Hace ya tres años que los trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura (DNC) se encuentran en conflicto, y la Base Cultura de la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura decidió ocupar este miércoles la sede de la DNC por el agravamiento de la situación. Los reclamos son por contratos precarios, bajas remuneraciones, reducción de personal acompañada por el aumento de las tareas, y una prolongada contradicción: en varios casos se han pagado tareas técnicas o administrativas como horas docentes o contratos artísticos, de modo que “ejercemos como técnicos, administrativos, comunicadores y gestores culturales, pero nuestros contratos dicen que damos clase”, señala el comunicado sindical. De hecho, ahora se abrió un llamado a licenciados en Comunicación, pero a quienes ocupan hoy esos cargos no se les otorga un certificado que avale su experiencia y la real naturaleza de su trabajo frente a la propia DNC.

“¿Cómo es posible que las autoridades anuncien un Ministerio de Cultura cuyo fin es garantizar los derechos culturales de la ciudadanía, cuando sistemáticamente violan los derechos laborales de sus trabajadores?”, preguntan los funcionarios. Afirman que trabajan sin una estructura racional y con contratos de modalidades diversas, “muchas de ellas precarias y mentirosas”, lo cual significa que “a igual tarea, desigualdad salarial”, además de implicar “imposibilidad de crecimiento en la administración, salarios sumergidos y violación del principio de continuidad” en la trayectoria laboral. Aseguran que a diario se enfrentan a un “estado constante y colectivo de desorden, distribución arbitraria de tareas, abusos de poder, amenazas y reparto de compensaciones discrecionales”, y que en los últimos años se ha ido 15% de la plantilla de trabajadores (46 personas), de modo que, “para los que permanecemos en la institución las tareas se duplican y el desorden crece. Es un círculo vicioso”, advierten.

En 2015, Williams Martínez, delegado sindical de la Base Cultura, había dicho a la diaria que en la DNC había muchas personas que realizaban tareas diarias pero tenían “un contrato denominado ‘docente’”, en el que decía, por ejemplo, que alguien dictaba clases de informática”, cuando en verdad trabajaba como técnico informático, mientras que, por el contrario, talleristas que sí realizaban una labor docente eran contratadas como si estuvieran llevando a cabo un espectáculo. “Nosotros queremos políticas culturales activas y en territorio, pero también queremos trabajar con determinadas condiciones legales”, afirmó en aquella ocasión.