Un “amigo” que no es como los demás

“Tenga a bien recibir mis más sinceras felicitaciones por su llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Brasil”. El 2 de abril de 1964, dos días después del golpe militar que derrocó al presidente laborista João Goulart, su homólogo estadounidense se convirtió en el primer jefe de Estado extranjero en reconocer a las nuevas autoridades.¹ El correo urgente de Lyndon Johnson estaba dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Pascoal Ranieri Mazzilli, a quien el Congreso, bajo la presión de los militares brasileños, acababa de confiarle la presidencia de la República. Transcurridos 15 días de estos acontecimientos, Mazzilli cedió de forma directa la presidencia al mariscal Humberto Castelo Branco. La dictadura militar se instaló hasta 1985 en el Palacio de Planalto [sede del Poder Ejecutivo brasileño] con la aprobación de Washington.

Al llegar al poder en 1961, Goulart pretendía iniciar una reforma agraria y nacionalizar las empresas estratégicas de varios sectores (petróleo y energía, minería, telecomunicaciones, etcétera), lo que implicaba la expropiación de compañías estadounidenses. También pretendía llevar adelante una “política exterior independiente”. Brasilia había restablecido relaciones diplomáticas con la Unión Soviética a fines de 1961 (estaban rotas desde 1947) e iniciado los primeros intercambios comerciales con la China maoísta. Cuando, algunos meses más tarde, Goulart se negó a apoyar la política estadounidense contra Cuba, para Washington esa fue la gota que rebalsó el vaso.

El éxito de los golpistas en 1964 se debió en gran medida al trabajo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). En el momento de las elecciones legislativas de octubre de 1962, ambas financiaron a las fuerzas que se oponían al gobierno de Goulart, allanando así el camino para que los militares, después, entraran en escena. La victoria de los conjurados también se debió al activismo del embajador estadounidense Lincoln Gordon, al igual que al de su agregado militar, el coronel Vernon Walters, amigo personal del mariscal Branco. Los dos diplomáticos siguieron de cerca durante meses los preparativos de los conspiradores.

¿Una era clausurada, otro mundo? Sin duda. La Guerra Fría terminó. Desde comienzos del siglo XXI, Brasil forma parte de las nuevas potencias mundiales. Campeón económico de América Latina, el país podría elevarse al rango de primera potencia agrícola del mundo en los próximos años, superando a Estados Unidos. Rico en recursos naturales colosales (es la primera reserva mundial de agua dulce, la segunda en tierras raras, hidrocarburos, minerales, etcétera), es un invitado habitual al club de las diez mayores economías del globo, como ocurre en este 2026.

Miembro fundador de los BRICS (junto con Rusia, India y China, a los que pronto se unió Sudáfrica), también integra el G20 y dispone de una red diplomática que se extiende a más de 200 países. Desde 2009, China se convirtió en su principal socio comercial. Hoy Brasil exporta más a China que a Estados Unidos y Europa juntos. Los principales productos que Brasil suministra a la segunda potencia mundial son oleaginosas (sobre todo soja), otros productos agrícolas, carne, petróleo y minerales. En 2025, los intercambios comerciales entre ambos países alcanzaron la cifra de 171.000 millones de dólares, un récord histórico,² y Brasil se convirtió en el principal destino de las inversiones chinas a nivel mundial (infraestructura, transición energética, etcétera).

La era Lula

Los dos primeros mandatos –entre 2003 y 2011– del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, así como los de su sucesora, Dilma Rousseff, interrumpidos en 2016 por su destitución, impulsaron estos avances en el marco de una estrategia de diversificación que, en sus principios, era similar a la que Goulart había buscado en su momento. Esta política se vio favorecida por el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 y la apertura de su gigantesco mercado a los productos brasileños, esenciales para su propio desarrollo. También se benefició de la pérdida de influencia de Estados Unidos en la región, dado que este país se estaba involucrando en su cruzada contra el terrorismo. Sin embargo, los hilos de la injerencia de Washington en Brasil nunca se rompieron.

En 2013, el lanzador de alertas y exempleado de la CIA Edward Snowden reveló que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) espiaba las comunicaciones personales de Rousseff, así como las de varios ministros y directivos de Petrobras, la empresa nacional de hidrocarburos. En ese momento, Brasil acababa de descubrir importantes yacimientos de petróleo en aguas profundas –conocidos como depósitos presal– en la Cuenca de Santos, ubicada frente a las costas del estado de Río de Janeiro. Se estimaba que las reservas oscilaban entre 8.000 y 12.000 millones de barriles de crudo. La operación de guerra económica tenía como objetivo suministrar al gobierno estadounidense la mayor cantidad de información posible sobre los yacimientos (tamaño, composición, reservas, etcétera) y el marco regulatorio que determinaría la asignación de concesiones de explotación. El objetivo era también conocer por anticipado cada decisión estratégica de Petrobras y determinar hasta qué punto la presidenta Rousseff pretendía favorecer a las empresas chinas y rusas en el negocio. Estas revelaciones provocaron una crisis diplomática inédita entre Brasilia y Washington.

Algunos años más tarde, en 2018, en el contexto del escándalo de corrupción llamado Lava Jato, el juez Sérgio Moro, responsable de las investigaciones, ordenó la detención del expresidente Lula. Eliminado de la carrera por las elecciones presidenciales, que prometía un duelo entre el antiguo sindicalista y el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, Lula fue liberado en 2019, antes de que sus condenas fueran anuladas por el Supremo Tribunal Federal en 2021.³ El sitio web de noticias The Intercept reveló en 2020 los vínculos secretos que los investigadores brasileños mantenían desde 2015 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).⁴

Sin que lo supiera la jerarquía judicial brasileña, los investigadores brasileños comunicaron al Departamento de Estado y al FBI información sensible sobre el caso, que estos utilizaron para sancionar a Odebrecht (renombrada Novonor en 2020) y Petrobras, que eran las empresas vinculadas al escándalo, en virtud de la ley estadounidense Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Esta legislación tiene como blanco aquellas prácticas de corrupción de funcionarios públicos extranjeros a las que Washington considera una distorsión del mercado que perjudica los intereses de sus propias empresas.⁵ Permite al gobierno estadounidense atacar a cualquier empresa del mundo. Odebrecht y Petrobras, pivotes clave en la estrategia de influencia económica de Brasil en América Latina y África, fueron condenadas a pagar multas por un total aproximado de 3.500 millones de dólares. El antiguo emblema del sector de la construcción, sobreendeudado, se declaró insolvente en 2019 e inició un proceso de reestructuración financiera con las autoridades locales que todavía está en curso.

La nueva elección

“No somos una colonia y no seremos la colonia de nadie”. El 7 de setiembre, con motivo de la fiesta de la Independencia, el presidente Lula, que estaba en plena lucha por un cuarto mandato, denunció en un mensaje transmitido en video a las “potencias extranjeras que quieren transformar Brasil en una nueva colonia” y advirtió: “Ningún gobierno extranjero tiene derecho a decirnos a quién podemos comprarle y a quién podemos venderle”. Apuntaba, por supuesto, a Estados Unidos. Desde el retorno de Donald Trump al poder en 2025, las ofensivas de Washington contra Brasilia se multiplicaron.

El expresidente Bolsonaro (2019-2023) fue condenado en 2025 por un intento de golpe de Estado. Su clan familiar se beneficia del apoyo total de Trump. El 16 de junio, Eduardo Bolsonaro, tercer hijo del “capitán”, fue condenado a cuatro años de prisión por los tribunales de su país por haber solicitado a las autoridades estadounidenses –y obtenido– la aplicación de sanciones comerciales contra Brasil en represalia por el juicio contra su padre: entre agosto y noviembre de 2025 se aplicó una sobretasa aduanera de un 40 por ciento a numerosos productos provenientes de Brasil.

De este modo, Washington somete a Brasilia a aranceles aduaneros que se flexibilizan o se endurecen según la coyuntura. Pocas semanas antes de la primera vuelta de las elecciones generales del 4 de octubre, el gobierno estadounidense, favorable a la candidatura del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, impuso aranceles del 37,5 por ciento a varios productos agrícolas y mineros (incluido el acero). En respuesta, el gobierno brasileño analizó de inmediato la posibilidad de aplicar una ley de reciprocidad, pero manteniendo al mismo tiempo un canal de negociación con las autoridades estadounidenses.

En el plano político, estas últimas ya no disimulan sus embates y persiguen una estrategia para desacreditar a las instituciones de la democracia brasileña, en particular a sus sistemas electoral y judicial. Trump acusa con regularidad al Supremo Tribunal Federal (STF) de haber condenado de forma injusta a su amigo. Alexandre de Moraes, el juez que estuvo detrás de esa decisión, quedó hoy en el centro de un nuevo caso que podría convertirse en un escándalo político y financiero que desgarre a la institución.

Estos acontecimientos tienen lugar mientras la “Doctrina Donroe” (un neologismo que proviene de la contracción de “Donald” y “Monroe”) entra en una nueva fase. La doctrina asigna tres objetivos principales a la política exterior de Washington destinada a su antiguo “patio trasero”: reorientar los recursos estratégicos regionales hacia las cadenas de valor y producción de Estados Unidos; imponer a los gobiernos locales, en materia de política interior, que tengan en cuenta las exigencias de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración; y, por último, expulsar del continente a los “competidores no hemisféricos” (o sea, a China).⁶ Fundado en marzo pasado, el “Escudo de las Américas” reúne a presidentes que van desde Javier Milei (Argentina) hasta Nayib Bukele (El Salvador), los “procónsules” latinoamericanos de Trump, dentro de una nueva alianza de seguridad considerada oficialmente necesaria para combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. Cuenta con 19 miembros desde la adhesión de Colombia, liderada por el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.

Washington anunció la creación, en ese marco, de una “fuerza operativa interarmada del hemisferio occidental”, cuyo objetivo sería extender a todo el continente las misiones de la operación Lanza del Sur, todavía vigente en el Caribe. Por su parte, el Departamento de Estado amplió la lista de cárteles latinoamericanos designados como “organizaciones terroristas extranjeras”. Esta denominación justifica, para su legislación, legalmente la intervención de las fuerzas armadas estadounidenses fuera del territorio nacional. En mayo, Flávio Bolsonaro fue a la Casa Blanca para solicitar –y obtener– que esta designación fuera aplicada a dos organizaciones brasileñas: el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC).

El tour del canciller

En el transcurso de sus viajes regulares a la región, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, multiplicó las advertencias sobre la presencia china en América Latina. Anunció nuevos acuerdos de cooperación en materia de seguridad. “Es formidable constatar que, con la excepción de Nicaragua, Cuba, Venezuela [...] y, por supuesto, Brasil –aunque este último país se encuentra en plena campaña electoral– [...], nuestra región está poblada por aliados de Estados Unidos, dirigentes amigos de Estados Unidos, y sigue una orientación favorable a Estados Unidos” (7), declaraba el 2 de junio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

En semejante contexto, en el cual Brasil es hoy, junto con su vecino Uruguay, el último país gobernado por la izquierda en América del Sur, ¿estuvo mal que su gobierno negara el 24 de julio pasado la visa a dos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos? Estos últimos afirmaban que querían reunirse in situ con autoridades electorales, líderes religiosos y representantes de organizaciones sociales. La decisión llevó de inmediato a Washington a revocar la visa de la embajadora de Brasil en Estados Unidos. De modo simbólico, esto ocurrió tres semanas antes del lanzamiento de una campaña oficial para determinar quién, entre el candidato respaldado por Trump y el presidente saliente, va a quedar al frente, en pocos meses más, de la primera potencia latinoamericana.

Christophe Ventura, periodista de la redacción de Le Monde diplomatique (París). Traducción: Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.