El ejecutivo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) de Montevideo decidió ayer que el cuerpo de inspectores saldrá a la calle a fiscalizar el reempadronamiento de la patente de rodados, como ordenaba la comuna capitalina.

La secretaria general de ADEOM, Mabel Lolo, dijo a la diaria que abandonaron la medida sindical porque se acordó desarrollar un protocolo para que los inspectores de tránsito puedan desempeñar sus tareas con seguridad.

Según Lolo, la administración se comprometerá a brindar asesoramiento legal y/o patrocinio civil o penal a los funcionarios en cumplimiento del Digesto. “Se asesorará a inspectores y se contará con la presencia de un abogado en seccional policial o juzgado cada vez que un funcionario sea demorado en cumplimiento de su función”, dijo, y agregó que se coordinarán actuaciones con el Ministerio del Interior para encauzar las denuncias que se puedan presentar y no generar molestias innecesarias a la tarea del inspector en caso de que los contribuyentes presenten resistencia. Lolo dijo, además, que en casos de “agresión” o “tensión” se paralizará la fiscalización.

Entre los argumentos vertidos por los integrantes del gremio -que amenazaban con no cumplir sus funciones- figuró que temían por su salud, ya que más de un conductor podría cabrearse al tener que pagar la multa correspondiente. También, que no contaban con un marco legal adecuado que los protegiese de posibles demandantes, aunque la comuna había dejado claro que no había ninguna inseguridad jurídica para los funcionarios y que, en esos casos, la responsabilidad la asume la institución.

Fuentes cercanas a la comuna mencionaron que los inspectores de tránsito no temen por su salud cuando controlan otras patentes; también, que dentro de la descripción de funciones del cuerpo inspector figura el control de patentes, algo que ellos mismos establecieron durante el cambio de categorías realizado a fines de los 90.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que por cada multa que aplican a vehículos que no fueron reempadronados (que ascienden al valor total de la patente) se llevan una comisión de 35% que obtienen cuando el usuario paga. El problema, según fuentes que prefieren mantener el anonimato, “no es de los inspectores, que van a facturar de lo lindo, sino de integrantes del gremio que utilizan este mecanismo como herramienta de negociación para obtener otros reclamos”.

Sobre esos aspectos, el presidente de ADEOM, Álvaro Soto, dijo a este medio que “los compañeros buscan los recaudos necesarios y tratan de establecer un marco de garantías porque saben que hay rechazo en la población al tema de las patentes”.

Para Soto, dicha faena es tan impopular entre distintos sectores de la población porque “no se va al fondo de la cuestión”, algo que tiene que ver con “el costo de una patente para una empresa de transporte que lucra con sus funciones y para un vulgar trabajador que de repente no tiene dinero para sostener su auto”. “Nosotros estamos entrampados en esa situación”, consideró Soto.

Para el presidente de ADEOM, una cosa es fiscalizar la patente de Montevideo y otra distinta la chapa de vehículos de otros departamentos que circulan por la capital. “Hay trabajadores que habitan en Canelones y circulan en Montevideo porque van a trabajar en su auto. Hay situaciones no resueltas que habrá que discutir”, dijo, y agregó que si se van a modificar las condiciones de trabajo ellos quieren negociarlas. La comuna ya había anunciado que seguiría el procedimiento administrativo habitual establecido en el Digesto Municipal para todos aquellos que no fueran a trabajar. Al cierre de esta edición no habían recibido ninguna comunicación oficial pero el intendente interino de la División Tránsito y Transporte confirmó que los integrantes del gremio cambiaron la postura y van a acatar la orden de salir a fiscalizar en el correr de la semana próxima porque “todavía hay que instrumentar algunos detalles”.