Un mes y un día pasó desde el viernes 5 de mayo. Ese día, por la mañana, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le avisó al senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, que le pediría la renuncia a la entonces titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Irene Moreira, luego de que radio Universal informara sobre la adjudicación de una vivienda bajo la modalidad de alquiler con opción a compra a una militante de CA de forma aparentemente discrecional y sin pasar por sorteo.
Parecía ser el hecho que terminaría por romper la tensa relación entre CA y el resto de la coalición de gobierno, encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou. Más cuando al mediodía Cabildo convocó a una conferencia de prensa para presentar la resolución del MVOT que, según el partido, ampara el accionar de Moreira y llamar al mandatario a que retire su pedido de renuncia. Entre idas y vueltas, ese viernes 5 de mayo terminó con la renuncia de la ministra, que anunció su vuelta al Senado. Quien ocupaba su banca como suplente, Raúl Lozano, pasó a ser ministro y CA finalmente no abandonó la coalición a pesar de las duras críticas que tuvo para con Lacalle. La situación, con el tiempo, dejó de tener peso en la agenda.
Este martes, sin embargo, tendrá otro capítulo, cuando una delegación del MVOT integrada por Lozano, el subsecretario, Tabaré Hackenbruch y el titular de la Dirección Nacional de Vivienda, Jorge Ceretta, concurran a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores para informar sobre las averiguaciones que han hecho en las últimas cuatro semanas.
Según informó El País y confirmó la diaria con fuentes ministeriales, en estos años hubo 14 solicitudes de este tipo de excepciones que salieron de la secretaría de la ministra y que están siendo estudiadas. Entre estas 14, se encuentra la excepción entregada a la militante de CA, las otras cuatro que llevó la propia Moreira a Torre Ejecutiva cuando fue convocada a una reunión con el mandatario y el secretario de Presidencia -entre las que se encuentra una vivienda otorgada a su exempleada, en Belvedere- y otras dos informadas por El País y Universal. En resumen, eran siete los casos que se conocían de antemano, y durante su comparecencia, las autoridades del MVOT informarán sobre siete casos más.
Según detallaron las fuentes a la diaria, Lozano explicará el proceso por el cual se realizan estas excepciones y detallará el estado de cada uno de estos pedidos: cuatro tienen permiso de ingreso, pero hay sólo dos adjudicadas, además del caso que disparó todo, que está en stand by mientras es “estudiado”.
Asimismo, el área jurídica de la Dirección General de Secretaría se encuentra realizando una investigación interna que les dará la pauta de las consecuencias que pueda o no tener el accionar de Moreira. Por el momento, las autoridades del MVOT esperan con cautela esta resolución.
El FA espera saber “qué es lo que piensa hacer con esas viviendas”
“Lo primero a saber es qué entiende el ministro en torno a la cuestión normativa”, señaló en diálogo con la diaria el senador del Frente Amplio (FA) Sebastián Sabini, integrante de la Comisión que recibirá a las autoridades. “Si el ministro entiende que hay un cupo directo que lo puede adjudicar a diferentes solicitudes que entren al MVOT, cuántos casos hay; queremos saber dónde están ubicadas esas otras viviendas y cómo fueron también adjudicadas, bajo qué rótulo normativo”, agregó.
Asimismo, exigirá que se provea “la información que pedimos a través de un pedido de acceso a la información pública”; en caso de que Lozano entienda “que esas adjudicaciones fueron de carácter ilegal”, saber “qué es lo que piensa hacer con esas viviendas, si las personas que fueron perjudicadas van a ser resarcidas”, agregó con referencia a quienes se habían anotado para el sorteo y no accedieron a la vivienda como consecuencia de estas adjudicaciones directas.
Consultado por la presencia de Moreira en la Comisión, entendió que “sin duda es una situación extraña”, pero que, sin embargo, “hasta ahora no ha comparecido en la comisión”. “Más allá de la presencia o no”, existe, según Sabini, “una cuestión que es institucional que tiene que ver con las políticas y las decisiones que toma el ministerio”. “Si bien la ministra dijo que no miraba el color político, casualmente [las adjudicaciones] son de Cabildo Abierto”, sentenció.