La naturaleza como sujeto de derecho

“Pasábamos horas y horas bañándonos en aguas de una transparencia absoluta”, recuerda Isabel Rubio Pérez con un álbum de fotos en blanco y negro sobre el regazo. Esta maestra jubilada vivió “los momentos más felices” de su infancia en el pueblo de Los Nietos, al sur de la laguna de Mar Menor. Hoy, el paraíso de su juventud ya pertenece a un recuerdo lejano. Un balneario fantasma se tragó al pueblo de pescadores, mientras que las algas –testigos de años de contaminación por nitratos– cubren una gran parte de la laguna.

Situada en la región de Murcia, en el sureste de España, Mar Menor es la laguna de agua salada más grande de Europa. Separada del Mediterráneo por La Manga –una lengua de arena de 22 kilómetros donde se alzan hoteles y edificios turísticos–, se extiende sobre una superficie de 135 km², casi el doble que la laguna de Thau. Su cuenca hidrográfica cubre más de 1.500 km² de antiguos desiertos donde ahora crecen hortalizas bajo cobertores de plástico blanco, irrigadas por plantas desalinizadoras y nutridas con fertilizantes químicos. En esta subregión de Campo de Cartagena, el sector agrícola representa alrededor del 20 por ciento de la economía local.

“La zona genera millones de euros en exportaciones, pero hoy sabemos que esa producción está en el origen de la devastación de la laguna”, se lamenta Rubio Pérez, quien milita en la asociación ecologista Pacto por el Mar Menor. La urbanización, sumada a la sustitución de los cultivos en terrazas por sistemas de producción intensiva, intensificó la escorrentía. “Ya en la década de 1980, los científicos del Instituto Español de Oceanografía alertaban sobre los riesgos de eutrofización de la laguna [enriquecimiento excesivo del agua con nutrientes que favorece la proliferación de algas y puede reducir el oxígeno disponible para la vida acuática], pero nosotros, como ciudadanos, no nos dimos cuenta”, señaló la activista.

La primera gran crisis se produjo en 2017. El agua, hasta entonces cristalina, se volvió repentinamente opaca debido a la proliferación de microalgas. Este episodio, llamado “sopa verde”, debería haber servido de advertencia, pero las actividades económicas continuaron hasta el 12 de octubre de 2019. Ese día, los habitantes encontraron miles de peces, cangrejos y anguilas muertos en la orilla. Las lluvias, de una intensidad sin precedentes, habían arrastrado sedimentos agrícolas y cantidades excesivas de nitratos que terminaron asfixiando la vida acuática. En 2021 se produjo una crisis similar. Como resultado, en cinco años la laguna perdió el 85 por ciento de su fauna submarina, entre ella la mayor parte de su población de hipocampos, el símbolo de Mar Menor.

“Esas imágenes terribles marcaron a toda la población local”, recuerda María Teresa Vicente Giménez, profesora de Derecho en la Universidad de Murcia. Miles de ciudadanos salieron entonces a las calles para exigir medidas de protección del ecosistema. La jurista propuso una iniciativa legislativa popular (ILP) cuyo objetivo era otorgar personalidad jurídica a la laguna.

Desde la década de 1990, la laguna ya estaba clasificada como zona del humedal Ramsar, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), espacio de la red Natura 2000... “Es una verdadera paradoja: aunque el lugar se beneficiaba de múltiples niveles de protección, su estado de salud se degradó y la situación se agravó por efecto de las fuentes de contaminación cada vez más numerosas”, se lamenta Pedro José Sánchez Sánchez, concejal socialista de Los Alcázares. “Hacía falta un cambio de paradigma más radical, un movimiento por la justicia ecológica que considerara la naturaleza como sujeto de derecho, y no ya como una mera fuente de ganancias”, agrega Vicente Giménez.

Respaldada por más de 600.000 personas, la iniciativa legislativa popular superó el umbral necesario para ser debatida en el Parlamento, que aprobó el 30 de setiembre de 2022 una ley que reconocía la personalidad jurídica de Mar Menor y de su cuenca. De este modo, la laguna obtuvo un derecho fundamental a la existencia, al que se sumaron derechos de protección, conservación y restauración.

España fue pionera en Europa al reconocer personalidad jurídica a un ecosistema, inspirándose en diversos sistemas jurídicos de todo el mundo, algunos de ellos concebidos originalmente por comunidades indígenas. En Ecuador, la Constitución otorga a la naturaleza el estatuto de sujeto de derecho desde 2008. En Nueva Zelanda, el Parlamento dotó de derechos propios al río Whanganui en 2017. India siguió el mismo camino al reconocer al Ganges y a su afluente, el Yamuna, como personas jurídicas. En numerosos países, ya sea por vía constitucional, legislativa o por la jurisprudencia, se reconoce a los ecosistemas un valor intrínseco, independientemente de su utilidad para el ser humano.

“España demuestra que esta evolución jurídica es compatible con la cultura occidental”, sostiene Marine Yzquierdo, abogada especialista en derecho ambiental y corresponsable de la comisión “derechos de la naturaleza” en el Colegio de Abogados de París. “En nuestro sistema jurídico, las empresas son personas jurídicas. Es técnicamente posible otorgar también personalidad jurídica a los ecosistemas sin poner en duda la distinción entre las personas y las cosas”.

A pesar de las voces disidentes en su seno, el Tribunal Constitucional español se pronunció en este sentido el 20 de noviembre de 2024, después de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el grupo parlamentario de extrema derecha Vox contra la ley de 2022: “El alto tribunal consideró que la personalidad jurídica de la entidad natural no constituía un menoscabo de la dignidad humana –explica Vicente Giménez–, sino más bien un refuerzo de la misma, bajo la premisa de que ‘una vida digna [solo] es posible en entornos naturales adecuados’”.

Los derechos llegan a los tribunales

De acuerdo con el artículo 6 de la ley de 2022, las personas físicas y jurídicas pueden ejercer acciones en defensa de Mar Menor, conforme a las condiciones que establece la norma. En 2017, se descubrió una red clandestina subterránea de minicentrales desalinizadoras en el marco del caso denominado Topillo (el nombre alude al topo diminuto que se caracteriza por cavar galerías subterráneas). Una primera investigación condujo a la imputación de empresarios agrícolas y de varios altos funcionarios (entre ellos, el exministro de Agricultura Antonio Cerdá Cerdá), acusados de haber vertido durante años aguas salobres cargadas de nitratos en la laguna. El descubrimiento de otras 39 empresas agrícolas implicadas dio lugar a la apertura de una segunda investigación, Topillo II. “Fue en este marco cuando el presidente del tribunal de Cartagena invitó a Mar Menor a intervenir en el proceso”, explica Eduardo Salazar Ortuño, abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Murcia. De este modo, cinco organizaciones ecologistas y cuatro municipios pudieron actuar en defensa de la laguna.

Este juicio apunta contra el administrador de dos empresas agrícolas, Ecosarete y Datelio, por el vertido de 162.345 m³ de aguas residuales contaminadas en la zona de Campo de Cartagena entre 2015 y 2017. El proceso se celebrará en setiembre de 2027 ante el tribunal penal de Cartagena. “El mero hecho de que esta audiencia tenga lugar constituye ya un acontecimiento”, señala Sergio Marco, abogado de la asociación Alianza Mar Menor (Amarme), que actúa en nombre de este ecosistema. “Es la primera vez que un ecosistema reconocido como sujeto de derecho actuará ante la Justicia para denunciar el perjuicio sufrido. Este juicio envía un mensaje claro: ya no se puede contaminar el Mar Menor impunemente”.

En el marco del juicio penal, la fiscalía pidió una pena de siete años de prisión y una indemnización de 500.000 euros por daños y perjuicios, que podría abonarse directamente a la entidad natural para su restauración. “Es otra innovación: en un juicio convencional, el dinero iría a parar a la administración regional. Ahora bien, esta lleva años haciendo la vista gorda ante la contaminación causada por los agricultores”, explica Eduardo Salazar Ortuño. De hecho, desde fines de 2025, Mar Menor cuenta con su propio número de identificación fiscal (NIF), asignado por la administración española.

Los límites de la representación

La aplicación de la ley ante los tribunales y la administración choca con cierta inercia. Todo es tan novedoso que hará falta tiempo para que las mentalidades y las prácticas evolucionen, pese al cambio legislativo”, explica Mónica Feria Tinta, abogada especializada en derecho internacional público, que intervino en 2021 en un caso pionero sobre los derechos de la naturaleza ante la Corte Constitucional del Ecuador.

Otro ejemplo de estas dificultades son los acuerdos alcanzados en otros cinco casos vinculados con Mar Menor, en los que los acusados y la fiscalía pactaron reducciones de las penas sin el consentimiento de la laguna. El abogado Sergio Marco, que apeló las resoluciones, cuestiona ese procedimiento: “El consentimiento de la víctima es obligatorio en este tipo de procedimientos. Esto demuestra que vivimos un momento sin precedentes en la historia del derecho español, algo que algunas personas, incluidos los jueces, todavía no admiten. Pero ya no permitiremos que se sigan tomando decisiones sin concertarlas con el ecosistema”.

Desde el 29 de mayo de 2025, un nuevo organismo tutelar representa a Mar Menor en todos los juicios. Se apoya en varias estructuras: un comité de representantes, integrado por miembros designados por el Estado y la Región y por siete ciudadanos; un comité de seguimiento, formado por representantes electos y actores locales –ganaderos, agricultores y representantes de los sectores del ocio y el turismo–, y un comité científico. Para aprobar una decisión se requiere el apoyo de al menos dos de los tres comités. “Nos inspiramos en el sistema que rige el río Whanganui”, explica Sergio Marco, designado como administrador.

Pero, incluso en este caso, los intereses económicos siguen prevaleciendo, en la práctica, sobre la preservación de la laguna. Aunque el Estado diseñó un plan de restauración de 675 millones de euros, la región sigue oponiéndose a las decisiones que exigen reducir las actividades turísticas y extractivistas. La pequeña localidad costera de Los Alcázares, el único municipio gobernado por el Partido Socialista, está rodeada de ciudades dirigidas por el Partido Popular (conservador). “Algunos miembros del comité de seguimiento utilizan su derecho a voto y su escaño para defender al sector que representan electoralmente, olvidando que están ahí para ser la voz de la laguna”, lamenta Pedro José Sánchez Sánchez, el concejal de Los Alcázares. Cuatro años después de su aprobación, reconoce, “la ley todavía no logró frenar las actividades contaminantes”.

Entre los principales obstáculos figura la urbanización costera en La Manga y en la zona de Cartagena. Aunque se estableció una moratoria para prohibir cualquier nuevo proyecto mientras se espera la aprobación de un plan de ordenamiento territorial general, las asociaciones ecologistas denuncian la existencia de resquicios normativos que permiten nuevas construcciones.

De pie frente a la laguna de Mar Menor, Eduardo Salazar Ortuño camina por la rambla del Albujón, al sur de Los Alcázares. “Es uno de los pocos lugares del litoral que no están urbanizados –suspira el profesor de Derecho–. Al redactar la propuesta de ley, no podíamos prever todos estos conflictos. Suponen mucho trabajo, pero creo en el futuro. Y es necesario, porque Mar Menor sigue en terapia intensiva”.

Margot Hemmerich, periodista. Traducción: Merlina Massip.

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