La iglesia católica propuso a la Institución Nacional de Derechos Humanos operar como un canal de comunicación entre el organismo y las personas que tengan información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. Ni bien se conoció la propuesta, varios represores la calificaron como “muy loable, pero de muy difícil aplicación”. “El problema es que nosotros no podemos entrar a las iglesias porque nos prendemos fuego y terminamos reducidos a cenizas. La cruz, el agua bendita, la simbología religiosa en general nos hace un daño tremendo. La piel se nos pone roja, empezamos a echar humito de a poco y cuando nos queremos acordar ya estamos ardiendo en medio de escalofriantes alaridos que parecen provenir desde las entrañas del infierno”, explicó un exoficial que participó en innumerables violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar.
La esperanza: “Confiamos en que la posibilidad de asistir personalmente sirva para que las personas se animen a hacer lo que no se animan a hacer mediante una casilla de correo electrónico”. Monseñor Daniel Sturla, creyente.