Pakistán y Afganistán: el costo de la proximidad

Desde el 23 de marzo, Pakistán se propuso como sede mediadora de las negociaciones “directas o indirectas” entre Estados Unidos e Irán, que tienen como objetivo considerar un alto el fuego. En tanto país fronterizo con Irán, Pakistán sopesa las posibles consecuencias de una escalada del conflicto, en un momento en que él mismo se encuentra en plena disputa con su histórico rival, India, y sumido en un conflicto cada vez más violento con Afganistán.

Representados en los mapas por una línea continua, los 2.640 kilómetros de la Línea Durand –nombre de la frontera que separa a Pakistán y Afganistán– parecen más bien una serie de líneas punteadas. Al tratarse de un espacio geopolítico poroso y fluido, esta frontera apenas tiene existencia concreta. Se desdibuja al ritmo de los intercambios entre las regiones tribales pastunes y ofrece un refugio ideal para los insurgentes a ambos lados de su trazado. Un contexto de este tipo no hace sino favorecer la injerencia de ambas capitales, Islamabad y Kabul, en los asuntos internos de su vecino.

En los últimos meses, la región entró en una fase de conflicto más aguda. Los enfrentamientos esporádicos y los conflictos localizados derivaron en una confrontación militar abierta. A fines de febrero, Pakistán perpetró ataques aéreos en profundidad en territorio afgano, que tuvieron como objetivo ciudades importantes como Kabul y Kandahar, así como la antigua base aérea estadounidense de Bagram. Las autoridades talibanas afirmaron haber respondido atacando con armamento pesado a las posiciones fronterizas paquistaníes. Ambas partes se acusaron mutuamente de haber provocado centenares de víctimas, aunque lo cierto es que resulta imposible poder llevar a cabo una verificación independiente.

La situación se deterioró aún más la noche del 16 de marzo, cuando un ataque aéreo paquistaní alcanzó un centro de rehabilitación en Kabul y mató a 143 personas. A este evento le siguió un breve alto el fuego de cinco días por las celebraciones del Eid, pero los combates se reanudaron poco después, el 27 de marzo, y los enfrentamientos fronterizos volvieron a intensificarse.

Si bien ninguno de los dos países parece querer entrar en una guerra total, ambos han demostrado estar dispuestos a recurrir a una violencia medida. Este esquema hace temer que un error de cálculo desencadene un conflicto más amplio y devastador.

Criar serpientes

A Pakistán le toca atravesar esta crisis en una posición paradójica de fuerza y vulnerabilidad. Como Estado poseedor de armas nucleares, con uno de los mayores ejércitos permanentes del mundo y una vasta experiencia en la guerra contrainsurgente, tiene que lidiar con una inestabilidad económica crónica e importantes tensiones políticas. Islamabad se enfrenta a un régimen talibán que tomó el poder en Kabul en 2021, tras dos décadas de guerrilla contra una coalición liderada por Estados Unidos. Aunque ha heredado un vasto equipamiento militar estadounidense, el gobierno afgano permanece aislado en el plano diplomático y asfixiado económicamente.

Cuando las fuerzas talibanas tomaron Kabul en agosto de 2021, muchos líderes políticos y militares paquistaníes interpretaron este acontecimiento como una oportunidad estratégica. Durante décadas, Islamabad había estado buscando lo que los expertos en seguridad denominan “profundidad estratégica”. Necesitaba en Kabul un gobierno favorable para limitar la influencia india, reducir la presencia militar occidental, estabilizar la frontera occidental de Pakistán y organizar la lucha contra las organizaciones antipaquistaníes que operan desde territorio afgano.

Si bien fue un aliado de Estados Unidos durante la “guerra contra el terrorismo”, es muy probable que Pakistán haya proporcionado refugio y una zona de repliegue a las facciones talibanas, incluida la red Haqqani, tras la caída del régimen talibán en 2001. Lo hizo a pesar de las repetidas advertencias de Estados Unidos, entre ellas, la célebre alerta de la secretaria de Estado Hillary Clinton en 2011: “No podemos criar serpientes en nuestro jardín y pretender que solo muerdan a los vecinos”.¹

En 2021, los dirigentes paquistaníes celebraron la victoria de los talibanes. Sin embargo, su optimismo duró poco: el nuevo gobierno de Kabul se negó a supeditar sus intereses a las exigencias de Islamabad. El resurgimiento de la violencia islamista en Pakistán constituyó el factor central en el desgaste de las relaciones. El Tehrik-e-Talibán Pakistán (TTP) –una red militante fundada en 2007 y responsable de cientos de ataques– mantiene desde hace tiempo vínculos ideológicos y operativos con Al Qaeda y los talibanes. Sus líderes juraron lealtad en repetidas ocasiones a la máxima autoridad talibana, lazo que reafirmaron tras la toma de Kabul.

Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses, Kabul liberó a cientos de combatientes del TTP. Desde entonces, el grupo goza de un mayor margen operativo en el país y ha intensificado sus ataques en Jaiber Pastunjuá, la provincia del suroeste de Pakistán que limita con Afganistán. Desde el punto de vista de Islamabad, esto conlleva graves consecuencias para la seguridad interior ya que, tecnológicamente hablando, las operaciones del TTP resultan más coordinadas y sofisticadas que antes. La organización utiliza drones, sistemas de óptica avanzada y modernos dispositivos de comunicación –equipamiento que Washington dejó abandonado tras la desbandada estadounidense–. En un informe publicado en febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas señaló que el TTP opera en un “entorno permisivo” en Afganistán. En el informe se advierte que el grupo podría profundizar su cooperación con las redes alineadas con Al Qaeda con el propósito de “atacar un abanico más amplio de objetivos, lo que podría representar una amenaza extrarregional”.²

En paralelo, Pakistán se enfrenta a los desafíos que plantean otras insurgencias. Los etnoseparatistas de la provincia de Baluchistán, en el suroeste del país, han llevado a cabo operaciones cada vez más complejas, en particular atentados de gran repercusión mediática que involucran a mujeres kamikazes. La rama regional del Estado Islámico, el Estado Islámico de la Provincia de Jorasán (conocido como ISIS-K), ha buscado explotar la evolución de la dinámica de seguridad para reconstruir sus capacidades operativas. De este modo, en 2025 Pakistán vivió el año más mortífero en materia de violencia terrorista de la última década, con 699 ataques –lo que representa un aumento del 34 por ciento respecto a 2024–. Según el Pak Institute of Peace Studies, un centro de estudios independiente con sede en Islamabad,³ el balance asciende a más de 1.000 muertos.

Antes de recurrir a los ataques militares, Islamabad ya venía ejerciendo presión sobre Kabul de distintas formas: con la expulsión de más de dos millones de afganos desde finales de 2023, y con la restricción del comercio de tránsito y el cierre frecuente de los pasos fronterizos. Estas últimas medidas lograron generar una enorme desestabilización en la economía de Afganistán debido a que, como carece de salida al mar, depende estrictamente del intercambio terrestre.

En Kabul, la respuesta oficial es que el TTP representa un problema interno de Pakistán, cuyos orígenes son anteriores al regreso de los talibanes al poder. En privado, los dirigentes talibanes reconocen la profundidad de los vínculos ideológicos y operativos entre sus combatientes y los militantes del TTP. Muchos miembros del movimiento siguen considerando a los insurgentes paquistaníes como antiguos camaradas de lucha contra las fuerzas extranjeras en Afganistán. Estas relaciones se vieron reforzadas porque Pakistán prestó asilo a líderes y combatientes talibanes durante los períodos de intensas operaciones antiterroristas. Las afiliaciones tribales, los vínculos familiares y los relatos religiosos compartidos continúan reforzando este sentimiento de solidaridad.

Por otra parte, los esfuerzos orientados a reprimir o expulsar estos grupos correrían el riesgo de agravar las divisiones internas dentro del movimiento talibán.⁴ La toma de medidas represivas a gran escala contra el TTP podría profundizar las tensiones entre los actores políticos pragmáticos y las autoridades religiosas intransigentes. Asimismo, la marginalización del TTP podría empujar a sus combatientes a cooperar más estrechamente con el ISIS-K, lo que representaría una amenaza directa para el propio régimen talibán.

Desconfianza mutua y rigidez

Los cálculos de Kabul también se basan en motivaciones políticas internas. El sentimiento antipaquistaní sigue estando muy extendido en ciertos sectores de la sociedad afgana, alimentado por el apoyo que Islamabad brindó en el pasado a los movimientos islamistas del país. Por lo tanto, la resistencia a la presión paquistaní puede fortalecer la legitimidad nacionalista.

La evolución de la crisis tiene implicancias que van más allá de las relaciones bilaterales. Los funcionarios paquistaníes han expresado su preocupación ante los indicios de una mejora en las relaciones entre las autoridades talibanas e India, el rival histórico de Islamabad. Si bien en un principio el regreso de los talibanes parecía reducir la influencia india, los recientes contactos diplomáticos reflejan un giro más pragmático en la postura afgana. Los compromisos en materia de comercio, cooperación humanitaria y posibles inversiones dan a entender que Kabul tiene la intención de diversificar sus alianzas, lo que reaviva los temores paquistaníes de un cerco estratégico y de una competencia regional por el poder.

Los debates internos en Pakistán ponen en evidencia las profundas tensiones estructurales. Se está abriendo una brecha entre el gobierno central del primer ministro Shahbaz Sharif en Islamabad y la administración provincial de Jaiber Pastunjuá, la región más directamente afectada por la violencia del TTP debido a su proximidad y a su frontera porosa con Afganistán. Mientras que el poder central permanece estrechamente alineado con el ejército, la provincia de Jaiber Pastunjuá está gobernada por el partido del ex primer ministro Imran Khan, quien se encuentra encarcelado desde 2023 tras un conflicto de gran repercusión mediática con los altos mandos militares. Esta polarización política ha debilitado las perspectivas de un consenso nacional en materia de seguridad.

Los líderes provinciales cuestionan con frecuencia la eficacia de la estrategia militar, mientras que los funcionarios federales y las autoridades de seguridad acusan a los gobiernos provinciales de ser demasiado laxos. La desunión que resulta de esta situación obstaculiza la coordinación de las acciones civiles y militares, lo que permite al TTP explotar las deficiencias administrativas y gubernamentales.

En la actualidad, no existe ningún incentivo para que Islamabad y Kabul intenten un acercamiento. Pakistán mantiene su determinación de neutralizar las amenazas emanadas de territorio afgano, incluso a riesgo de un enfrentamiento transfronterizo. Por su parte, los talibanes se muestran reacios a actuar de manera decisiva contra sus aliados ideológicos y no quieren parecer sumisos ante las presiones externas.

Esta rigidez de ambas partes podría provocar el paso de una situación de “fricción controlada” a otra más peligrosa, caracterizada por un conflicto de baja intensidad, pero duradero. Las regiones fronterizas –ya puestas a prueba por los desplazamientos de población, la pobreza y las deficiencias administrativas– serían probablemente las más afectadas por un recrudecimiento de la violencia. La alteración de las rutas comerciales podría, además, agravar la inseguridad alimentaria.

La amenaza regional

La inestabilidad regional provocada por las agresiones israelo-estadounidenses contra Teherán empeora aún más la situación. Tanto Pakistán como Afganistán comparten fronteras con Irán y albergan importantes poblaciones chiitas, lo que los vuelve extremadamente sensibles a cualquier forma de inestabilidad en dicho país. El asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, al comienzo del conflicto, desencadenó una serie de manifestaciones en varias ciudades paquistaníes. En ellas, los manifestantes reprocharon al gobierno su proximidad con Estados Unidos. La represión de las movilizaciones por parte de las fuerzas de seguridad dejó varios muertos.

Pakistán ya lidia con una insurgencia activa en Baluchistán, provincia que comparte frontera con Irán. Una propagación de la violencia vinculada a la guerra más allá de las fronteras iraníes podría desviar los recursos de seguridad de los que disponen Islamabad y Kabul, y eso se traduciría en una eventual oportunidad para las organizaciones activas en sus respectivos territorios. Por lo tanto, cada uno busca apaciguar la situación por su lado, pero sin dar la impresión de haber bajado la guardia.

A fines de marzo, el ministro afgano de Asuntos Exteriores, Amir Khan Muttaqi, declaró que Kabul buscaba resolver las diferencias mediante el diálogo y que había tomado “serias medidas” para garantizar que su territorio no sea utilizado contra Pakistán. Del otro lado de la frontera, líderes religiosos paquistaníes y dirigentes pastunes también han empezado a hacer un llamado a la moderación.

En una declaración conjunta, autoridades islámicas de ambos países instaron a prolongar el alto el fuego al menos hasta la culminación de la temporada de peregrinación del Hach, a fines de mayo, con la esperanza de allanar el camino hacia una paz duradera. No es seguro que estos primeros indicios se traduzcan en una diplomacia sólida, pero al menos ofrecen una frágil oportunidad para evitar una escalada peligrosa.

Zia Ur Rehman, periodista. Traducción del inglés al francés: Renaud Lambert. Traducción del francés al español: Paulina Lapalma.