El proyecto para la construcción de un data center que presentó Google ante el Ministerio de Ambiente (MA) se encuentra en la etapa de puesta de manifiesto hasta el viernes 5 de abril. Hasta entonces la población puede enviar a las autoridades interrogantes, cuestionamientos o comentarios sobre la iniciativa ingresando en este link. En este contexto, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) y Amnistía Internacional organizaron una “campaña ciudadana” para “exigir mayores estudios” sobre los impactos socioambientales que podría causar el centro de datos de la multinacional.
“Estamos impulsando que la población pueda hacer llegar sus consultas de ampliación de información de interés público sobre el proyecto del data center en Uruguay para contar con detalles indispensables sobre el impacto social y ambiental del proyecto”, versa un comunicado de las organizaciones. Tras leer el Informe Ambiental Resumen y la información disponible en el Observatorio Ambiental Nacional, detectaron “varios puntos que debieran ser aclarados por la empresa y estudiados por el Ministerio de Ambiente previo a continuar con el proceso de autorización ambiental”.
Entre ellos se encuentran el “tipo y calificación de los empleos a crear para la operación” y la cantidad de trabajadores necesarios para la construcción del centro de datos. Esta información es importante para “conocer el impacto del proyecto en la masa salarial y el empleo”. Asimismo, otro punto que enfatizan es el de la contaminación del aire: piden que se analicen “las emisiones de CO2 anuales, tanto de la demanda agregada a la red de UTE, como de las operaciones de emergencia con el encendido de los motores de la propia empresa”. En la misma línea, una tercera preocupación de las organizaciones versa sobre el “compromiso de cumplimiento de todas las normas ambientales, en especial debe exigirse el estricto cumplimiento de las normas de calidad de aire”. La empresa señaló en el Informe Ambiental Resumen que no podrá cumplir con los límites de contaminación de aire establecidos en la normativa por los niveles que existen de “fondo”.
Una cuarta problemática que Movus y Amnistía Internacional señalan que debe analizarse está vinculada al “ciclo de vida del proyecto, respecto de los residuos que generará la construcción, operación y desafectación del mismo”. Por otro lado, también consideran que sería necesario añadir un “compromiso de cumplimiento de la trazabilidad de los materiales e insumos para asegurar que estén libres de trabajo infantil, esclavitud o semiesclavitud e irrespeto de los derechos de comunidades locales”.
Las organizaciones piden a la población que envíen a las autoridades sus consultas y brindan una serie de preguntas que pueden servir como incentivo para que participen en la campaña. Por ejemplo: “¿cuántos empleos, de qué tipo y por cuánto tiempo se generarán?”, “¿cuánto dinero ahorra el proyecto al estar ubicado en zona franca?”, “¿cómo se gestionarán los residuos generados a partir de la construcción, operación y desafectación del proyecto?”, “‘¿qué origen tiene el material tecnológico que se utilizará?”, “¿hay garantías de que no sean productos con minerales en sangre que puedan ser contaminantes para las personas, comunidades y tierras?”, “¿cuál es el recorrido de esos materiales, vienen de zonas de extracción y violación de derechos humanos que afectan a las comunidades originarias?”, “¿están exentos de trabajo infantil o semiesclavo?”.