Bases económicas del terrorismo de Estado

Este libro, dedicado a presentar y analizar datos acerca de diversos grados de cooperación y complicidad con la última dictadura uruguaya de actores económicos y empresariales, nacionales e internacionales, puede ser considerado desde dos puntos de vista. En primer lugar, constituye un aporte a la reconstrucción de ese período de nuestra historia, que cada vez es más discutible llamar “reciente”, al poner el centro de su enfoque en un área que no ha sido la más frecuentada por la abundante bibliografía sobre el tema, y recordarnos algo obvio que no siempre tenemos presente: un régimen dictatorial no tiene su origen solamente en las posiciones ideológicas y la voluntad política de quienes pasan a usurpar las responsabilidades formales de gobierno, ni se mantiene sólo por la fuerza. Es también, por lo general y muy centralmente, producto de procesos sociales, en los cuales operan intereses económicos, locales y extranjeros, amenazados por el curso de los acontecimientos en un país, que propician e impulsan en defensa propia el quiebre de la continuidad democrática; y por lo general es sostenido en forma decisiva por esos grupos de poder y por otros a los que la dictadura beneficia.

Las dictaduras requieren importantes recursos económicos; no sólo necesitan armas, municiones y otros elementos materiales para controlar y reprimir a la población, sino también concretar negocios -por ejemplo, con inversores y prestamistas- para mantener en marcha la economía y evitar que crezca el descontento, y contar con simpatizantes o por lo menos colaboradores en los medios de comunicación para aumentar las probabilidades de que sus desmanes permanezcan ocultos y se difunda un relato favorable a su continuidad. Sin esos factores, poco durarían los regímenes autoritarios, de modo que corresponde hablar de complicidades, en más de un caso decisivas, que no se dieron -al igual que la propia dictadura- sólo por motivos ideológicos, sino en pos de beneficios materiales o como retribución por prebendas ilegítimas. De todo esto se ocupa El negocio del terrorismo de Estado, en una serie de capítulos cuyos niveles de novedad y profundidad son desparejos, pero que considerados en su conjunto arrojan nueva luz acerca de las razones por las que se instaló la más reciente dictadura uruguaya (contribuyendo, de modo contundente, a descartar las explicaciones ingenuas o interesadas que la presentan ante todo como una reacción a la violencia guerrillera) y las circunstancias que le permitieron perdurar.

La otra característica notoria de este libro es aun más inusual, y expresa una tendencia incipiente en el terreno del derecho internacional y en la agenda de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Esa tendencia consiste, sintéticamente, en la tipificación de las complicidades antedichas como conductas que deben ser, al igual que las violaciones de los derechos humanos cometidas por las dictaduras, investigadas y eventualmente juzgadas, de modo que haya sanciones a los responsables y reparaciones a las víctimas. Así se nos conduce a un territorio conceptual novedoso, que despierta no pocos interrogantes. En cierto sentido, se puede plantear que estamos ante una forma de judicialización de la política, en tanto el sentido común habitual señala que, si bien son indudables tanto la existencia de vínculos entre poderes económicos y dictadura como sus nefastas consecuencias, suena un poco extraña, por lo desusada, la idea de que esas complicidades podrían y deberían resolverse ante los tribunales (o la idea de que, como las políticas económicas para cuya aplicación se estableció y se mantuvo la dictadura violaron los derechos económicos, sociales y culturales de la población uruguaya, corresponde tratarlas como delitos de lesa humanidad). En todo caso, la notoria insuficiencia de las políticas estatales en materia de verdad y justicia para los crímenes dictatoriales más directos no permite avizorar que, en el futuro cercano, haya avances en lo relacionado con estas complicidades.