La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, inicialmente a cargo del fiscal Ricardo Lackner y actualmente a cargo de la fiscal Silvia Porteiro, investiga la fuga del narcotraficante italiano Rocco Morabito. En paralelo, Lackner abrió otra línea de investigación penal para vincular esta fuga con las visitas conyugales que el narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia tenía un piso más arriba de la cárcel en la que estaba alojado Morabito, ya que se cruzaron dentro de la unidad.
El senador del Frente Amplio Charles Carrera recibió una denuncia de parte de un policía, que prefirió no ser identificado por razones de seguridad, en la que se plantea que, en el marco de la investigación asociada a los traslados del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia a Cárcel Central, se le avisó a actuales jerarquías policiales que se iban a interceptar sus teléfonos, por lo que evitaran tener comunicaciones que los pudieran comprometer. Esta denuncia fue difundida por el periodista Gabriel Pereyra en Informativo Sarandí, que recibió la misma información.
Carrera consultó al denunciante si había trasladado su denuncia a Fiscalía, a lo que respondió que “no” por “temor a quedar expuesto” y por “desconfianza”. Por eso, el senador presentó el jueves pasado ante la Fiscalía los datos que se aportan en la denuncia. La fiscal Silvia Porteiro, actual titular de la Fiscalía, recepcionó este aporte.
En la denuncia, a la que también accedió la diaria, se plantea que las actuales autoridades del Ministerio del Interior “filtraron” información de Asuntos Internos y le advirtieron a César Tourn que su teléfono iba a ser intervenido, de forma que cuide sus conversaciones para no “comprometer” a la actual gestión y “no quedar involucrado” en la investigación de Fiscalía.
Fuentes de la investigación plantearon a la diaria que la denuncia que se presentó tiene “claras similitudes” con presuntas irregularidades constatadas en el caso.
Los teléfonos intervenidos
Según señala la denuncia, en noviembre de 2021 se realizó un informe en Asuntos Internos, del que aporta el número, en el que “se informó a la comisaria María De Los Ángeles Fagúndez, por quien lo confeccionó, el Comisario Alejandro Francolino, la identificación de personas en base a sus números de teléfono celular” a raíz de la investigación asociada a los traslados de González Valencia.
Se intervinieron los teléfonos de varios policías: de Martín Villagrán, Pablo Lima, Alen Irazoqui, Winston Barrera, del exdirector de la Guardia Republicana Alfredo Clavijo y de Cesar Tourn, actual director de la Guardia Republicana.
En la denuncia se aporta el número de teléfono de Tourn y se indica que: “Casi al unísono, los jerarcas de Asuntos Internos filtraron la información, advirtiendo a dicho director nacional, César Tourn, que posiblemente se intervendrían las comunicaciones de ciertos teléfonos celulares [lo cual finalmente sucedió] y que evitara recibir o comunicarse con dichas personas, para no verse involucrado en la investigación de Fiscalía”.
En este sentido, se indica que se le notificó al director de la Guardia Republicana que se iba a intervenir su teléfono para no “comprometer” a la actual gestión, ya que “es una persona de confianza de los actuales mandos políticos” y “la intención” de la “cúpula” del Ministerio del Interior era “filtrar información a través de la prensa para perjudicar a la anterior gestión”.
Se expresa que por eso se “advirtió” a Tourn y, según consta en la denuncia, a esta información también tuvieron acceso el director de Asuntos Internos, Héctor Martínez, el subdirector Edgardo Núñez, y Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior.
No es la primera vez que las comunicaciones de Tourn se hacen públicas. El director de la Guardia Republicana figura en los chats con Alejandro Astesiano. Según se constató en las conversaciones a las que accedió la diaria, dispuso policías para pedidos personales de Astesiano y respondía a los pedidos del exjefe de la custodia presidencial y enviaba fotos o audios como prueba del cumplimiento.
Los traslados de González Valencia y el vínculo con Morabito
González Valencia fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína. El narcotraficante mexicano vivió años en Uruguay, en Punta del Este, hasta que fue detenido en abril de 2016. Tras cumplir una pena por lavado de activos, único delito por el que fue condenado en Uruguay, pasó a ser un preso administrativo a la espera de su extradición, que finalmente ocurrió en mayo de 2020, y siguió a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Inicialmente fue privado de libertad en el Comcar. Pero, por razones de seguridad, pasó a cumplir su reclusión en la sede de la Guardia Republicana en 2018, bajo la gestión del INR, tal como los represores de la dictadura que están presos allí pero dependen de su cárcel de origen: la Unidad 8 Domingo Arena.
La decisión de que el narcotraficante estuviera preso en la sede de la Guardia Republicana fue dispuesta en una resolución firmada por el exdirector del INR, Gonzalo Larrosa, quien renunció a su cargo tras mentir sobre la muerte de un preso que fue asesinado por un policía, luego volvió a la gestión en este gobierno y renunció como jefe de Policía de Flores cuando esta investigación volvió a la palestra y luego de admitir que hacía traslados de presos a pedido de Susana Pereyra, diputada del Frente Amplio y pareja del exministro del Interior fallecido Eduardo Bonomi. Larrosa actualmente es gerente de seguridad de la Administración de Servicios de Salud del Estado, cargo que fue creado recientemente.
González Valencia hizo varios reclamos para tener visitas conyugales en un espacio con condiciones aptas, ya que estaba en un contenedor en el que se escuchaban los ruidos desde afuera. Su solicitud fue considerada y las visitas conyugales fueron asignadas a su unidad de origen: el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación (CIDD) que en aquel momento funcionaba dentro de Cárcel Central, lo que implicaba que la Guardia Republicana debía trasladarlo.
Los traslados para recibir visitas conyugales de González Valencia fueron autorizadas un año antes de que Morabito, que también vivía en Punta del Este y sobre quien pesaba una captura internacional, fuera detenido por tres delitos de falsificación de cédula de identidad y de pasaportes en reiteración real con un delito continuado de falsificación ideológica. Después, pasó su reclusión como preso administrativo de cara a su extradición. Inicialmente estuvo preso en el Penal de Libertad y fue trasladado a la Cárcel Central. En junio de 2019 se fugó, fue recapturado en Brasil en mayo de 2021 y extraditado a Italia en julio de 2022. González Valencia fue detenido un año y medio antes que Morabito.
Según la investigación administrativa realizada por el Ministerio del Interior, se determinó que en la fuga de Morabito hubo irregularidades dentro de Cárcel Central, lo que llevó a que cuatro policías sean dados de baja por “faltas muy graves”. Uno de ellos era Klismmam Ramos, jefe de reclusión de esa cárcel y cuando fue dado de baja en marzo de este año era subdirector operativo de la Unidad 7 Canelones. El día de la fuga llegó dos horas y media tarde, y no hizo los conteos de presos del piso en el que estaba Morabito, que eran su responsabilidad, por lo que no se advirtió que el narcotraficante se había fugado hasta el siguiente conteo, que fue varias horas después. Aunque su baja se hizo pública, y dejó su lugar de trabajo, no recibió una notificación oficial de baja, por lo que hizo uso de su licencia y actualmente está esperando una orden.