Antes de que alguien lo ordenara

No hubo una sirena que anunciara el inicio del miedo. Lo que hubo fue una secuencia rápida de señales: teléfonos vibrando, mensajes reenviados en grupos de Whatsapp, llamadas urgentes, frases cortas –“no salgas si no es necesario”– y, casi al mismo tiempo, una transformación visible del paisaje: menos tráfico, negocios y supermercados cerrando antes de tiempo, calles que empezaban a vaciarse.

La ciudad reaccionó antes de entender. No fue una corazonada. Algo ocurría. Esa mañana el gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, activó el Código Rojo, el nivel máximo de alerta dentro de sus protocolos de seguridad, tras registrarse narcobloqueos, quema de vehículos y cierres carreteros en distintos puntos del estado a causa de un operativo donde murió Nemesio Oseguera cervantes, alias El Mencho, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con reportes de la revista Proceso, la medida fue adoptada después de un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, un municipio serrano al sur de Guadalajara, donde se reportaron enfrentamientos con civiles armados. La reacción fue inmediata: en distintos puntos de Jalisco –estado del occidente de México, cuya capital es Guadalajara– se incendiaron y atravesaron vehículos para bloquear la circulación.

No era un hecho aislado. El Gabinete de Seguridad reportó 252 bloqueos a nivel nacional, de los cuales 65 se concentraron en Jalisco, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades estratégicas (Canal 44). La ciudad no solo se vaciaba: estaba siendo cercada.

El despliegue de seguridad fue inmediato. Hacia la noche, las autoridades informaban que la mayoría de los bloqueos habían sido desactivados, aunque algunos puntos continuaban bajo control operativo. La instrucción era clara: restablecer la circulación, contener los hechos violentos, proteger a la población.

Pero mientras el Estado desplegaba su capacidad de respuesta, la ciudad ya había hecho lo suyo: detenerse.

Ese domingo, algunos dormían. Otros desayunaban. Una estudiante se preparaba para ir al zoológico. Una familia estaba por salir a celebrar un cumpleaños. Nadie tenía el panorama completo, pero casi todos entendieron lo mismo: había que quedarse en casa.

No era la primera vez que Guadalajara enviaba señales. Tampoco era la primera vez que una generación de jóvenes aprendía a interpretarlas sin necesidad de explicación.

Lo que ocurrió ese día –tras el operativo federal en Tapalpa y la reacción violenta que se extendió por el estado– no solo interrumpió la movilidad. Hizo visible algo más profundo: el modo en que miles de jóvenes han aprendido a vivir en una ciudad donde la violencia no es constante, pero sí lo suficientemente recurrente como para moldear hábitos, silencios y reflejos. No es solo miedo. Es aprendizaje.

El reflejo

La mayoría se quedó en casa. Otros cancelaron planes. Casi todos hicieron lo mismo apenas comenzaron a circular los mensajes: revisar redes, escribir a su familia, confirmar que los otros estaban bien.

“Cuando pasan cosas así, lo primero que hago es escribirle a mi familia”, afirmó una estudiante del Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL). “Simplemente no hay confianza para salir”, dijo otra. “Tengo que enviar mi ubicación y preguntar a los demás”, escribió alguien más.¹

El investigador y académico de la Universidad de Guadalajara (UDG) Ismael Torres Maestro lo nombra así: “Alfabetización del riesgo”. Un conocimiento informal que no aparece en manuales, pero que se transmite en la familia, entre amigos, en relatos que casi siempre empiezan igual: “Le pasó a un conocido”. Es un aprendizaje que organiza la vida cotidiana: qué calles evitar, qué palabras no decir, a qué hora volver, cuándo retirarse.

En Guadalajara, ese aprendizaje no surge de una violencia permanente y visible, como en otras regiones de México, como Sinaloa, Michoacán o Guerrero, sino de algo más difícil de nombrar: una socialización de la incertidumbre. El riesgo no es constante, pero está siempre disponible, latente, circulando a través de relatos, advertencias y pantallas.

“Los jóvenes no viven necesariamente la violencia todos los días, pero la conocen. La ven. La escuchan. La leen. Y aprenden a anticiparla”, destaca Torres Maestro en entrevista vía Zoom.

Ahí, las redes sociales cumplen una doble función. Son sistemas de alerta –el primer aviso, el mensaje que llega antes que la noticia–, pero también amplifican el miedo.

En ausencia de información oficial clara, el especialista explica que los rumores se mezclan con los hechos y generan momentos de ansiedad colectiva: “Audios reenviados, imágenes fuera de contexto, advertencias que nadie puede confirmar del todo, pero que igual se creen”.

Ese mismo entorno produce respuestas distintas. Hay quienes reaccionan con angustia, saturados por la cantidad de información. Otros, en cambio, desarrollan una especie de familiaridad con la violencia, incluso una fascinación distante, alimentada por narrativas digitales.

Pero en la vida cotidiana, lo que predomina es otra cosa: el cuidado. Los estudiantes lo describen sin teorizarlo: “Avisar, compartir ubicación, no salir, esperar, confirmar”.

Torres Maestro identifica ahí una red de aprendizajes más compleja. No solo se trata de reaccionar, sino de “leer el entorno”: detectar movimientos inusuales, reconocer silencios, notar la presencia de personas que no pertenecen al lugar, interpretar cambios en la dinámica de una calle.

También implica aprender a callar: Hay palabras que no se dicen. Nombres que no se pronuncian. Referencias que se sustituyen por códigos. La plaza, por ejemplo, ya no es solo el lugar donde la gente se reúne –la explanada frente a la iglesia, el espacio de encuentro, de comida o de paseo–. En el lenguaje cotidiano de la ciudad, “la Plaza” también nombra otra cosa: un actor invisible que regula comportamientos, delimita territorios y produce sentido. No es necesario verla para saber que está ahí.

Esa presencia transforma la ciudad. La movilidad se vuelve calculada. El espacio público deja de ser neutral y se convierte en un territorio potencialmente amenazante. En ese contexto, el silencio no es vacío: “Es una forma de protección”, explica el académico.

Y en medio de todo, aparece una contradicción que los jóvenes también perciben, aunque no siempre la nombren: “La distancia entre la ciudad que se dice y la ciudad que se vive”.

Por un lado, la narrativa de una Guadalajara apacible, moderna, proyectada al mundo como sede del Mundial 2026, lista para el turismo y los grandes eventos. Una ciudad que presume barrios como la Americana –nombrada entre los más cool del mundo por la revista Time Out–, donde cafeterías, galerías y nuevos desarrollos urbanos conviven con una vida cultural activa que se ofrece como escaparate internacional. Por otro lado, una ciudad atravesada por ausencias.

En Jalisco, la cifra oficial supera las 16.000 personas desaparecidas, lo que lo convierte en el estado con más casos acumulados en el país. En Guadalajara, esas ausencias tienen un lugar: la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada en 2019 por colectivos de familias de personas desaparecidas como la Glorieta de las y los Desaparecidos. Ahí, entre fotografías, fichas de búsqueda y veladoras, la ciudad deja de ser promesa y se vuelve herida abierta.

A esa tensión se suman otras capas: el encarecimiento de la vida cotidiana, la desconfianza en la calidad del agua potable en algunas zonas y los procesos de gentrificación que desplazan a habitantes de colonias centrales.

Todo convive con desapariciones, fosas clandestinas, economías ilegales y una violencia que no siempre se muestra, pero que organiza silenciosamente la vida diaria.

En ese cruce –entre la ciudad que se proyecta y la que se habita– los jóvenes no son solo víctimas ni espectadores. Son, sobre todo, intérpretes.

La ley del SI-LEN-CIO

En Guadalajara, el crimen organizado no solo se nombra en voz baja. Se rodea. Se sustituye. Se disfraza. No siempre se dice “cártel”. No siempre se dice “narcotráfico”. En su lugar aparecen otras palabras, más cortas, más suaves, más ambiguas: “la maña”, “los malos”, “ellos”, “los que andan en eso”. Formas de decir sin decir.

No es casual. Rebecca Danielle Strickland, doctora en Ciencias Sociales, investigadora y académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ha visto cómo este lenguaje se incrusta en la vida cotidiana de los jóvenes no como curiosidad lingüística, sino como una práctica de cuidado.

En su trabajo con jóvenes en contextos de alto riesgo o con cercanía a dinámicas del crimen organizado, ha identificado estrategias que pueden parecer mínimas, pero que ordenan la vida entera: llegar temprano a casa, no estar solos, moverse acompañados, evitar ciertos lugares, leer el ambiente antes de decidir si quedarse o irse.

Y luego está lo otro: la necesidad de mantener una relación prudente con quienes controlan el barrio.

No se trata necesariamente de participar, ni de colaborar, ni de formar parte. Se trata, muchas veces, de ser ubicables, de no desentonar, de respetar ciertos códigos, de no mirar demasiado, de no hablar cuando no toca, de no hacer preguntas innecesarias. Strickland llama a eso “la ley del silencio”. No como indiferencia moral, sino como una estrategia consciente de cuidado: “Protegerse a sí mismos, proteger a sus familias, no denunciar, no abordar ciertos temas, hacerse a un lado cuando hace falta”, explica.

En ese mismo sentido, Strickland coincide con su colega Torres Maestro: en el habla cotidiana, “la Plaza” alude al territorio controlado por un grupo criminal, pero también a la fuerza que lo administra. “Un actor invisible que regula comportamientos, delimita espacios y produce sentido. No hace falta verlo para saber que está ahí”, enfatiza.

Strickland ha observado cómo esa presencia se filtra en todos los niveles. Entre vecinos, en grupos de madres de familia, en conversaciones institucionales, incluso en espacios oficiales donde todos saben de qué se habla, pero casi nadie lo nombra de forma directa. El rodeo verbal no suaviza la realidad; la hace habitable. El lenguaje, entonces, no solo describe la violencia. La administra. La contiene. A veces, incluso, la normaliza.

Para Strickland, este aprendizaje va más allá de las palabras. Los jóvenes también aprenden a reconocer señales: tensiones inusuales, presencias extrañas, calles vacías a deshora, negocios que cierran antes, vehículos sospechosos, bloqueos. Y, sobre todo, mensajes que circulan en Whatsapp antes de cualquier confirmación oficial.

Eso fue lo que ocurrió el 22 de febrero en el pueblo donde vive. Bastaron algunas notificaciones en el celular para que un grupo de madres entendiera que había que irse. Nadie explicó demasiado. Nadie preguntó. Minutos después, hombres armados entraron al lugar. Para entonces, la gente ya se había resguardado.

Strickland llegó a Guadalajara hace 25 años. Recuerda una ciudad donde todavía era posible caminar sola de noche o viajar por carretera sin convertir cada trayecto en un cálculo de riesgo. Ese margen se fue cerrando poco a poco: retenes, bloqueos, zonas controladas, rutas descartadas.

Para quienes conocieron esa ciudad, el cambio es evidente. Para muchos jóvenes, no. Algunos crecieron con instrucciones concretas –no guardar el número de sus padres en el celular como “mamá” o “papá”–. Otros nunca jugaron solos en la calle. Sus trayectorias están hechas de espacios controlados, ubicaciones compartidas, traslados en grupo. No como excepción, sino como norma.

Y esa normalidad convive con otra certeza: las desapariciones. No como un dato lejano, sino como una presencia constante. En Jalisco –uno de los estados con más personas desaparecidas en México– esa ausencia también se materializa en lugares concretos. El hallazgo del Rancho Izaguirre, en marzo de 2025, en el municipio de Teuchitlán, expuso esa dimensión con crudeza: un espacio vinculado al reclutamiento y adiestramiento forzado por parte del crimen organizado, donde colectivos de búsqueda encontraron ropa, cientos de pares de zapatos que apuntan a historias interrumpidas.

En Jalisco, dice Strickland, es común que los jóvenes conozcan a alguien que falta: el compañero de la prepa [segundo ciclo de enseñanza secundaria], el tío de una amiga, el muchacho que respondió a una oferta de trabajo y no volvió. A eso se suma el miedo a la policía, la desconfianza en el Estado, la intuición de que pedir ayuda también puede ser un riesgo.

Una normalidad que no es normal

Para Rossana Reguillo, investigadora mexicana especializada en estudios de juventud, lo que está en juego no es solo la costumbre de vivir con violencia, sino algo más profundo: la forma en que esa violencia ha modelado a dos generaciones enteras. Por un lado, quienes nacieron a inicios de los años 2000; por otro, quienes crecieron ya en la década de 2010.

Jóvenes que, como ella señala, han nacido “en el contexto de una guerra”: una guerra de más de 20 años que nunca terminó de nombrarse como tal, pero que transformó de manera radical las bases de la confianza social. No se trata solo de lo que vieron. Se trata de lo que esa experiencia hizo con ellos.

Reguillo lo nombra como un proceso de “subjetivación”: la formación de sujetos jóvenes marcados por una estructura que no cobija, sino que amenaza y expulsa. Aunque las condiciones materiales no sean las mismas para todos –aunque algunos vivan con mayor resguardo que otros–, la violencia se ha filtrado en el universo de lo cotidiano.

Reguillo dice que estas generaciones han desarrollado “manuales o protocolos de resistencia urbana”. Pequeños actos de sobrevivencia: no tocarle la bocina a un auto con vidrios polarizados, hacer un paneo antes de bajarse del coche, dejar pasar, retirarse, no exponerse.

Los estudiantes del CUGDL lo dijeron con otras palabras. “No abrir la puerta a cualquier persona”. “Cerrar puertas y ventanas”. “No salir a menos que sea vital”. “Siempre mantenerme en contacto con mi familia”. Describieron esa misma sensibilidad con imágenes más inmediatas de ese 22 de febrero: “El silencio pesa bastante”; “el aire está pesado”; “la vibra se siente rara”; “las hojas de los árboles era lo que más se escuchaba”; “se sentía súper apocalíptica, pero a la vez muy silenciosa”.

Reguillo cuenta que, una vez, hizo un ejercicio en su clase: proyectar la imagen de una hielera abandonada en una calle. Sus estudiantes reaccionaron de inmediato: “Ahí hay una cabeza”. Lo cotidiano, atravesado por la violencia, deja de ser inocente. Un objeto deja de ser un objeto. Un sonido deja de ser solo un sonido. Una calle vacía ya no es solo una calle vacía.

Y entonces aparece la palabra que más repite el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para cerrar el episodio: “la normalidad”. La normalidad a la que volvieron las clases, la movilidad, el comercio. La normalidad que repiten los gobiernos y los medios. La normalidad como promesa.

Pero Reguillo desconfía de esa palabra. Dice que, después del Código Rojo, hablar de normalidad es intentar recuperar la posibilidad de tránsito, de movilidad, de diversión, de ocupación del espacio sin riesgo. Solo que ese riesgo ya no desaparece. Se administra. La nueva normalidad, si acaso existe, es la exacerbación de los protocolos de cuidado.

Rossana Reguillo tiene una imagen precisa para eso: es como sentir el corazón acelerado y, al voltear, no encontrar nada que explique del todo por qué late así.²

Mónica Ocampo, periodista y antropóloga mexicana.