Una serie de denuncias de violencia sexual que se hicieron mediáticas en los primeros meses de este año contribuyeron a visibilizar la dimensión y la gravedad que tiene la problemática en Uruguay. Entre otras cosas, el movimiento feminista se organizó para denunciar la “cultura de la violación” y la magnitud del fenómeno dejó en evidencia que las fiscalías especializadas en delitos sexuales no cuentan con los recursos suficientes o directamente están saturadas.
En estos días, el trabajo de estas fiscalías volvió a estar bajo la lupa después de que la Intersocial Feminista denunció que el fiscal especializado en Delitos Sexuales de 4° turno, Raúl Iglesias, archivó alrededor de 300 casos a pocos días de asumir el cargo, que antes lideraba Sylvia Lovesio. De hecho, Fiscalía explicó que Lovesio pasaba a conducir la fiscalía de 2º turno, con enfoque en violencia doméstica, debido al “desgaste que implica atender los casos de delitos sexuales”, ya que hay una carga de trabajo “notoriamente diferencial”. En ese sentido, señaló que la fiscalía de 2º turno atiende hoy unos 50 casos, mientras que la de 4º turno acumula cerca de 900.
En este marco, las imputaciones por delitos sexuales aumentaron 55% en el primer trimestre de 2022, en comparación con las cifras del mismo período de 2021, según información del Departamento de Políticas Públicas de Fiscalía que obtuvo la diaria en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.
Así, de enero a marzo de este año se realizaron 159 imputaciones, mientras que en el mismo período de 2021 fueron 102. De esas 159 personas imputadas, 77 tuvieron condena, es decir, casi la mitad (48%). El resto fueron formalizadas mientras continúa la investigación (65) o están en la etapa del juicio oral (17).
Si se analizan los datos según el tipo de delito, surge que los delitos sexuales que históricamente son los más denunciados, el abuso sexual y el abuso sexual agravado, son también los que implican el mayor número de imputaciones: 60% del total. Un dato que se destaca en particular es que la cifra de imputaciones por abuso sexual agravado se triplicó en el primer trimestre de 2022, comparada con el mismo período del año pasado: pasó de 14 en 2021 a 44 en 2022.
En tanto, la cifra de abuso sexual pasó de 43 imputaciones en los primeros tres meses de 2021 a 55 en el mismo período de este año. También se triplicó el número de imputaciones por violación, al pasar de cinco en el primer trimestre de 2021 a 16 en el de este año.
El resto de las imputaciones de este primer tramo de 2022 son por atentado violento al pudor (22); retribución o promesa de retribución a niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad (14); pornografía infantil, comercio y difusión de material pornográfico (6); abuso sexual sin contacto corporal (3) y contribución a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad (2). A diferencia del año pasado, de enero a marzo de 2022 no hubo imputaciones vinculadas a casos de trata de personas.
Los datos confirman otra tendencia histórica, que es que los principales victimarios son varones y la mayoría de las víctimas son mujeres. En esa línea, la información de Fiscalía señala que 156 de los 159 imputados en el primer trimestre de 2022 son varones. Por otra parte, detalla que del total de víctimas identificadas en denuncias en las que se imputó un delito sexual como delito más grave, 275 son mujeres y 61 son varones.
Hoy en día, existen ocho fiscalías especializadas en Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, de las cuales cuatro se dedican a casos de violencia doméstica y otras cuatro a delitos sexuales. La octava, enfocada en delitos sexuales, fue creada en setiembre de 2021. Con la excepción de esta última, que tiene a cargo unos 200 casos, las otras tres fiscalías están desbordadas. Según supo la diaria, la de 5° turno tiene a estudio unos 1.200 casos y no toma nuevos desde setiembre, mientras que la de 6° turno tiene alrededor de 1.000 y la de 4º turno –como se mencionó antes– cerca de 900.
- Leé más sobre esto: Las condenas por abuso sexual en Uruguay aumentaron 49% de 2020 a 2021