El miércoles se desató una crisis política de consecuencias que todavía son impredecibles, porque involucran a dos ministros y a un asesor muy próximo al presidente de la República en graves irregularidades que surgen de la investigación en torno a la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset.
El sábado, el presidente Lacalle, que estaba en una gira por Estados Unidos, regresó al país y, tras reuniones con (lo que queda de) su equipo, dirigentes de la coalición gobernante y de la oposición, dio una conferencia de prensa en la que comunicó la salida del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, del número dos de la cartera, Guillermo Maciel, y de su asesor comunicacional Roberto Lafluf (que estaba en Río viendo la final de la Copa Libertadores).
La crisis, que se configura como la mayor desde el retorno de la democracia, comenzó el miércoles por la mañana, cuando declaró ante la Justicia la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache, quien dijo ante los medios (en las imágenes apareció junto a su abogado, el exfiscal Jorge Díaz) que su renuncia, ocurrida en diciembre de 2022, se había debido a que no quiso cometer un delito, dando a entender que ello le había sido ordenado por sus superiores.
Casi al mismo tiempo el semanario Búsqueda difundió audios que avalaban las declaraciones de Ache, ya que se escucha al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, conspirando para ocultar al Parlamento detalles de la entrega del pasaporte, así como sugiriendo a la subsecretaria que eliminara comunicaciones con el subsecretario del ministerio de Interior, Guillermo Maciel, en las que se informaba sobre la peligrosidad de Marset.
Asimismo, comunicaciones de Ache difundidas por el semanario mostraron que Lafluf organizó al menos una reunión para concertar la forma en que se ocultaría esa información al Parlamento. El asesor presidencial, una figura que encaja en lo que en la cultura anglo se llama shadowy, concertó ese encuentro en nombre del presidente Lacalle Pou, para cuyas campañas electorales trabajó en varias ocasiones.
En la noche de ese mismo día, Bustillo tuvo que renunciar a su puesto, aunque todavía sigue vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores como diplomático de carrera.
La oposición pedía su salida pero también la del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien ya iba a ser objeto de una interpelación por su responsabilidad en la trama ilegal de protección al exsenador Gustavo Penadés y era también fuertemente cuestionado por su gestión de la seguridad pública.
Mientras tanto, Cabildo Abierto, el socio más derechista de la coalición gobernante, evaluaba iniciar acciones si las explicaciones del presidente no convencen, lo que implicaría una reformulación de la coalición oficialista.
Tanto el Frente Amplio como Cabildo Abierto exigían el inmediato retorno de Lacalle Pou al país, pero el presidente no adelantó su llegada y arribó al país el sábado a mediodía.
Las salidas de Bustillo (y Ache), Heber, Maciel y Lafluf no solo suponen un temblor que afecta muy de cerca al presidente y que derivarán en nuevas investigaciones en las que tendría que declarar, sino que, además, sus propias palabras en la conferencia de prensa no alcanzaron para conocer cuál fue su responsabilidad en el ocultamiento y eliminación de información requerida por el parlamento.
Lo más grave sigue sin aclararse: por qué las más altas autoridades del gobierno se vieron involucradas en la entrega de un pasaporte a un narcotraficante requerido internacionalmente, y por qué hicieron tantos esfuerzos para ocultar ese involucramiento.
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