Originalmente las vacaciones de julio de los escolares estaban pautadas para la semana del 17 al 21 de julio, pero debido al aumento en las enfermedades respiratorias la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) las adelantó y las extendió a dos semanas, desde el 3 al 14 de julio. Esto provocó que varias familias y los operadores turísticos se preocupen, porque ya había muchos viajes planificados para las fechas originales. En este escenario, la ANEP confirmó que a aquellos niños y niñas que tenían planes para esa semana no se les pondrá la falta si pueden justificarlo.
En rueda de prensa el presidente de la ANEP, Robert Silva, explicó que fue una decisión de emergencia y no por eso se debe perjudicar a los niños. “Por razones sanitarias, a pedido del Ministerio de Salud Pública tuvimos que cambiar las vacaciones en Inicial y Primaria. Y por supuesto vamos a atender la situación de los estudiantes que tienen previsto el viaje familiar. Van a atenderse esos casos. Hay que plantearlo en cada centro educativo, pero la idea es atender la situación, no computar la falta e incluso hacer un acompañamiento por esa semana que no van a asistir a clases”, dijo Silva.
“Acá hubo una situación de fuerza mayor y hubo que cambiar las vacaciones. ¿Cómo vamos a sancionar a un estudiante o sancionar a su familia?”, apuntó Silva, y agregó que las autoridades tienen “firme esperanza de volver luego de estas dos semanas de vacaciones a la presencialidad. Con dos semanas se corta la circulación, lo que históricamente fueron las vacaciones de julio. Así que estamos esperanzados de que en la tercera semana a partir del 17 volvemos a la presencialidad”.
Asimismo, hizo referencia a algunas situaciones puntuales que plantearon los colegios privados sobre extender una semana más las vacaciones para que no se afecte la planificación original y apoyarse en la virtualidad. Ante esto, Silva detalló: “Lo que a las familias les tiene que quedar claro es que las vacaciones por esta situación sanitaria son del 3 al 14 y si hay acompañamiento a distancia corre por cuenta de los centros, pero los chiquilines están de vacaciones, que es lo que estamos estableciendo por cuestiones sanitarias”.
El jerarca agregó: “no pueden extenderse las vacaciones más allá del 14 sin que lo resuelva el Codicen. Si algún centro quiere usar sus asuetos, lo puede hacer en coordinación con la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). Pero para públicos y privados las vacaciones de julio por el corte sanitario son del 3 al 14 de julio, todos, sin distinción”.
Ausentismo y apoyo
La Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Pública (FUM-TEP) aún está a la espera de que la DGEIP le brinde una reunión, luego de que la semana pasada la solicitara de carácter urgente tras las idas y vueltas del Codicen para decidir el calendario de julio y la modalidad.
Ante las recientes declaraciones de Silva sobre el cómputo de las asistencias y las inasistencias, Gabriela Arbeleche, integrante del secretariado ejecutivo del sindicato de maestros y trabajadores de Primaria, señaló a la diaria que tienen una especial preocupación por “el ausentismo que se pueda generar, más allá de que la realidad de las familias es totalmente entendible”.
En ese marco, reiteró que la exigencia que plantea la FUM-TEP desde la vuelta a la presencialidad tras la pandemia, y que reiteraron, es el “apoyo a los procesos de aprendizaje de aquellos alumnos que tienen rezago por la falta de presencialidad, con maestros que no sean los del aula, sino que el niño pueda tener un maestro que esté disponible para atender esas situaciones”.
En cuanto a la posibilidad de que las clases no se retomen luego del 17 de julio por razones sanitarias, Arbeleche señaló que será el Ministerio de Salud Pública el que establecerá si están las condiciones dadas para la vuelta a la presencialidad. En ese marco, desde la FUM-TEP mantienen la postura de que “no hay nada” que “sustituya” la presencialidad.
En caso de virtualidad, afirmó que se utilizaría la modalidad “sabiendo que no participan todos, porque hay niños que no tienen computadora, internet, ni un adulto referente”. Por esa razón, enfatizó en “la necesidad de que existan esas figuras de maestros que puedan ayudarlos, porque ya pasaron por un proceso y, en general, serán los mismos niños que quedaron excluidos” anteriormente, durante la emergencia sanitaria.
Para todos igual
Por otro lado, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), Sergio Sommaruga, está de acuerdo con que “todo el sistema educativo debe estar bajo gobernanzas institucionales” y, por tanto, considera que en este caso la ANEP es representante estatal, por lo cual “es pertinente la demarcación que hace”.
En cuanto a los asuetos, explicó que las instituciones privadas tienen cuatro al año pero que están establecidos en una planificación anual que es entregada a las direcciones de Primaria y Secundaria al inicio del año. Subrayó que reglamentariamente se necesita pedir autorización para realizar cambios. “El problema es que las instituciones privadas pensaron que autónomamente podían utilizar esos días, pero no lo pueden hacer, no pueden hacerlo indiscrecionalmente”, sentenció Sommaruga.
A pesar de que la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) pidió al Codicen que del 3 al 7 de julio los centros educativos privados puedan tener la posibilidad de brindar clases virtuales, el dirigente sindical opinó que “desde el punto de vista de lo pedagógico y los procesos de enseñanza” la virtualidad “tiene deficiencias notorias”.
Si bien remarcó que “cuando no queda otra y hay procesos largos como la emergencia sanitaria”, la virtualidad “era el mal menor que había que sostenerlo”, para circunstancias como la actual afianzó que es “fundamental asegurar dispositivos pedagógicos posreceso, presenciales, de acompañamiento a los chiquilines que tienen mayor rezago y presenten mayores dificultades para el reenganche”.
Sobre las inasistencias, Sommaruga mostró preocupación al igual que Arbeleche. Por un lado, señaló que hasta el momento desconoce la existencia de una resolución que establezca concretamente cómo se computarán las asistencias e inasistencias en el caso de los estudiantes y también de los docentes. “Ha habido mucha desprolijidad en la comunicación, genera incertidumbre e imprevisibilidad”, puntualizó.
Asimismo, señaló que la preocupación va “más allá” de este caso puntual: narró que no computar las inasistencias es una medida que ha tomado este gobierno en varias ocasiones, como durante la emergencia sanitaria y cuando cambió el criterio del pasaje de grado. “Esto es complicado porque acá la educación es obligatoria y la obligatoriedad no tiene otra forma de materializarse que a través de la lista. Es obligatorio cursar y para eso el mecanismo es el de la asistencia”, esbozó.
A modo de cierre, Sommaruga puntualizó que, como trabajadores de la educación, “lo importante es que la institucionalidad educativa esté clara y definida, y que todos los actores se apeguen a eso. Después cada empresa y colegio evaluará desde el punto de vista de sus intereses y cómo les afecta”. Agregó, en resumen, que “lo que importa es que las cosas funcionen sin privilegios, sin excepciones, que es lo mejor”.
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