Cuando todavía enfrentamos las consecuencias de una pandemia que trastocó cada plano de la vida, y a poco más de un mes de que la invasión rusa en Ucrania sembrara el miedo de una posible tercera guerra mundial, Amnistía Internacional publicó esta semana su informe anual La situación de los derechos humanos en el mundo. Tal como adelanta el título, el documento busca dibujar un panorama sobre el estado de situación de los derechos humanos en 154 países durante 2021. En la extensa lista aparece el caso de Uruguay, que tiene un capítulo ampliado con información acerca de cuestiones como el pasado reciente, la libertad de expresión, la situación de las personas privadas de libertad y también las desigualdades de género.
Este último apartado se detiene en tres temáticas que afectan, en particular, a mujeres adultas, adolescentes y niñas: el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género y la división de las tareas de cuidados –un tema que se incorpora por primera vez en este estudio–. El documento analiza los avances y los desafíos registrados en cada una de estas categorías, a la vez que presenta recomendaciones para que incorpore el Estado uruguayo en sus políticas públicas.
“Lo que vemos es que si bien Uruguay ha avanzado en materia normativa y es un país que tiene cosas interesantes, el tema de las desigualdades de género empieza a tener algunas deudas estructurales”, puntualizó Lucía Pérez Chabaneau, socióloga y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay, a la diaria. En ese sentido, aseguró que persiste la “distancia entre la norma o la política pública y la traducción de eso en una ampliación de las garantías de derechos para las mujeres”.
Por otra parte, Pérez Chabaneau resaltó que la organización tuvo dificultades para acceder a los datos oficiales, al igual que sucedió el año anterior. “Hemos hecho varios pedidos de acceso a la información, sobre todo de datos de salud sexual y reproductiva, y hemos tenido muchas dificultades o respuestas incompletas, y eso es un problema, no solamente para hacer el informe de Amnistía sino para hacer diagnósticos, para diseñar, implementar y evaluar una política pública”, apuntó la socióloga.
Embarazos infantiles, una realidad “invisible”
Lo primero que plantea el estudio en materia de derechos sexuales y reproductivos tiene que ver con los embarazos en niñas y adolescentes de menos de 15 años, que sigue siendo “una problemática estructural e invisibilizada en Uruguay”, afirma el texto. Según los datos citados del Ministerio de Salud Pública (MSP), 60 niñas de menos de 15 años fueron madres en 2020 y 47 accedieron a procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Amnistía Internacional ha seguido el tema de cerca en los últimos años, sobre todo a partir de la campaña “Niñas, no madres”, que lanzó en 2016 para visibilizar el impacto que tienen los embarazos en las niñas y adolescentes. En ese marco es que la organización en Uruguay presentó en setiembre del año pasado el informe “Niñas, no madres: unir las piezas de la violencia sexual”, que, entre otras cosas, asegura que la mayoría de los embarazos infantiles no son intencionales y están vinculados a situaciones de violencia sexual.
El nuevo informe recupera esos datos concretos para dar cuenta de que es un fenómeno que se mantiene en el tiempo. “Si bien las cifras de nacimientos productos de embarazos en menores de 15 años se reducen en 2020 en relación con 2019, las interrupciones voluntarias del embarazo [IVE] en la misma franja etaria aumentan; entonces cuando uno pasa raya de lo que es el hecho obstétrico en sí mismo, no dista mucho un año del otro”, explicó Pérez Chabaneau.
Para la socióloga, si se comparan los números, “parece que no fueran tantos casos”, pero lo que se busca visibilizar “desde una perspectiva de derechos humanos” es “el impacto que tiene en la vida de esas niñas y en toda su trayectoria vital”. “Nos preocupa que, por lo cuantitativo, este tema quede invisibilizado o no termine de cobrar la relevancia que debería en la respuesta pública”, agregó.
A esta situación, se suma que la falta de difusión sobre el funcionamiento de los servicios de salud durante la pandemia “pudo suponer un obstáculo al momento de acceso a consultas médicas y a los distintos métodos de anticoncepción”, asegura el informe, con base en una encuesta de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), publicada a mediados de 2021.
Aborto: lo que falta
Unos párrafos aparte merece la ley de IVE que, a pocos meses de que se cumpla una década de su aprobación, ha enfrentado “propuestas, declaraciones y otros hechos que amenazan con la obstaculización de su acceso y funcionamiento”, detalla Amnistía Internacional. La organización afirma que, pese a los avances, Uruguay “se encuentra lejos en términos de asegurar la universalidad [del acceso], la calidad de la atención, el acceso a la información y sistematización de la misma, además de su evaluación”.
En esa línea, señala que “existen problemas en el funcionamiento del proceso de IVE que enmarca la ley y se han agudizado las barreras desde la declaración de la emergencia sanitaria”. Sobre este punto, la organización cita un informe de MYSU que consigna que en 2021 “tanto usuarias como organizaciones sociales han declarado diversas irregularidades y demoras, a veces innecesarias, en los distintos niveles del proceso” de IVE.
Además, “sigue sin existir una campaña de comunicación para informar sobre los servicios de IVE por parte de los sistemas de salud” y “se perciben dificultades en el relevamiento y sistematización de la información”, puntualiza el trabajo de Amnistía Internacional.
Por otro lado, la objeción de conciencia continúa siendo una barrera para acceder a un aborto en muchos puntos del país. “La falta de información oficial acerca de la cantidad y distribución de médicos objetores a la implementación de IVE y las altas tasas de objeción significan una limitación a su acceso”, expresa el informe. Según datos de 2019 que relevó MYSU en otro informe, hay 31% de servicios de los que no se cuenta con datos sobre los médicos objetores de conciencia. De un total de 81 servicios en los que sí se cuenta con la información, sólo 35 tienen menos de 50% de profesionales objetores.
El informe también destaca las “declaraciones y propuestas realizadas por distintas autoridades públicas, vinculadas a modificaciones e inferencias en la implementación, que van en detrimento de las condiciones propuestas por la ley de IVE y la garantía hacia los derechos de las mujeres”, como denunciaron organizaciones y feministas autoconvocadas el año pasado.
“Son algunos elementos o señales que nos plantean una alerta y una vigilancia específica en estos puntos”, puntualizó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay.
Una respuesta que no alcanza
La evaluación que hace la organización en torno a la lucha contra la violencia basada en género en nuestro país tiene distintas aristas, aunque podría resumirse en que la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente. El informe asegura que esto es “alarmante”, sobre todo si se considera que en 2021 hubo un aumento de femicidios y de denuncias recibidas por el Ministerio del Interior, en comparación con el año anterior, y que la situación “se ve agravada por la ausencia de presupuesto para la aplicación de la ley de violencia basada en género”.
El estudio recuerda que, a lo largo del año, “distintas organizaciones han denunciado tanto omisiones como retrocesos en la lucha contra violencia de género y en detrimento de la Ley 19.580”. Entre ellos, el lento proceso de instalación de los tres juzgados especializados en violencia de género en el interior del país contemplados en el Presupuesto Nacional. De hecho, más de un año después de aprobado el presupuesto, sólo se ha instalado uno, el de San Carlos (Maldonado), que fue inaugurado en febrero pasado. La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, dijo el mes pasado a la diaria que se espera que los otros dos, que funcionarán en Rivera y Salto, queden inaugurados durante el primer semestre del año.
Por otro lado, Amnistía Internacional señala que, según las organizaciones, hay una falta de subsidios de alquiler para mujeres que se encuentran en proceso de salida de situaciones de violencia de género, y que cambios en el procesamiento de las denuncias en seccionales policiales por casos de violencia de género “podrían generar un subregistro”. Esto último significaría que, “para los casos en los cuales sea verificada la existencia de denuncias previas sobre el demandado, se registrarían como ampliación de la denuncia anterior, y no sumaría a la cifra de denuncias”.
Pese a este panorama difícil, se destacan algunas respuestas de Inmujeres en el último año, como la ampliación del horario de atención de la línea telefónica 0800 4141 y el aumento de las horas en los 33 servicios de atención que tiene desplegados en todo el país.
Desigualdad en los cuidados
El último punto del apartado está dedicado a las desigualdades de género en el uso del tiempo y los cuidados, que se agravaron por las medidas de confinamiento adoptadas para enfrentar la pandemia. La crisis sanitaria “agravó situaciones de violencia intrafamiliar” y “profundiza la precariedad de cuidadoras no remuneradas y trabajadoras sin protección social”, entre otras problemáticas.
El documento asegura que, pese a que en 2021 las medidas de restricción fueron menores, “continúan existiendo contextos que agudizan las desigualdades sobre la división sexual del trabajo”. A modo de ejemplo, plantea que la principal persona que apoya a niñas, niños y adolescentes en las tareas escolares o del liceo es la madre, que destina aproximadamente un cuarto más de su tiempo que su par masculino, de acuerdo con la segunda Encuesta sobre Niñez, uso del tiempo y género en el marco de la emergencia sanitaria (2021), impulsada por ONU Mujeres, Unicef y Opción Consultores.
Esa encuesta muestra, además, que mientras que para ambos géneros aumentó la cantidad de horas diarias dentro de los hogares, “esta carga se encuentra mayormente recostada sobre las mujeres”. También revela que una de cada tres mujeres que realizó cambios en sus contextos laborales considera que lo hizo por labores de cuidados o domésticos, mientras que, para el caso de los hombres, es uno de cada seis. Por otro lado, casi una de cada cinco personas que declaró dedicarse a tareas del hogar las considera un obstáculo para trabajar o buscar trabajo, y la gran mayoría de estas personas son mujeres.
Recomendaciones
Planteado el panorama, Amnistía Internacional presenta recomendaciones para que el Estado uruguayo incorpore a su agenda. En primer lugar, exhorta a “no tomar medidas que repercutan en el legítimo derecho de las niñas, niños y adolescentes de acceder a una educación sexual integral” e insta a las autoridades a “seguir tomando las medidas necesarias para eliminar el embarazo y la maternidad infantiles”.
Al mismo tiempo, llama a garantizar la “efectiva implementación” de la ley de IVE en todo el país, “mediante la adecuada dotación de recursos materiales y humanos en todos los centros de salud del territorio uruguayo”.
Frente al aumento de la violencia hacia las mujeres, la organización vuelve a exigir la asignación del presupuesto necesario para la implementación efectiva de las medidas contenidas en la Ley Nº 19.580, “especialmente en lo relativo a brindar asesoramiento, refugio y asistencia a las víctimas; así como investigar exhaustivamente la violencia basada en género contra las mujeres y niñas, y poner a disposición de la Justicia a los responsables”.
Finalmente, exhorta a las autoridades uruguayas a “fortalecer el aparato institucional del sistema de cuidados buscando garantizar el desarrollo de una vida digna a personas en situación de dependencia, mejorando el acceso, la atención y los servicios según sus necesidades y capacidades”. Pérez Chabaneau agrega, en ese sentido, que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados es un recurso importante para dar respuesta, pero que “está lejos de agotar las posibilidades y que, como política pública, requiere de recursos específicos y de un pienso hacia una proyección de expansión y de ampliación del ámbito de cobertura”.