Poco más de un año después de que la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) tomara la decisión de separar del cargo por “insubordinación” al exdirector del liceo IAVA Leonardo Ruidíaz, de retenerle durante seis meses la mitad de su salario y de iniciarle un sumario, finalmente hubo una resolución.
Según informó El Observador y confirmó la diaria a través del acceso al expediente, Secundaria decidió sancionar al exdirector del IAVA con 150 días de suspensión y también de pérdida de salario. Si bien la División Jurídica del subsistema había recomendado una sanción por diez días, “por mandato verbal” las autoridades de Secundaria -no se especifica quién o quiénes- derivaron el estudio del expediente a la asesora letrada de la DGES, la abogada Magdalena Ruiz. Ruiz fue quien sugirió la sanción que finalmente fue tomada por la subdirectora de Secundaria, Maris Montes, ya que la actuación de la directora general, Jenifer Cherro, fue recusada por la defensa de Ruidíaz.
“Surge claramente de los obrados que el director no pretendía cumplir la orden de la jerarquía, ya que frente al pedido de parte de las autoridades él responde dando otra alternativa a dicha orden. Asimismo, se demostró que no procedió con celeridad” y, debido a ello, se dieron situaciones que “pudieron haberse evitado”, sentenció Ruiz en el dictamen.
A pesar de haber considerado “los informes de excelencia del docente como atenuantes”, la abogada concluyó: “La falta cometida por el director Ruidíaz es una falta GRAVE, y se sugiere a las autoridades una sanción de 150 días a descuento de la preventiva sufrida”.
“Es un escándalo: pocas veces vi un escándalo así desde el punto de vista del manejo jurídico y político de una situación”, dijo a la diaria el secretario general de la Federación de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen.
Mandacen recordó que Cherro estaba “inhibida por prejuzgamiento público de la situación jurídica de Secundaria” y, aun así, “mandó a su asesora jurídica y pone esa sanción”; “es algo de muy poca transparencia y escandaloso”, esgrimió. Para el dirigente sindical, al tomar sólo este último informe, la DGES “desconoce a la División Jurídica” del organismo, a pesar de que entiende que su función es “orientar”.
El expediente de Ruidíaz consta de 332 folios. Para Mandacen, al leer el análisis en su totalidad “lo que queda muy claro es que hay un manejo muy desprolijo de toda la situación”. De hecho, aseguró que incluso la pena de diez días establecida por la División Jurídica ya la consideran “fuera de lugar, porque Ruidíaz no cometió irregularidad que amerite una sanción”.
Por otro lado, el secretario general de Fenapes enfatizó en que todo el proceso ha evidenciado “opacidad y desproporcionalidad”, sumado al “agravante político de que la rampa no existe”.
En este marco, Mandacen contó que desde el sindicato harán “una confrontación pública” con “las jerarquías de la educación” para “poner sobre la mesa que acá hay un escándalo con la sanción y con la situación del IAVA”. Asimismo, señaló que irán por “la vía jurídica de la recusación”, y están “estudiando la posibilidad de que Ruidíaz salga [a dar declaraciones] públicamente”.
El conflicto y la defensa
Los días en que la problemática escaló y desembocó en la investigación en cuestión fueron al cierre de marzo de 2023. El gremio estudiantil del IAVA se había declarado en paro activo luego de que las autoridades de Secundaria les dieran un plazo máximo para desalojar el salón gremial y allí poder construir una rampa.
Hubo protestas estudiantiles por la tenencia del salón gremial, denuncia de profesores sindicalizados que aseguraban que Ruidíaz fue “amenazado” por la inspección de la DGES para que le retirara al gremio estudiantil el espacio, una carta firmada por Cherro que solicitaba la desocupación del centro educativo por parte de estudiantes y docentes, aunque estos negaron que haya existido tal ocupación, y una investigación también a los docentes que estuvieron presentes ese día.
En el expediente, la defensa del exdirector alegó que el director se comprometió, en ese momento, a “realizar gestiones para compartir con los estudiantes” la necesidad de que pueda reubicarse el salón gremial, ante el pedido de desalojo de las autoridades de Secundaria. “De acuerdo al director, los estudiantes entienden que la propuesta de cambio del lugar del salón gremial es un atentado a la democracia, a la libertad, a la identidad y a la memoria. Entiende que después de más de diez años de uso de ese espacio, no es viable el desalojo del lugar, al menos en el corto plazo”.
Por esa razón, aseguró que Ruidíaz “propone dialogar con los estudiantes para que saquen la cadena y anuncia que pretender el desalojo del lugar va a tener graves consecuencias para el funcionamiento del liceo”, por lo que “declara que intenta resolver el conflicto de modo pacífico”.
El exdirector alegó directamente lo siguiente: “Yo la inviabilidad la planteé en el plano material. Yo no desacaté ninguna orden, sino que inicié un proceso de diálogo en conjunto con el equipo director, inspectivo y estudiantes. Pedí tiempo para materializar la acción. La orden oral la recibí la última semana de febrero y a través de un mail convoqué a los estudiantes al día siguiente de recibida”.
Las acusaciones
En uno de los folios, Washington Gómez, jefe de Jurídica de Secundaria, manifestó que “de las palabras expresadas en el acta y ratificadas con su propia firma el director liceal evidencia omisión y desconocimiento de las obligaciones, deberes y responsabilidades que conlleva su cargo, e insubordinación a sus jerarquías”.
En tanto, Ruben Ocampo y Richard Vaccaro, además de Gómez y la abogada Ruiz, analizaron la situación. Ocampo fue el instructor del sumario y aseguró que “el objetivo institucional no era dialogar con los estudiantes, sino la liberación del espacio que ocupa el llamado salón gremial para posteriormente iniciar las obras proyectadas”. En ese marco, concluyó que hubo una “inobservancia” del exdirector en cuanto a “las obligaciones y deberes inherentes al cargo”.
Vaccaro, también abogado de la División Jurídica, compartió el análisis llevado adelante por Ocampo, y agregó: “Puede admitirse que los estudiantes no lo comprendieran e incluso desconocieran la línea jerárquica, pero no el director, y está documentado que los apoyaba en su negativa”. A su vez, interpretó que el hecho de que Ruidíaz no haya tomado medidas “al menos con la celeridad debida” para que el salón gremial quedara libre puede verse “como una forma de oponerse a que lo resuelto por la autoridad se cumpla y es una forma de acompañar la decisión de los estudiantes explícita o implícita, pero en los hechos con el mismo resultado”.
A diferencia de Ocampo, que no concluyó una sanción específica, Vaccaro sugirió que se le aplique “una sanción consistente en una suspensión de diez días”, bajo la consideración también de la trayectoria de Ruidíaz como un atenuante.
Posteriormente, con fecha 14 de noviembre de 2023, el folio 237 da cuenta de que “por mandato verbal, tratado en reunión de Autoridades del día de la fecha”, lo analizado por la División Jurídica y las documentaciones correspondientes del proceso investigativo fueron enviadas a la asesora letrada de la DGES, la abogada Ruiz, “con carácter urgente”.
Y de acuerdo a la abogada, “el director no llevó a cabo las gestiones necesarias de diálogo con estudiantes para efectivizar la orden recibida. Por el contrario, se puso en contra de las autoridades apoyando la decisión de los estudiantes de no liberar el salón por razones políticas e históricas”.
Ante la decisión final de Secundaria, que tomó la sanción sugerida por Ruiz, la abogada del exdirector, Virginia Perciballi, manifestó: “El objeto de análisis fue modificado unilateralmente por la informante Ruiz que arriba a una conclusión diametralmente opuesta y absolutamente excesiva de conformidad con la prueba obrante”.