La ausencia del Estado uruguayo en dos audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevadas a cabo el jueves 25 de mayo, en las que se presentaron varias organizaciones de la sociedad civil, causó “sorpresa y decepción” entre los integrantes del organismo, sobre todo porque Uruguay ha sido uno de los impulsores del sistema de justicia interamericano. El martes, el canciller Rodolfo Nin Novoa hizo algunas precisiones sobre el hecho: “No pueden seguir haciéndonos responsables por errores de los gobiernos anteriores, que son parte de la herencia maldita que recibimos. Esto es como lo de las AFAP: no podemos hacernos cargo de las pésimas decisiones que tomaron quienes estuvieron antes que nosotros”. Nin Novoa aseguró que el país “ha dado sobradas muestras de respeto a los derechos humanos”. De todas maneras, fuentes de la cancillería reconocieron que el gobierno está estudiando tomar alguna medida para recomponer la mala imagen que dejó Uruguay a nivel internacional. Una de ellas sería reeditar el acuerdo impulsado por el ex presidente José Mujica y el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama que permitió la liberación de varios prisioneros de la cárcel de Guantánamo que fueron recibidos en Uruguay, aunque con algunas “pequeñas modificaciones”. En esta ocasión serán los reclusos uruguayos quienes dejarán el país y podrán terminar su condena en Guantánamo. Un funcionario del Ministerio del Interior declaró:“Entre los presos uruguayos hay mucha ilusión por poder abandonar los infiernos del Penal de Libertad o el ex Comcar e irse a Guantánamo, que no es el paraíso, pero al lado de los módulos de máxima seguridad de una cárcel uruguaya, vendrían a ser una especie de resort”. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, coincidió con este diagnóstico, y explicó que la distancia que hay entre una cárcel uruguaya y la prisión de Guantánamo “es equivalente a la que hay entre la playa Pocitos y una playa de Varadero”.