Diez personas declararon contra el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés por explotación sexual de adolescentes. Todas coincidieron en que el senador les ofrecía dinero a cambio de mantener actos sexuales.
Algunas de las víctimas también señalaron al exprofesor del Liceo Militar Sebastián Mauvezin por reclutamiento y ofrecimiento a Penadés y a otros varones adultos.
Según informó El Observador y confirmó la diaria, la Fiscalía va a pedir la imputación de Penadés y de Mauvezin por explotación sexual de adolescentes. Pedirá, además, que sea con prisión preventiva.
En la audiencia que tendrá lugar el martes 10 de este mes, la jueza a cargo, Marcela Vargas, deberá definir si acepta la imputación y esta medida cautelar.
La ley de urgente consideración (LUC), que fue impulsada por el gobierno, modificó en su artículo 34 el artículo 224 del Código Penal, que refiere a los requisitos para disponer la prisión preventiva. Además de los riesgos procesales que se toman en cuenta a la hora de disponer esta medida cautelar, como son la posibilidad de fuga, el entorpecimiento de la investigación y el riesgo para la seguridad de la víctima y la sociedad, se expresa que estos riesgos se presumen de hecho cuando se imputan ciertos delitos sexuales: violación, abuso sexual, abuso sexual agravado, atentado violento al pudor. Es decir, si Penadés fuera imputado con alguno de estos delitos, la Fiscalía necesariamente debería solicitar la prisión preventiva y la Justicia debería seguir la normativa que rige desde la LUC.