El mediodía del viernes se supo que había muerto Danilo Astori, tras unos días de internación debido a los problemas respiratorios que lo aquejaban desde hacía años.

Una persona ajena a lo que ha pasado en Uruguay durante el último medio siglo puede encontrar sorprendente que, habiéndose dedicado a la economía y no habiendo sido un hombre especialmente carismático, su desaparición física haya concitado tantas y tan profundas muestras de dolor.

A esa persona se le podrá tratar de explicar hablándole de su trayectoria intelectual, de su trabajo como docente, que excedía largamente el ámbito académico, de los enormes sacrificios que hizo en su carrera política, de su concepción del patriotismo. Con eso, tal vez llegue a comprender por qué compañeros y adversarios le tributaron respeto el día de su fallecimiento.

Pero hay otras dimensiones para la pena. Astori fue la figura principal de la conducción económica de los gobiernos progresistas. Como tal, se lo cuestionó y se lo halagó, se le retacearon méritos propios y se le adjudicaron errores ajenos; con el tiempo esa centralidad de su figura adquirió un estatus –se hacían bromas al respecto– casi paternal. Cuando el Frente Amplio dejó el poder, la ausencia de Astori en su puesto ministerial condensó, para muchos, la sensación de desprotección.

Tal vez por eso haya algo de orfandad colectiva en la pérdida que sufrimos el viernes.

La crisis por otras vías

Tras lo desatado la semana pasada por las revelaciones que surgieron en torno a la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset –concretamente, por la revelación de la exvicecanciller Carolina Ache de que hubo un complot gubernamental para ocultar información sobre el caso al Parlamento– se produjo el descabezamiento de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior.

En los días siguientes, los dirigentes oficialistas concentraron sus esfuerzos en mostrar que con esos cambios en jerarquías la crisis política estaba finalizada (“se cometió el error de no reconocer que se cometió un error”, dijo Julio María Sanguinetti) y en tratar de que el fuego del tema se apagara, aunque hubo figuras del Partido Nacional que siguieron avivándolo, como el senador Gandini y, especialmente, la senadora Bianchi, que hizo apología de los delitos en los que se habrían visto involucradas las jerarquías cuestionadas.

La Justicia, por su parte, sigue avanzando sobre el tema. Contrariamente a lo que dijo el presidente Lacalle en conferencia de prensa, la evidencia destruida por su entonces asesor Roberto Lafluf sí formaba parte de un expediente oficial.

Lacalle mismo tendría que declarar por este asunto, ya que aparece en los testimonios de varios indagados en la investigación que lleva adelante el fiscal especializado en Delitos Complejos de primer turno, Alejandro Machado, e incluso podrían caberle responsabilidades penales.

El oficialismo volvió a mostrar su hostilidad hacia los fiscales, y Juan Gómez, el fiscal de Corte, debió acudir al Parlamento para explicar que las filtraciones de elementos que surgen en las investigaciones preliminares, como los audios grabados por Carolina Ache, pueden provenir de muy diversas fuentes.

La oposición, en cambio, parece esperar los resultados de las investigaciones y quizás por eso adoptó una actitud más cauta que la que había insinuado la semana pasada. También puede haber pesado la “victimización” del presidente promovida por dirigentes blancos, que solicitaron “lealtad democrática” por parte de sus adversarios.

En la calle, sin embargo, el tema no se acaba. La inauguración del Hospital del Cerro por parte de Lacalle fue escenario de protestas, mientras que el PIT-CNT convoca a manifestarse el martes contra la corrupción; la consigna puede englobar no sólo el caso Marset, sino también los casos de Salto Grande, el puerto de Montevideo, Casa de Galicia y el del exjefe de seguridad del presidente, Alejandro Astesiano.

Además, la mayoría de los consultados en una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana desconfía del presidente y cree que el narcotráfico ha penetrado en el sistema político.

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