones de pesos de la línea de base y 856 millones de pesos de incremento para 2021, partida que aumenta gradualmente hasta llegar a 8.388 millones de pesos de aumento para 2024. Según la forma en que lo plantea la Udelar, se daría un crecimiento de aproximadamente 5% durante el primer año, 9% en el segundo, y 13% y 15% para los últimos dos años, respectivamente; al final del período el incremento representaría 49% del presupuesto anual actual.
Asimismo, destacan en su pedido que “la línea base que permite mantener los niveles de ejecución de la situación actual requiere contar con el 100% del presupuesto 2020 que fue aprobado por ley”, incluyendo el presupuesto para el Hospital de Clínicas.
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En el articulado la Udelar establece siete líneas programáticas: calidad académica, innovación e integración de conocimiento a nivel nacional e internacional; transformación y transparencia de la estructura institucional; generación de una Udelar inclusiva y efectivización de los derechos de las personas; inserción universitaria en el sistema integrado de salud; expansión y desarrollo de la Udelar en el territorio nacional; plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio universitario; y, por último, la adecuación del salario real universitario.
Como en otras oportunidades, la Udelar insiste en el pedido presupuestal en que se la exonere de los aportes patronales a la seguridad social como a las instituciones educativas privadas.
En la propuesta del Poder Ejecutivo se contempla un aumento de unos 350 millones de pesos en 2021 de la línea de base de la Udelar, que quedaría de 18.706 millones de pesos, pero no hay incrementos en el articulado, por lo que ese monto se mantiene para todo el quinquenio.
Consejeros docentes de ANEP: uno votó a favor y otro en contra
Pérez, electo por listas del PIT-CNT, asegura que habrá recortes en la ANEP y rebaja del salario real.
La propuesta presupuestal de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) fue aprobada con el voto de los tres representantes políticos en el Consejo Directivo Central (Codicen) y con el de Óscar Pedrozo, consejero electo por los docentes que integraba la lista independiente que encabezaba Robert Silva. El voto discorde fue el de Juan Francisco Pérez, consejero también en representación docente pero integrante de la lista del PIT-CNT, encabezada por Elizabeth Ivaldi.
En un comunicado divulgado este lunes, Pérez asegura que la propuesta no se elaboró “en función de las necesidades presupuestales reales del ente, sino atendiendo las recomendaciones del Poder Ejecutivo de ajuste fiscal”. Esto entiende, “traerá en forma inequívoca recortes en diferentes áreas presupuestales de la ANEP, lo que implicará el debilitamiento de algunas propuestas educativas” y, a su vez, “se prevé una rebaja del salario real en el quinquenio para todos los funcionarios del organismo”.
Respecto del proyecto educativo, Pérez considera que la propuesta de la ANEP “deberá desarrollarse en el marco que impone la aprobación de la Ley 19.889 (LUC), con la que presentamos total desacuerdo en su contenido y forma”, y de todas formas advierte que con el proyecto educativo también tiene discrepancias.
Por su parte, en una nota Pedrozo destacó algunas de las propuestas que presentó en el marco de la elaboración presupuestal, como “considerar a las diversas áreas del Codicen en tanto órgano coordinador” y establecer una política salarial “que atienda al 100% de la inflación e incrementación gradual que llegue a la canasta básica”, algo que, de todas formas, no fue incluido en el pedido presupuestal.
Primeras reacciones
El diputado del Frente Amplio Alejandro Sánchez fue de los primeros en manifestar su rechazo a la falta de aumento presupuestal para la Udelar:
No solo no se incrementa el presupuesto de la Udelar, sino que se recorta y también se restringe su autonomía financiera, derogando facultades antes asignadas. Esto último es además un maltrato, como si se hubieran ensañado. pic.twitter.com/JcAenGiN7K
— Alejandro Zavala (@AleZavala) September 1, 2020
Por su parte, el también diputado Alejandro Zavala aseguró que el presupuesto para la universidad pública no solo no se incrementa, sino que también “se restringe su autonomía financiera”:
Pasaba por acá a comentarles, que el presupuesto quinquenal se le otorga cero peso para la UDELAR!!! Además le quitan plata al hospital de clínicas.
— Alejandro Sánchez (@pachasanchez) September 1, 2020
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