Sebastián Marset está prófugo con pedido de captura internacional. Lo buscan por narcotráfico en gran escala y otros delitos, que incluyen el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Su última migración legal fue la salida de Emiratos Árabes Unidos a comienzos de 2022, con un pasaporte que le otorgó, cuando estaba preso en ese país, el Estado uruguayo.

La concesión de ese pasaporte fue defendida desde el Poder Ejecutivo con argumentos falaces. Se alegó que un decreto de 2014 obligaba a satisfacer su pedido del documento sin demora y que quienes se lo otorgaron no sabían que era un delincuente de alto vuelo.

El decreto no dice eso, el Ministerio del Interior venía colaborando en la investigación internacional sobre Marset, y hubo alertas oportunas del servicio diplomático. Se supo luego que, cuando el narcotraficante ya había pedido el documento mediante su abogado, Alejandro Balbi, pero aún no se le había concedido, el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, le comunicó a su entonces par de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, que se trataba de “un narco muy peligroso y pesado”.

Interior y la cancillería insisten en que no se hizo nada ilegal, pero de todos modos cada ministerio señala como exclusivo responsable al otro. Hoy es obvio que en los dos se sabía quién era Marset y que hubo responsabilidades de ambos.

Además, Ache declaró en Fiscalía el miércoles de esta semana que las cúpulas de los dos ministerios se reunieron, antes de la interpelación por el caso Marset a los ministros Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber, para tramar de qué modo podían evitar que el Parlamento y la ciudadanía se enteraran de que había existido esa comunicación entre Maciel y ella.

También declaró que luego el asesor presidencial Roberto Lafluf convocó a ambos subsecretarios al piso 11 de la Torre Ejecutiva, en nombre del presidente Luis Lacalle Pou, para pedirles y lograr que borraran de sus celulares el registro de la comunicación sobre Marset, que le dijo a ella que obtuviera una certificación notarial de que su teléfono no contenía tal registro, y que al día siguiente le comunicó que él había destruido el informe al respecto que Ache había presentado en cancillería para que se le entregara a la Justicia.

La hoy exsubsecretaria aportó grabaciones de conversaciones telefónicas previas con Bustillo, en las que este le sugirió que “perdiera” su celular y le aseguró que movería influencias para lograr que la investigación administrativa en cancillería no fuera “tan incisiva” y no la obligara a entregar el registro de sus chats con Maciel.

Bustillo, tras renunciar el mismo miércoles, contraatacó ayer en Fiscalía, y parece claro que tanto él como Ache tuvieron conductas indebidas, pero lo central está en otra parte. No se intentó ocultar una torpeza ni un error, sino la prueba de que desde el Estado se colaboró con la fuga de un criminal sabiendo que lo era. No hay aún evidencia de cuáles fueron los motivos, pero cualquiera de los imaginables es atroz.

Lacalle Pou vuelve recién hoy a un país que necesita con urgencia explicaciones claras y decisiones drásticas.