Luego de que se supiera que se le adjudicó a la exempleada doméstica de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, una vivienda de forma directa, senadores del Frente Amplio (FA) realizaron un pedido de informes y una solicitud de acceso a la información pública para tener detalles de los restantes casos en los que se adjudicaron viviendas sin pasar por sorteo. Estos casos se dieron en la gestión de la cabildante, que finalmente renunció a su puesto luego de que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se lo pidiera.

La razón por la que tomaron estos dos caminos es porque el Poder Ejecutivo “no contesta 60% de los pedidos de informes que realiza la Cámara de Senadores”, señaló el senador Charles Carrera.

En una rueda de prensa Carrera expresó que quieren acceder a la información y evaluarla porque “todo indica que el accionar de la ministra fue ilegal”. “Si hubiera sido de otra manera, el presidente no la hubiese destituido”, opinó, y no descartó que el FA lleve adelante acciones contra la ahora exministra.

Para Carrera, es “importante” acceder a estos documentos de adjudicaciones directas en las que “invocan normas que son inexistentes”. En ese sentido, señaló que las personas que se postularon al sorteo por alguna vivienda “tienen el derecho de promover recursos administrativos para solicitar la nulidad”.

“Se comprueba que hay un accionar de la ministra por el cual en algunos casos prometió vivienda”, indicó, y agregó que, según informó radio Universal, hubo una persona a la que se le dio una vivienda y luego devolvió la llave al enterarse de que “debía pagarla”. “Hay un accionar muy desprolijo”, agregó.

Por último, señaló que el novel ministro Raúl Lozano “debería hacer una auditoría para saber cuál es el estado de situación, para a partir de allí tomar decisiones acorde a derecho”.

Según el frenteamplista, en los casos de las viviendas que no fueron adjudicadas debería revocarse el acto administrativo por ser ilegítimo. “Esa vivienda debe ir a sorteo”, sostuvo, en alusión al edificio de la calle Nueva York, donde tiene su vivienda Mónica Píriz, la militante cabildante. “En ese edificio hay un conjunto de familias que tienen derecho a exigir que ese cupo, de ese apartamento, vuelva a ser sorteado”, concluyó.

“Situaciones excepcionales”

Moreira llevó a la reunión en la Torre Ejecutiva con el mandatario y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, un documento que contiene una lista de adjudicaciones hechas con base en las “reservas de cupos” en “situaciones excepcionales”.

Además de la adjudicación a la militante del partido, se supo que una mujer a cargo de un menor de siete años accedió a una vivienda en las calles Vitoria y Timote, en el barrio Belvedere. Se trata de una empleada doméstica que trabajó para Moreira entre 2013 y 2014, según informó este miércoles El País. El matutino agrega que en la historia laboral de la mujer en el Banco de Previsión Social figura que también trabajó entre 2010 y 2013 para la Agrupación Nacional Herrerismo del Partido Nacional.

De acuerdo a El País, el informe que entregó Moreira describe que la vivienda a la que accedieron su exempleada y su pareja consta de dos dormitorios, y sobre la situación familiar apunta: “Hogar nuclear con un menor de siete años a cargo. Ingresos totales 45.300 pesos. No presentan incumplimiento en Clearing”.

A pedido de Moreira, otra mujer también fue adjudicataria de una casa de tres cuartos en la zona de Burgues y Aparicio Saravia; en este caso, era una jefa de hogar con dos hijos adolescentes y pudo comprobarse que la mujer sufría violencia de género. Otra vivienda fue entregada a un hombre con un hijo de 23 años en la calle José Cabrera y, por último, una mujer de Rivera recibió una vivienda de cuatro dormitorios.