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Luiz Inacio Lula da Silva, el 17 de octubre, en San Pablo.

Foto: Miguel Schincariol, AFP

Allá Lula y los golpistas, acá Gran Hermano en el Palacio Legislativo

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El domingo pasado, Lula da Silva quedó adelante, por apenas 1,8%, en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. Diversos analistas coinciden en que le esperan múltiples desafíos, y el veterano líder izquierdista reconoció que no alcanzará con hacer un revival de sus históricas presidencias de principios de siglo.

Algunos de esos desafíos se mostraron de forma inmediata. Si bien era esperable que el actual presidente Jair Bolsonaro –el primero en presentarse a la reelección y perder desde el retorno de la democracia a Brasil en 1985 – mostrara resistencia a reconocer el resultado si era derrotado, dado los anuncios de su entorno y el ejemplo de su aliado Donald Trump, la forma en que manifestó esa resistencia fue especialmente inusual. Bolsonaro guardó silencio durante casi dos días y en ese lapso se organizaron manifestaciones de camioneros que con cortes de ruta protestaban por la derrota. Cuando finalmente habló, Bolsonaro fue extremadamente ambiguo, no mencionó la victoria de su oponente y pidió que se disolvieran las manifestaciones, porque, después de todo, cortar rutas es cosa “de izquierdistas”.

Lo que no parece de izquierdistas es manifestar frente a los cuarteles para pedir por una intervención militar, especialmente si al hacerlo se levanta el brazo a lo nazi. A estos manifestantes Bolsonaro no les exigió nada, y queda la duda de si él mismo no ha realizado solicitudes similares a los militares. En cambio, su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, fue de los primeros en anunciar que estaba en marcha la transición con el equipo del presidente electo, llevando tranquilidad sobre la posición institucionalista de las Fuerzas Armadas.

Esa lealtad es, por el momento, una buena noticia para Lula da Silva, así como también lo viene siendo la reacción de los mercados a la noticia de su triunfo.

Las transformaciones que ocurrirán en Brasil seguramente tendrán consecuencias en la región, y varios actores anticiparon los cambios que podrán impactar en Uruguay.

¿Quién será expulsado de la casa de Argimón?

Mientras Brasil vivía una semana histórica, por aquí hubo que pasar el tiempo con un misterio: ¿quién filtró los planes secretos de la Secretaría de Inteligencia Estratégica?

El 24 de octubre, la comisión parlamentaria creada para fiscalizar a esa secretaría recibió al director del organismo, Álvaro Garcé, y, al poco tiempo, parte de lo que este dijo se difundió en MVD Noticias, el informativo de TV Ciudad. Garcé conectó los puntos e hizo una denuncia judicial por la infidencia, que adjudicó a alguno de los diez parlamentarios que estuvo en la reunión. El asunto cobró más relieve cuando la vicepresidenta Beatriz Argimón aceptó realizar una investigación administrativa para hallar al culpable.

El viernes, el presidente de la República decidió subirle un poco más el perfil al asunto y habló de “sabotaje a la seguridad nacional”.

En este punto, cabe anotar que nada de lo que difundió TV Ciudad escapa de lo que cabe esperar de servicios de inteligencia estándar: que estén atentos a la presencia de grupos de narcotraficantes, grupos de terroristas, grupos violentos, aunque sí hay indicios de que para hacerlo podrían no apegarse estrictamente al respeto de los derechos humanos.

Como sea, Argimón emprendió una investigación interna en el Parlamento y también aceptó una sugerencia del diputado César Vega, del Partido Ecologista Radical Independiente (que pertenece a la polémica comisión pero justo faltó el día que fue Garcé), y solicitó a los legisladores que entreguen sus teléfonos celulares para facilitar la investigación. El despropósito fue advertido por la senadora Liliam Kechichian, quien también llamó la atención sobre el hecho de que los “planes secretos” tienen que haber circulado por varias oficinas, además del Parlamento.

Manos libres

Lo de los celulares tal vez se le haya ocurrido a Vega después de asistir, como nosotros, a las idas y vueltas sobre la información que había en el teléfono de Alejandro Astesiano. El viernes se supo que el ex jefe de la seguridad presidencial tenía acceso a información reservada de la policía y del Ministerio del Interior en su oficina de la Torre Ejecutiva.

Por lo visto, Astesiano tenía bastantes atribuciones, aunque se las haya tratado de minimizar cuando Garcé y el prosecretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés, concurrieron a dar explicaciones al Parlamento.

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