El miércoles pasado el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Suinau) realizó un paro general parcial con movilización en apoyo a dos funcionarias que denunciaron situaciones de acoso sexual y, en respuesta, fueron sancionadas a través de un sumario administrativo. Durante la concentración, que tuvo lugar frente a las oficinas centrales del INAU en Ciudad Vieja, trabajadoras y trabajadores denunciaron “violencia institucional basada en género” y entregaron a las autoridades una nota con el pedido de que se revoquen las sanciones.
Las funcionarias sumariadas trabajan en el único proyecto de INAU que atiende a niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual y trata, que funciona en Montevideo. Una de ellas, directora del servicio, está a la espera de que el directorio del organismo defina qué sanción le aplicará. La otra trabajadora, en cambio, fue sancionada a principios de este mes con separación del cargo por seis meses y retención de los haberes.
En diálogo con la diaria, esta última explicó que denunció acoso sexual por parte de un funcionario con el que trabajó durante un año, mientras que la directora lo hizo porque “visualizó” esa situación y entendió que “corría riesgo” la atención a las niñas, niños y adolescentes. La División Jurídica de INAU sancionó a la primera por entender que hizo una denuncia falsa y a la segunda por considerar que, al hacer la denuncia ante la Comisión de Acoso Sexual y Laboral de INAU, no utilizó los mecanismos institucionales que correspondían.
En ese sentido, la trabajadora sancionada especificó que la violencia institucional a la que alude el sindicato es “en función de que la institución nos castiga por hacer una denuncia de acoso” y “no por los hechos concretos que nos llevaron a hacer la denuncia, que fue lo que pasó con este funcionario”.
El vicepresidente de INAU, Aldo Velázquez, señaló a la diaria que el directorio volverá a considerar el asunto y agregó que, “si corresponde”, podría analizar “si disminuir la sanción o no”.
Sin embargo, para la trabajadora –que prefirió preservar su identidad–, el sindicato mantiene la posición de que “no corresponde ni un sumario ni una sanción”. “No estamos diciendo que nos están castigando mucho”, reforzó la mujer. “El objetivo es dar el mensaje de que tenemos respaldo para denunciar y que tenemos una institución que nos ofrece las garantías necesarias para denunciar. Si nos quedamos sólo en esto, seguimos en la misma, seguimos corriendo el riesgo de ser sancionadas por hacer una denuncia”, agregó.
Por otro lado, dijo que si el funcionario denunciado “pasó por otros proyectos con la misma modalidad, no es casual que cuando llega a un proyecto de este tipo [que atiende a víctimas de violencia sexual] se visualicen cosas que antes no se visualizaban. Sin embargo, eso se interpreta al revés: en lugar de decir ‘legitimemos lo que están diciendo estas personas que tienen más herramientas para interpretar lo que está pasando’, dicen ‘están haciendo una denuncia falsa’”.
Más allá de un panorama institucional que describió como “complejo” y “tortuoso”, la mujer afirmó que “hay algo de lo terrible que se puede llegar a rescatar” y es “la potencia asociada a la posibilidad de resistir estando juntas y creyendo en nuestro relato”.
El pedido por una Unidad de Género
En la nota presentada la semana pasada ante las autoridades, el Suinau también reclamó la “imperiosa creación de la Unidad de Género del INAU”, tal como lo exige la Ley 19.846, promulgada en 2019. La trabajadora señaló que esta es una necesidad “urgente” y recordó que INAU es “de las pocas o la única institución pública que no tiene unidad de género todavía”.
En febrero de 2023, Velázquez, que integra Cabildo Abierto, admitió que INAU es efectivamente “el único organismo que no tiene Unidad de Género” y explicó: “La tenemos creada pero no se ha puesto en funcionamiento porque cada vez que me traen un reglamento para esa unidad viene con ideología atrás y yo lo reboto”.
Las declaraciones las hizo en el marco de la presentación del libro El verdugo de la infancia: la ideología de género, de Marta Varela Gallinal, donde también se manifestó contrario a la educación sexual en las escuelas y destacó la responsabilidad de INAU de “frenar” lo que describió como “cosas que son una locura”.
La denuncia
La trabajadora presentó la denuncia en marzo de 2021 ante la Comisión de Acoso Sexual y Laboral de INAU, que inició el proceso protocolar con entrevistas a la denunciante, al denunciado y a otras funcionarias que integran el mismo equipo de trabajo. Ella relató que estaba pasando por una situación angustiante e incómoda en su espacio laboral, que empezaba a afectar su trabajo con las adolescentes, y que por eso hacía uso de esa herramienta institucional. Un poco después, la directora del proyecto presentó una nota apoyando esta denuncia y compartiendo sus inquietudes respecto de que el funcionario señalado continuara en su cargo.
En ese entonces, la comisión definió que existían elementos que podían configurar acoso sexual y sugirió que el funcionario fuera trasladado a otra área. A la vez, realizó sugerencias a la División Jurídica de INAU, que decidió iniciar una investigación y abrirle un sumario al funcionario. Finalmente, en esa instancia se determinó que no existían elementos para asegurar que hubo acoso y, en un giro inesperado, en vez de archivar la denuncia, se les abrió un sumario a las dos funcionarias.
En ese punto, a ella le atribuyeron haber hecho una denuncia falsa y a la directora no haber seguido el protocolo institucional de investigación, que “tenía que desplegar ciertas cuestiones y ella no lo hizo, sino que presentó la denuncia en la comisión de acoso”, explicó.
De acuerdo con lo que citó la funcionaria a la diaria, el informe del sumario señala que ella actuó “denunciando con ligereza” y “con malicia”, y califica la conducta como una “falta grave” por “realizar una denuncia infundada contra un funcionario, con abuso de derecho”. El documento también afirma que la mujer realizó una “puesta en escena” ante sus compañeras de trabajo “para que creyeran que era objeto de acoso sexual laboral, hecho que quedó demostrado que no ocurrió”.
En diciembre de 2022, fue informada de que le habían dispuesto medidas cautelares, la separación del cargo y la retención de 50% de los haberes durante tres meses. Frente a esto, ella presentó un recurso para que se reviera la decisión, en el entendido de que la sanción era “extremísima”.
Gracias a la intervención del sindicato, fue reintegrada un mes antes de lo que fijaba la sanción, “reconociendo que la sanción preventiva no era acorde ni necesaria para la situación”. Pero el sumario administrativo continuó y derivó en la sanción que le informaron este mes. Su abogada volvió a presentar un recurso la semana pasada.