El ministro del Interior, Carlos Negro, considera que el anuncio de la utilización de los vehículos militares fue recibido por la población “con tranquilidad” y “no con miedo”. “En un marco de violencia como existe hoy en el país y en toda la región, con el nivel de proliferación de armas de fuego que tiene Uruguay, incluso mayor que la de muchos países de la región, ¿quién va a ver mal que se proteja a la Policía cuando llega a determinados lugares?”, destacó en entrevista con la diaria.
El jerarca aseguró que los RPZ Cóndor que llegaron a Montevideo se están acondicionando y van a ser utilizados por la Policía, aunque reconoció que lo ideal es contar con vehículos policiales. En paralelo, rechazó el proyecto de ley del senador colorado Andrés Ojeda porque propone “la participación de militares en operativos policiales” y eso es algo con lo que no está de acuerdo.
También habló del aumento de homicidios y de heridos por disparos que se estiman en el último trimestre, de los recursos previstos en la Rendición de Cuentas y de las medidas que están desarrollando para el control de armas y municiones.
El anuncio de la utilización de vehículos blindados militares para patrullaje generó múltiples repercusiones en los últimos días. ¿Qué análisis hacés de cómo se manejó el tema desde el gobierno?
Veníamos trabajando en este tema con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y el presidente de la República. Ya estaban muy avanzadas las conversaciones y los aspectos que iba a tener la medida, entonces decidimos anunciarlo en el Parlamento el jueves [18 de junio]. La primera sorpresa fue que la oposición no dijo absolutamente nada. Como no dijeron nada, después en la conferencia de prensa nada se preguntó. Fue como un fantasma que pasó y nadie reparó. El lunes [siguiente] salió la nota periodística y de no decir absolutamente nada se pasó a toda una catarata de opiniones y de alertas que se encendían por todos lados. Sabíamos que era un tema sensible, esperábamos que tuviera repercusión en el Parlamento cuando lo anunciamos y no la tuvo. La principal necesidad era la de contar con vehículos suficientemente protectores, tanto para los policías que van adentro cuando intervienen en zonas que están complicadas como para que los vecinos vean la presencia policial llegando y no quedándose lejos por precaución. Entonces, tiene una doble finalidad: llegar a la zona y proteger a quienes llegan al territorio.
¿No hubo un error en cómo se comunicó la medida en la Comisión de Seguridad? Se habló únicamente de los Mamba, no se dio detalles de quiénes los iban a conducir y después se fueron cambiando las explicaciones sobre este punto en los días siguientes.
No se hicieron consultas tampoco. Planteamos el tema, esperamos las consultas y no las hicieron. Fuimos a presentar el Plan Nacional de Seguridad, no fuimos a hablar de esto.
Pero era importante, por algo mencionabas que te llamó la atención que no generara ninguna repercusión.
Por supuesto, pero esperamos las consultas y las inquietudes y no vinieron, y los temas se fueron por otro lado. Uno no está tres días allí, estuvimos siete horas. No creo que haya sido un error, se planteó en el ámbito más republicano posible.
Al anuncio de la utilización de los Mamba en el Parlamento, se sumaron declaraciones de fuentes oficiales que dijeron a Búsqueda que iban a ser manejados por militares, “debido a la complejidad de su operación y a la necesidad de entrenamiento y capacitación especializada”. El presidente Yamandú Orsi compartió la nota en X. ¿La idea original era que fueran manejados por personal militar?
Se plantean las dos alternativas. La capacitación del personal policial, obviamente, porque los militares ya están capacitados y, en caso de que no dé el tiempo para capacitar, [los militares conducirían], que no está tan detallado.
¿Cuál era entonces la idea inicial de la propuesta?
La idea es que, lógicamente, los policías puedan manejar todos los vehículos con los que piensan contar. Ahora estamos capacitando a los policías para manejar los Cóndor, y no es de un día para el otro, estamos hablando de más de ocho horas diarias durante casi 20 días. Es una capacitación muy intensa, para manejar diferentes tipos de vehículos. La de los Mamba requiere otro tipo de aprendizaje y se hará cuando podamos empezar con este tema, porque hay un pedido de autorización a quienes en su momento donaron los vehículos. Estamos cumpliendo con todos los requisitos para hacer las cosas como corresponde. Se dijo por ahí que no nos servían los vehículos militares; lo que nos sirve estrictamente como policías serían vehículos policiales, pero en este momento tenemos cinco de esas características. Estamos apelando a esto, que es una circunstancia excepcional, y a la espera de cinco más, que van a venir en dos o tres meses, que ya están comprados, que son vehículos policiales adaptados para tareas de vigilancia policial. Los militares están hechos para otra cosa, por lo tanto, no podemos exigirle a un vehículo militar –a ninguno de ellos, ni a los Mamba ni a los Cóndor–, que tenga las especificidades propias del policiamiento, porque no están hechos para eso. Todos tienen alguna ventaja y alguna desventaja.
¿Entonces los Cóndor se van a terminar utilizando?
Sí, claro, se van a usar y los vamos a adaptar. No solamente estamos en un proceso de entrenamiento, sino también de ploteo, de adecuación de algunas cuestiones de la carrocería para que cumplan mejor la función, pero no vamos a esperar que los vehículos se transformen de un día para el otro de militares a policiales porque son para tareas militares. No son el ideal, el ideal es comprar vehículos para policías para entrar a lugares como policías. Los Mamba son tan grandes como estos vehículos, pesan incluso más que estos vehículos, tampoco son el ideal de policiamiento, porque no entran a muchos lugares.
Hablabas de la necesidad de que los vecinos vean a la Policía entrando a zonas complejas en materia de seguridad. ¿Se va a lograr dar esa señal con estos vehículos militares?
Estos vehículos van a estar identificados como la Policía. No van a entrar como están ahora, sino que se está haciendo un proceso de acondicionamiento, no solamente de la carrocería, sino para que se vean como vehículos policiales. Si uno ve los vehículos de la Guardia Republicana, también tienen un aspecto militar. Lógicamente, tienen un aspecto agresivo, tanto los de la Republicana como estos militares, porque son vehículos blindados de choque, para operaciones especiales, y de alta protección.
Has hecho hincapié en que esta medida no se trata de una militarización de la seguridad interna. El politólogo especializado en temas de defensa Julián González Guyer dijo en la diaria Radio que con estas medidas “se abre una rendija de una puerta que en principio estaba cerrada”, con relación a la participación de los militares en temas de seguridad interna. ¿Qué opinás de esta lectura?
Le preguntaría a los que opinan de esa manera: ¿desde 2014 para atrás, cuando la Policía Nacional no tenía helicópteros, cómo se hacían los operativos en determinados territorios? Se hacían con helicópteros militares y los manejaban los militares. ¿Fue el inicio de una escalada de militarización en Uruguay? No, por lo tanto, usar un vehículo y hasta requerir de la conducción de un vehículo por personal especializado en conducción en absoluto implica el compromiso de lo militar en operativos policiales. Ahí tenemos una clara diferencia con algún proyecto que se está presentando en estos días por parte de un senador de la oposición.
El proyecto del senador colorado Andrés Ojeda busca que el Ministerio del Interior pueda utilizar “infraestructura y logística” del Ministerio de Defensa para la seguridad interna.
No estamos de acuerdo con el artículo 3, literal c, que habilita el “apoyo y la cobertura a las unidades policiales en el cumplimiento de sus funciones”. Una interpretación que puede hacerse es que eso implique participar en operativos policiales. Ese artículo implicaría, por un lado, la necesidad de un marco legal, y, por otro, la participación de militares en operativos policiales, con lo que nosotros no estamos de acuerdo y no propusimos. Los dos primeros numerales del proyecto son lo que establece el convenio con Defensa, que entendemos que no requiere marco legal, y después está este literal, que creemos que merece reparos.
¿No puede interpretarse el proyecto de Ojeda como una consecuencia del anuncio del gobierno sobre el uso de vehículos militares?
El gobierno no puede hacerse cargo de la oposición. El gobierno toma las medidas que entiende que tiene que tomar. Una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana mostró cuestiones muy importantes. La primera es el alto conocimiento que tiene la población de este tema. Muchas de las cuestiones que debatimos en política en el Parlamento, incluso por la prensa o los informativos, llegan a lo que comúnmente se denomina “círculo rojo”, un sector de gente muy reducida. En cambio, este tipo de noticias llegó a un 90% de la población. Eso habla de un gran interés en el tema. El segundo dato que mostró es el alto porcentaje de aprobación de la medida. Más del 70% apoya la medida. En materia de seguridad pública, cuando hay mensajes de estas características desde la población, que se manifiestan de esta forma, quiere decir, en primer lugar, que entendió el tema y que lo aprueba. Entendió más el tema la población que el círculo rojo, en el que se generaron algunas miradas de alertas que la población no refleja. La población recibió el anuncio con tranquilidad, no con miedo.
¿Tenían la percepción de que la ciudadanía estaba demandando una medida como la de los vehículos militares?
Teníamos la certeza de que iba a entenderlo y de que lo iba a ver positivamente, porque ¿cómo podemos estar en contra de cuidar al personal policial? Tuvimos hace unos días un enfrentamiento en el barrio Borro, donde un muchacho salió fuertemente armado a enfrentar a la Policía, con una pistola deformada para ser automática, y había cargadores de hasta 50 disparos dentro de la finca. Con ese antecedente –y no estoy emitiendo ningún tipo de juicio jurídico sobre las circunstancias en sí, porque no me corresponde–, teniendo en cuenta que hubo un enfrentamiento, es un hecho objetivo que terminó con una muerte, pero también pudo haber terminado con un episodio de muerte del policía. Entonces, en un marco de violencia como existe hoy en el país y en toda la región, con un nivel de proliferación de armas de fuego que tiene Uruguay, incluso mayor que la de muchos países de la región, ¿quién va a ver mal que se proteja a la policía cuando llega a determinados lugares? Ese fue el cálculo que hicimos previamente. No puede haber una opinión desfavorable a la seguridad de la Policía.
Además, en esos territorios, donde ocurren episodios de violencia, donde hay balaceras nocturnas, donde el vecino se siente inseguro, donde los gurises no van a la plaza a jugar a la pelota porque tienen miedo de que ocurra una desgracia, ¿quién va a estar en contra de que un vehículo de estas características pueda apostarse en esa zona y vigilar el barrio?
Carlos Negro.
Foto: Alessandro Maradei
Yendo al caso que mencionás de Brayan Leites, el adolescente que murió en el allanamiento, diste tu respaldo a la Policía y dijiste que había quedado registrado, lo que daba “mucha tranquilidad”. ¿Habías visto los videos previamente?
No, estaba en la Comisión. El respaldo a la Policía está siempre. Estaba tranquilo desde dos puntos de vista: hubo una orden judicial y además se cumplió con el protocolo, es decir, contar con la cámara GoPro. Eso, a la altura de la investigación, nos daba la tranquilidad de que se iba a saber lo que pasó.
La defensa de la familia de Leites accedió a los videos y dijo que en ningún momento el adolescente apuntó al policía que le disparó cinco veces.
De eso no voy a opinar porque sería hacer lo que siempre dije que no había que hacer. Hablé de los elementos objetivos: hubo una orden judicial expedida correctamente y se actuó según el protocolo, porque estaba la cámara encendida y estaba todo filmado. Esa es la tranquilidad que me daba a mí, que la Justicia, cuando investigara el episodio, iba a tener el hecho tal como ocurrió. Otro hecho objetivo es que cuando hay un fallecido que al lado suyo tiene un arma adaptada para ser automática y con signos de identificación borrados, la conclusión es que corrió riesgo la vida del Policía. Eso es un hecho objetivo, no es de ninguna manera adelantar el resultado de una investigación judicial.
Entonces, entendés que estuvo bien el procedimiento del policía.
Eso sería una conclusión sobre la investigación que no voy a hacer.
Policías heridos tras rapiña
Dos policías resultaron heridos por disparos con armas de fuego mientras intervenían en el marco de una rapiña en un hogar residencial para personas mayores en el barrio Atahualpa, en Montevideo, sobre el mediodía del viernes.
“Ante los policías heridos en el combate a la delincuencia, la primera preocupación es desde el punto de vista humano, y por eso concurrí de inmediato a los centros de salud donde estaban internados los policías heridos. Quise ver y sigo pendiente de cómo evolucionan, conversé con sus familiares y con los médicos a cargo. También transmití todo el respaldo institucional a sus familias y compañeros”, señaló Negro.
El ministro afirmó que “episodios de criminalidad como estos” confirman, por un lado, “que la rapidez con la que la policía está respondiendo a los llamados puede derivar en este tipo de respuestas de la delincuencia” y, por otro, que no se deben “escatimar esfuerzos ni recursos en proteger la tarea de quienes están en la primera línea de combate”. En ese sentido, señaló que “esa fue la razón principal que nos llevó a firmar el convenio con el Ministerio de Defensa para utilizar una mayor cantidad de vehículos blindados en los operativos cada vez más riesgosos que despliega nuestra Policía contra el crimen organizado”.
Cifras de homicidios
En la Comisión de Seguridad adelantaste que para el cierre del semestre seguramente haya un aumento de homicidios y de heridos de bala, sobre todo por lo sucedido en los últimos tres meses. ¿De cuánto será el aumento?
La conclusión, sin tener los resultados del semestre aún, es que posiblemente asistamos a un incremento del número de homicidios. El primer año de gestión nos mostró un descenso mayor de lo que logró el gobierno anterior y, en este primer trimestre, una baja aún más importante, pero vino el segundo trimestre y hubo un mes particularmente violento, que fue mayo. Sin dar números, sabemos que en mayo se incrementó de una manera sensible el número de homicidios. Un mes en un trimestre es un período muy corto para sacar un diagnóstico sobre criminalidad y violencia. Es un dato a tener en cuenta, una foto del mes y hay que ver cómo influye en el semestre, cuántos homicidios de diferencia hubo en el semestre anterior, y luego ver el año, cómo estuvo 2026 respecto de 2025, y ahí ver tendencia. Pero ahora, hablar de una tendencia es un grave error conceptual.
¿A qué atribuyen el aumento de los homicidios y de los heridos de bala en mayo y en los últimos tres meses?
No tenemos un análisis de esa evidencia aún, porque los períodos son muy cortos. Estamos estudiando el fenómeno, estamos viendo cuál puede ser la causa, pero para sacar una conclusión todavía es prematuro, hay que esperar un período de análisis más largo.
Como dije, en 2025, de marzo a marzo, se marcó una tendencia a la baja de todos los delitos, aparte de los homicidios. En el año anterior, tuvimos un problema con el abigeato, pero en lo que va del año hemos tenido un descenso muy abrupto de los abigeatos. Ya en el primer trimestre, que está publicado, podemos ver el descenso de más del 20% de los abigeatos y vamos a seguir asistiendo a una baja. Va a haber una baja de casi todos los delitos que se va a mantener y son 15 delitos medidos, no cinco como en el período pasado.
En la Comisión se detallaron las acciones que se están desarrollando para reducir los homicidios en el marco del Plan Nacional de Seguridad y se mencionó el policiamiento basado en inteligencia, la disuasión focalizada, el plan Más Barrio y el programa Barrios sin Violencia. ¿Se está pensando en alguna otra medida para disminuir los homicidios?
Estamos ejecutando hace ya un buen tiempo, desde el año pasado, un operativo policial que se ha denominado Atenea, que se desarrolla fundamentalmente en tres zonas de Montevideo, que prefiero no nombrar, pero que ocupa un 0,5% del territorio de Montevideo y abarca casi un 2% de la población de Montevideo. Estos operativos abarcan un territorio muy reducido, pero que concentra los mayores niveles de violencia. Sabemos esto por los números de disparos, las alertas Shotspotter, las vainas, los homicidios, los heridos y la atención en los centros de salud de la zona. Esa intervención, que tiene un formato, necesidades y exigencias determinadas, nos está dando como resultado una baja importante de homicidios en esos territorios.
Estos operativos Atenea se combinan con los operativos Dominio, que abarcan territorios mucho más reducidos, que no llegan al 0,3% de Montevideo, y que se hacen con un requerimiento y una forma de policiamiento distinta de Atenea, con horarios distintos. Allí también tenemos una baja de los homicidios. Entonces, la conclusión, a grandes pinceladas, es que los operativos policiales de control de homicidios están funcionando. Las necesidades de infraestructura están destinadas a incrementar estos operativos para lograr estos resultados que estamos teniendo.
Rendición de Cuentas
Yendo a la Rendición de Cuentas, el Ministerio del Interior dispuso una partida de 144 millones de pesos en 2027 para vehículos. ¿Están contemplados más blindados?
Seguramente, pero es un análisis que todavía tenemos que hacer para ver qué número de patrulleros, motos y blindados vamos a pedir.
Una de las partidas más grandes será de 567 millones de pesos para crear un Sistema Nacional de Biométrica Multimodal. ¿Qué va a implicar este nuevo sistema?
Es un sistema muy moderno, de punta en tecnología, que nos va a permitir, mediante dispositivos manuales, exhibiendo la cara de la persona o las huellas, saber todo su historial e identidad fehaciente. Hoy tenemos un problema con la identidad de las personas, porque muchas veces mienten sobre ella. Lo viví como fiscal, a veces llegan a ser condenados con otra identidad. Es un tema jurídico, que se viene dando hace años, que tiene sus mecanismos judiciales, por supuesto, y su posibilidad de ser reparado, pero es muy complejo. Entonces, ese problema se eliminaría con esta nueva tecnología. Pensamos también en la violencia del deporte, la posibilidad de controlar mucho más certeramente quién está en una lista negra, quién es esa persona. Eso permite un control de la población, y sobre todo de los delincuentes que afectan a la población, mucho más estricto.
Otro de los elementos centrales que se incluyen en la Rendición de Cuentas es la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). ¿Cómo viene avanzando la reforma carcelaria?
El primer paso de la reforma carcelaria fue dotar de infraestructura y personal a lo que quedó del gobierno anterior, que fue un esqueleto de cárceles nuevas, lo que implicó una erogación muy importante presupuestal para que esas cárceles empezaran a funcionar. Luego de eso, la descentralización del INR es un paso que entendemos fundamental para dotar de la agilidad en la gestión que necesita el dominio de las cárceles. Eso también está muy avanzado y damos por descontado que la oposición va a dar los votos, porque estaba reclamando celeridad en el tema y suponemos que tendrá celeridad para votar. Además, creo que el proyecto contempla los reclamos de la oposición, porque establece un mecanismo de coparticipación con la oposición en el directorio. Luego de la descentralización del INR, se seguirá avanzando como se viene avanzando hasta ahora, a partir del programa de reforma carcelaria que establece el Libro blanco [de reforma penitenciaria], presentado en los últimos días del gobierno anterior, pero que está diseñado básicamente por la doctora Ana Vigna, que hoy trabaja para el ministerio y para el INR.
¿En qué está la creación de las dos cárceles de máxima seguridad que se anunciaron en su momento?
Estamos en proceso de diseño, es una obra con participación público-privada, que tiene una serie de trámites bastante complejos. Se está avanzando.
¿Ya se sabe dónde se van a hacer?
Estamos buscando el lugar apropiado, pero tenemos que seguir los pasos jurídicos para la concreción de determinadas etapas. Luego de la concreción de determinadas etapas, se verá el lugar específico donde se va a construir.
Vigna anunció en una entrevista con Búsqueda que se abrirá una cárcel para primarios con penas cortas en Libertad. ¿Qué resultados se esperan con esta medida?
Uno de los principales problemas carcelarios son las penas cortas, que van desde tres meses a un año. En esos casos la persona que entra y sale a los tres meses no puede ser ni siquiera sometida a un proceso de reinserción seria, porque no tuvo el tiempo para hacerlo. Es decir, entra al sistema carcelario, se contamina y sale; entra por un delito de baja entidad y sale afuera con contactos, formación y capacidades nuevas. Ese núcleo de personas que entra por delitos de baja entidad, que es la gran mayoría de los privados de libertad, debería tener un tratamiento diferencial del resto de la población carcelaria. Obviamente que esto implica muchos recursos, porque son muchas las personas que están en esa condición.
Control de armas y municiones
El proyecto de ley sobre control de armas y municiones, que ingresó al Parlamento, busca prohibir las armas no convencionales, garantizar la interoperabilidad de la información entre distintos organismos y aumentar las penas para distintos delitos.
Sobre este último punto, Negro dijo que se optó por modificar las penas por un “problema de dosimetría”. “Sostuve toda mi vida que la fórmula de aumentar penas, crear delitos o cambiarles el nombre a los delitos, como hizo la ley de urgente consideración en algunos casos, no genera ningún tipo de cambio en la criminalidad”, explicó.
Sin embargo, consideró que “no puede ser que una persona circule por la vía pública con un arma, de la cual no tiene guía ni tenencia ni porte, y tenga una pena de unos pocos meses, porque va en contra de la prevención general, pero aparte va en contra del sentido de justicia. No es justo, porque después tenemos conductas criminales o delictivas que tienen penas mucho más altas y son mucho menos peligrosas. El caso paradigmático: ingresar marihuana a un recinto carcelario con cuatro años de penitenciaría”.
En cuanto al decreto en materia de armas cortas y municiones, señaló que no está terminado y están escuchando a las asociaciones nacionales de tiradores, cazadores, armeros y coleccionistas para atender la “especificidad de cada arma”. No obstante, destacó que el decreto va a fijar un límite a las municiones y mantener la cantidad de armas por persona, que asciende a ocho.
Con respecto a la modificación de que los militares retirados registren el arma ante el Ministerio del Interior –actualmente lo hacen en Defensa–, Negro explicó que es “necesario el registro compartido”, para que se tenga un acceso inmediato por parte de la Policía en el marco de las investigaciones.
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