La incidencia de la diáspora y de la historia reciente

“Los campos de concentración están prohibidos por el derecho internacional y quienes los desarrollan se transforman en criminales de lesa humanidad.” Las palabras del primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, no pasan desapercibidas en la plataforma X (antes Twitter) el 9 de octubre. Dos días antes, había señalado la diferencia en la forma en que las potencias occidentales trataban “la ocupación rusa en Ucrania” y “la ocupación israelí en Palestina”. La frase inicial del primer comunicado de la diplomacia colombiana publicado en la mañana del 8 de octubre llamaba al “diálogo entre Israel y Palestina”. Allí, Colombia condena los actos de violencia de Hamas contra civiles israelíes, pero no los califica de “terroristas”. Al mismo tiempo, denuncia los ataques contra civiles palestinos.

Cuando el ministro de Defensa israelí Yoav Galant anuncia el sitio de Gaza, el 9 de octubre, explicando que estaba luchando contra “animales humanos y [actuando] en consecuencia”, Petro replica: “Esto decían los nazis de los judíos. Los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional. Israelíes y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional. Este discurso del odio, si prosigue, sólo traerá un Holocausto”. El embajador israelí en Bogotá, Gali Dagan, propone entonces a Petro visitar con él el campo de concentración de Auschwitz. “Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza”, responde el presidente latinoamericano, siempre en la exTwitter. “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. Al presidente de Colombia no se le insulta”, advierte en respuesta a la citación conminatoria de la embajadora de Colombia por parte de la Cancillería israelí, que había calificado al jefe de Estado colombiano de “hostil” y “antisemita” (X, 15 de octubre). El 10 de noviembre, ante la intensidad y la amplitud de la masacre, y tras el bombardeo de varios hospitales de Gaza, Petro anuncia que los equipos jurídicos de su gobierno preparan actuaciones contra Israel ante todos los tribunales internacionales. El 13 de noviembre, anuncia en X que “Colombia presentará proposición en Naciones Unidas para que Palestina sea aceptada como Estado pleno”.

Semejante actitud causa tanto más impacto cuanto que en otras partes del mundo las proclamas de apoyo incondicional a Tel Aviv van de la mano de llamamientos a la moderación más bien tímidos. Excepto en América Latina, una región que se hace notar una vez más.

Cuando Israel bombardea el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, el 31 de octubre, Colombia no es el único país de la región que retira a su embajador en Tel Aviv: Belice y Chile hacen lo mismo, mientras que Bolivia llega al punto de romper relaciones diplomáticas con Israel: el presidente Evo Morales (2006-2019) ya las había roto en 2009, pero tras el golpe de Estado del que fue blanco en 2019, las relaciones con Israel fueron restablecidas por la dictadora Jeanine Áñez. Dos días después, es Honduras el país que retira a su embajador. Podíamos esperar encontrar en esta lista a Cuba y Venezuela, pero hace tiempo que no mantienen relaciones diplomáticas con Tel Aviv. Estos últimos dos países multiplican sus condenas a Israel en los términos más enérgicos. “Hay que echar a los países árabes de la Liga Árabe y reemplazarlos por Chile, Bolivia, Colombia...”, concluye Taoufiq Tahani, presidente honorario de la Association France Palestine Solidarité (AFPS), el 1º de noviembre en X.

Más moderada debido a su importante comunidad judía –cuenta con nueve nacionales entre las víctimas del atentado del 7 de octubre, y 21 entre los rehenes de Hamas–, Argentina condena los bombardeos israelíes, al igual que Perú y México.

Brasil, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina anuncian el envío de ayuda humanitaria a Gaza. Incluso Venezuela, que sigue en una situación económica desastrosa, envía un cargamento de 30 toneladas a los palestinos.

El continente sudamericano alberga una importante diáspora palestina, estimada entre 600.000 y un millón de personas, con una fuerte presencia en Chile, donde vive la mayor comunidad fuera de Medio Oriente (entre 350.000 y 400.000 personas). Con excepción de Panamá, todos los países del continente reconocen al Estado de Palestina. México tiene la particularidad de no haberlo hecho, pero a la vez tener un embajador palestino, Mohamed Saadat, además de una representación en Ramala.

Hasta esta guerra, la mayoría de los países del continente mantenían relaciones diplomáticas con Israel. Tras una década de vacilaciones¹, condenando sin reservas la opresión de los palestinos y considerando al mismo tiempo legítima la existencia de Israel a la vista del sufrimiento de los judíos a lo largo de la historia, Cuba finalmente decide romper relaciones en 1973 e incluso envía tropas a los Altos del Golán para apoyar a las fuerzas sirias durante la guerra del Yom Kipur. Incluso antes de que la revolución socialista llegara al poder, la isla fue el único país del continente americano que se opuso al plan de partición de Palestina en 1947, protestando contra la desposesión de los palestinos. Desde 1992, junto con Estados Unidos, Israel vota de forma sistemática en contra de todas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que denuncian el embargo estadounidense contra Cuba. En la votación más reciente, el 2 de noviembre, por 31º año consecutivo, una abrumadora mayoría de 187 países votó a favor del levantamiento del embargo. Dos votaron en contra: Estados Unidos e Israel. Uno se abstuvo: Ucrania.

Acusaciones del pasado reciente

En cuanto a Venezuela, el presidente Hugo Chávez había roto vínculos con Tel Aviv en 2009 después de la guerra de Gaza, que duró un año y provocó la muerte de más de 1.000 palestinos. En aquel momento, condenó “la doble vara” de la política estadounidense, que acusaba a Venezuela de apoyar el terrorismo al mismo tiempo que respaldaba el terrorismo israelí. Chávez también acusó al Mossad [servicio de inteligencia exterior israelí] de intentar matarlo y a Israel de financiar a la oposición venezolana. Diez años después, cuando el líder opositor Juan Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela en 2019, Israel le abrió una embajada en Tel Aviv. Ese mismo año, el gobierno venezolano acusó a un grupo de “terroristas israelíes” de haber participado en la planificación del asesinato del presidente Nicolás Maduro.

En su tuit del 15 de octubre, el presidente colombiano se refiere a los israelíes Yair Klein y Rafael Eitan, a quienes acusó de haber desatado “la masacre y el genocidio en Colombia”. “Algún día, el Ejército y el Gobierno de Israel nos pedirán perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra”, escribió entonces Petro. En el marco de una larga cooperación en materia de seguridad y defensa entre los distintos gobiernos de derecha de Colombia e Israel, instructores del Ejército israelí entrenaron a la División de Fuerzas Especiales (EJC) del Ejército colombiano². Rafael Eitan, calificado en Israel de “maestro-espía” del Mossad, es acusado de estar en el origen del plan orquestado por el expresidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) para organizar la masacre de más de 6.000 miembros del partido Unión Patriótica, fundado en 1985 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Partido Comunista después de un plan de paz³.

En cuanto a Klein, antiguo teniente coronel del Ejército israelí y jefe de una compañía de mercenarios al servicio de los narcotraficantes, la justicia colombiana lo condenó en 2001 por rebeldía a diez años y ocho meses de prisión por “instrucción, entrenamiento en tácticas, técnicas y procedimientos militares terroristas agravados por haber sido cometidos por mercenarios, y por complot en la comisión de un crimen”. También está acusado por la justicia colombiana de formar escuadrones de la muerte para poner al servicio de grandes terratenientes y personalidades políticas, a partir de la década de 1980, las tristemente célebres Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusadas de atrocidades masivas contra la población civil: 70.000 muertos y más de tres millones de desplazados entre 1985 y 2005. Klein pasa sus días de vejez en Israel, que se negó a extraditarlo. Insiste en que su actividad en Colombia había sido aprobada de antemano por los gobiernos israelí y colombiano⁴.

En América Latina, Israel también extiende su influencia política a través del fenómeno religioso evangélico⁵, una corriente del protestantismo con 133 millones de fieles en todo el continente en 2020. Los evangélicos hacen del apoyo a Israel una causa central por motivos religiosos: el establecimiento de todos los judíos en la tierra de Israel sería, según ellos, la condición para reconstruir el Templo de Jerusalén a fin de permitir el retorno de Cristo. En los últimos años, este “sionismo cristiano” adquiere un alcance sin precedentes y despliega una influencia considerable en la región. El movimiento evangélico contribuyó enormemente a que Jair Bolsonaro fuera electo presidente de Brasil en 2018. ¿Acaso su peso político en ese país explique las vacilaciones del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva?

Porque la actitud de Brasil respecto de la guerra en Gaza sorprendió un poco, dado el reconocido compromiso internacionalista del presidente Lula. Uniéndose al coro de las naciones occidentales, este último denunció de inmediato los ataques “terroristas” de Hamas, al mismo tiempo que abogaba por negociaciones en vistas a una solución con dos Estados, una perspectiva de paz que se encuentra en un impasse⁶, exigida por la mayor parte de los países latinoamericanos para intentar salir de los engranajes de la violencia. Brasil, que asumió la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad en octubre, es candidato a obtener un puesto permanente. El 18 de octubre presentó una tímida resolución (bloqueada por el habitual y previsible veto estadounidense) en la que pedía “pausas humanitarias” mientras Israel bombardeaba a los civiles de Gaza, a quienes Tel Aviv impone un sitio privándolos de agua, alimentos, electricidad y combustible tras 16 años de bloqueo, tres guerras y una sociedad asfixiada en todos los ámbitos. El texto de la resolución condena “todos los actos de violencia y hostilidad dirigidos contra civiles, así como todos los actos de terrorismo”, incluidos “los atroces atentados terroristas perpetrados por Hamas” y la toma de rehenes civiles. No hay alto el fuego entonces [salvo la pausa de cuatro días para intercambiar rehenes por prisioneros, iniciada el 24 de noviembre], aunque Lula da Silva lo pida en sus declaraciones en X.

El 25 de octubre, sin embargo, el presidente brasileño empieza a hablar de “genocidio” contra los palestinos ante la prensa. Se acercaba entonces el final de la presidencia brasileña en el Consejo de Seguridad. “Adoptar una resolución en la ONU es una misión difícil, pero no imposible. Trabajaremos hasta el final para conseguirlo”, quería creer un negociador brasileño citado por Le Monde (27 de octubre). “Hasta el final”, es decir, el 31 de octubre, fecha en la cual el presidente brasileño, que no consiguió nada, denunció a Hamas sin nombrarlo. “¿Y los irresponsables que hicieron la guerra ahora están llorando la muerte de estos niños, sintiendo el peso de las cosas?”, preguntaba en la red X mientras Israel llevaba 24 días bombardeando Gaza. ¿Sería este el precio de obtener el reconocimiento de la “comunidad internacional”?

Meriem Laribi, periodista. Traducción: Merlina Massip.