Su trabajo se suma a la corriente de “estudios comunistas” que han comenzado a aparecer en los últimos meses, dado que la vigilancia del Partido Comunista del Uruguay (PCU) era una alta prioridad para los servicios de inteligencia. la diaria conversó con García Ferreira y también con Wladimir Turiansky, veterano militante de la dirección comunista y del movimiento sindical, que da cuenta de cómo la Guerra Fría penetró en la vida cultural y política del país, hasta la muerte de Líber Arce en 1968, un episodio que desde su punto de vista “cambió el tono de todo”.

Se tuvieron que alinear dos circunstancias inusuales para que el grupo de García Ferreira, Terra y Aparicio tuviera acceso a los archivos policiales de los años 40, 50 y 60. Primero, el aire de relativa apertura que inevitablemente acarreó el acceso del Frente Amplio al gobierno en 2005. Segundo, la cercanía personal con José Díaz, el primer ministro del Interior de la administración de Tabaré Vázquez. Ambos factores permitieron que los investigadores pudieran revisar los archivos de los Servicios de Inteligencia y Enlace (SIE), luego transformados en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).

“El proyecto apunta a mostrar la documentación de la inteligencia policial y a partir de ella, cómo distintos episodios de la Guerra Fría, en Uruguay y en América Latina, iban involucrando a nuestro país en esa dinámica. La parte central es poner de manifiesto, no con documentos de las grandes potencias, sino con documentos de archivos latinoamericanos, la creciente participación del continenteç antes de la revolución cubana y antes de las guerrillas, en la Guerra Fría”, explica García Ferreira.

“La investigación comprende lo ocurrido entre los años 40 y 1964; intencionalmente termina en esa fecha porque lo que queremos mostrar es que cuando la guerrilla irrumpió en la escena política, en realidad se trataba de gente bastante conocida, porque en Uruguay ya se espiaba y había estrategias de control social y político sobre la disidencia. Esa disidencia a su vez era muy ambigua: eran los comunistas, eran los trotskistas, eran los socialistas, y algunos nacionalistas también”.

La relevancia de los documentos policiales para este trabajo es clara. No se trata sólo de que los archivos militares son prácticamente impenetrables para el estudio periodístico o académico, sino también de que fue la SIE, un organismo policial, el que centralizó, desde 1946, el fichado y la vigilancia de las agrupaciones de izquierda. “Recientemente, el coronel Ramas afirmó que cuando las Fuerzas Conjuntas se deciden a actuar contra el PCU en 1975, poco sabían acerca de éste y tuvieron que recurrir a la DNII”, señala el historiador al reivindicar la orientación de su trabajo. A su vez, admite que posiblemente haya habido varias instituciones o reparticiones involucradas en estas actividades, y exhibe como prueba el hecho de que los “Boletines Mensuales sobre Comunismo” que se conservan en los archivos policiales, están numerados, lo cual indica que otras dependencias u organismos habrían recibido otros ejemplares.

Un estado dentro del Estado

En Los conservadores uruguayos (1870-1933), José Pedro Barrán afirma que el “huevo de la serpiente de la última dictadura está en el conservadurismo de los años 30. “Lo que nosotros queremos hacer”, apunta García, “es ver cómo se desarrolló el embrión. Las policías políticas son inherentes a la naturaleza del Estado; el tema es qué se hizo con esa información después. Nosotros estamos viendo el proceso de acumulación de información, y sabemos qué hizo el Estado con esa información que acumuló”. Por su parte, el historiador británico Leslie Bethell, les aconsejó a los investigadores uruguayos evitar el rastreo de los orígenes de la represión coordinada interestatalmente a movimientos de izquierda, ya que comienza mucho antes del surgimiento del Partido Comunista y tiene por centro a la actividad sindical.

La “tradición antiizquierdista” enraizada en la Policía, entonces, explica en parte la autonomía de la Policía respecto al poder político en estos temas. Como si se tratara de una auténtica política de Estado, el accionar de la SIE y sus sucesoras se regía por una lógica propia, más allá de las distintas facciones políticas que se rotaban en el poder.

García, que estudió a fondo el periplo del presidente de Guatemala Jacobo Arbenz (en La CIA y los Medios en Uruguay: El caso Arbenz) destaca cómo sus familiares se creían protegidos por el gobierno uruguayo, durante su exilio en este país, al mismo tiempo que eran vigilados estrechamente por la Policía.

Otro aspecto clave para comprender el accionar independiente de la SIE, y tal vez el más obvio, es la influencia externa. “No encontramos pruebas como un sello o un escudo, pero sí papelitos, anotaciones, que indicarían que había conexión estrecha entre la SIE y la embajada de EE.UU”. Malas traducciones, como la escritura de “Brazil” (con zeta, tal como se escribe en inglés) en informes policiales y otros detalles de este tipo apuntan a la vinculación de la CIA y los servicios uruguayos. “Distintos policías trabajaban como infiltrados o a sueldo de la CIA. El trabajo de Clara Aldrighi [El aparato paralelo de la CIA] y las memorias del comisario [Alejandro] Otero aclaran que buena parte de esa documentación iba a parar a la CIA”, revela el entrevistado.

“En 1957 se denuncia la existencia de una oficina en la Jefatura de Policía donde los grabadores son proporcionados por la embajada de EE.UU. Diez años después de que se funda la inteligencia policial se levanta un censo; ese registro de vecindad -saber quién vivía en cada lugarlo había pedido la policía, por el control de fronteras. Ante diversas denuncias de Marcha, El Popular y otro medios, El Día termina reconociendo que quienes asesoraron para hacer ese registro fueron personas de la embajada de EE.UU”, dijo García.

La mencionada creación de la SIE se produce en setiembre de 1947, tras la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca suscrito por los estados de las tres Américas y que avalaba la intervención extranjera en caso de amenaza a las instituciones democráticas. “Una de sus cláusulas prevé el intercambio de información entre los países para reprimir las actividades de los comunistas. Eso se vuelve a repetir cuando se conforma la OEA en 1948”, recuerda García. Sin embargo, “lo que nosotros vimos es que el anticomunismo era muy sistemático para los policías y le debía poco a la CIA. Era anterior a ella”.

Otro de los supuestos que la investigación cuestiona lateralmente es la creencia de que el anticomunismo estaba restringido a ciertos ámbitos. La documentación policial prueba que la denuncia de actividades sospechosas era una práctica extendida, y que muchas veces eran los vecinos los que daban el alerta. Así ocurre, por ejemplo, en 1960, cuando un morador de Sayago avisa sobre una “escuela comunista” ubicada en la calle General Haig.

Pero, además de los “ciudadanos independientes”, existieron numerosas organizaciones anticomunistas, desde el grupo Alerta, a otros menos beligerantes, como el Medel (Movimiento Estudiantil para la Defensa de la Libertad) y el Mondel (Movimiento Nacional de la Defensa de la Libertad, con el que supo colaborar el escritor Felisberto Hernández). El seguimiento que hacía la SIE de estos grupos era bastante distinto al practicado con los comunistas: “Eran fichados, pero como los agredidos, los apedreados, como los pobres estudiantes. A su vez, hay pedidos de protección por parte de estos grupos hacia la policía”, asegura García Ferreira.

Montevideo roja

Por otra parte, Uruguay era un lugar en el que los servicios de inteligencia tenían trabajo extra: el nuestro fue uno de los pocos países en los que el Partido Comunista permaneció ininterrumpidamente en la legalidad durante los años 40 y 50. Es decir, en medio de lo que el historiador norteamericano Greg Grandin (especialista en las relaciones de EE.UU con América Latina durante la Guerra Fría), describe como reacción de las élites conservadoras, Uruguay parecía una excepción notorial.

Para explicar esto, a la orientación más bien liberal de la mayoría de los gobiernos que se sucedieron -García ejemplifica que es el ex presidente Luis Batlle Berres el que “manda parar” el proceso de desafuero al dirigente comunista Rodney Arismendi en 1948, tras los incidentes del cine Trocadero- hay que sumarle motivaciones estratégicas: “Partidos de izquierda legales, capaces de organizar actos públicos y tener órganos de prensa propios son más fáciles de controlar y seguir”, afirma el informe de un fiscal policial encontrado por los investigadores.

Si ya desde los años 30 los diplomáticos estadounidenses consideraban a Montevideo “un nido de comunistas” (como prueban los estudios de Ana María Rodríguez Ayçaguer), en los 40 y 50 nuestra capital se vuelve un lugar de citas usual y obligado para militantes comunistas de diversas nacionalidades: en Uruguay se permiten hacer congresos del Partido Comunista y de organizaciones afines, aunque son estrechamente vigilados por la policía.

Debut de la tortura

Dividido en 11 capítulos que abordan distintos episodios del accionar policial respecto a la izquierda, el libro de García Ferreira, Torres y Aparicio posiblemente lleve por título Espionaje y política, como el proyecto de investigación, financiado por CSIC, que hizo posible el inicio del estudio.

Uno de los capítulos, que García y Aparicio ya se dieron a conocer en la revista Contemporánea, trata sobre lo ocurrido en 1948, cuando militantes comunistas intentaron impedir la exhibición del film La cortina de hierro. La brutal represión y la violencia de los incidentes llevaron al ministro del Interior a comparecer ante el Parlamento.

Allí “la integración de la comisión en el Senado era extremadamente conservadora, obviamente no iban a encontrar nada. Sin embargo, el ministro dice que a ‘casi ninguno’ de los detenidos se le aplicó tortura. No dice ‘ninguno’, a pesar de que está tratando de desestimar las denuncias de varios detenidos que quisieron generar un hecho político”. El episodio del Trocadero es el debut público de la SIE, a la que uno de sus funcionarios ya describe como “la institución que se ocupa de los delitos contra la patria”.