El naufragio maliense y la revancha argelina

Hace 14 años que Malí es presa de ataques yihadistas mortales y desestabilizadores. Los acuerdos de paz de Argel, firmados en 2015 y que nunca se aplicaron realmente, fueron denunciados en 2024 por Bamako [capital de Malí]. En ese tiempo, varias intervenciones extranjeras que movilizaron a miles de soldados: de Chad desde los primeros ataques del grupo armado islamista Ansar Dine y del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad en 2012; de Francia entre 2013 y 2022 a través de las operaciones Serval y Barkhane; de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (Minusma) entre 2013 y 2023; de la fuerza conjunta del G5 del Sahel (Malí, Burkina Faso, Níger, Mauritania y Chad) apoyada por París. A pesar de eso, el norte y el centro del país están, directa o indirectamente, controlados por los rebeldes. Las Fuerzas Armadas de Malí (FAMA) no lograron recuperar el control del territorio de forma permanente ni impedir las masacres de civiles (alrededor de 10.000 muertes por año desde 2021).¹ Peor aún, los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, afiliado a Al Qaeda), ahora aliados con los separatistas tuaregs del Frente de Liberación del Azawad (FLA), tienen rodeada Bamako desde el otoño de 2025, lo que provoca escasez e inseguridad. El 25 de abril, el ministro de Defensa, Sadio Camara, fue asesinado en su domicilio durante una audaz operación militar llevada a cabo por ambos grupos en la capital, ahora bajo asedio, y en varias localidades del país.

Soberanismo de pacotilla

En torno al coronel Assimi Goïta, en el poder para una “transición” de cinco años, los militares autores de dos golpes de Estado en 2020 y 2021 aseguran que estos dramáticos acontecimientos no son más que contratiempos que no invalidan su estrategia de reconquista, presentada como “soberanista”. Esta se basa en el rechazo a la cooperación con Francia, considerada ineficaz y neocolonialista. Así, la junta ordenó a las tropas francesas de la operación Barkhane que abandonaran el país en 2022 y a la Minusma que se retirara en 2023. En cambio, en setiembre de 2023, Malí formó la Alianza de Estados del Sahel (AES) con Burkina Faso y Níger, gobernados a su vez por juntas surgidas de golpes de Estado –desde 2022 y 2023, respectivamente–. La AES rompió en 2024 con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), que había desaprobado y sancionado los golpes de Estado. Financiada por sus miembros, sin apoyo extranjero, la Fuerza Unificada de la AES (FU-AES) cuenta con 6.000 soldados. Sin embargo, al diversificar sus alianzas, la AES recibe armamento de China, Irán, Rusia y Turquía. El “soberanismo” de Malí tampoco le impide recurrir a la milicia rusa Wagner, que pasó a llamarse Africa Corps en 2023, para llevar a cabo operaciones militares en el norte del país, sin grandes resultados en materia de seguridad. El 25 de abril, las tropas rusas sufrieron incluso un revés histórico en la ciudad de Kidal, teniendo que retirarse ante los combatientes del JNIM. A pesar de algunos éxitos, como la operación Yereko en la denominada zona de las tres fronteras, en la confluencia de los tres países, entre febrero y marzo de 2025, la FU-AES no logra asegurar una presencia estable y decisiva. Las tropas yihadistas o separatistas siguen aprovechándose de las porosas fronteras administrativas para desplazarse y transportar sus recursos operativos (armas, motocicletas, combustible, drones, etcétera).

El golpe de Estado de agosto de 2020 fue bien recibido por una población exasperada por la corrupción y la negligencia del gobierno de Ibrahim Boubacar Keita.² Sin embargo, el nuevo régimen se ha ido endureciendo de forma progresiva, hasta llegar a prohibir los partidos políticos en mayo de 2025. Se multiplican las detenciones arbitrarias, los secuestros y las desapariciones de opositores. El ex primer ministro Moussa Mara fue condenado a dos años de prisión sin un juicio justo en febrero. La mayoría de las figuras de la oposición viven ahora en el exilio, en particular el imán Mahmoud Dicko, que fundó en Bruselas la Coalición de Fuerzas por la República en diciembre de 2025, o el comunista Oumar Mariko, presidente de la fuerza política maliense Partido de la Solidaridad Africana por la Democracia y la Independencia (SADI), quien intentó en vano una mediación para obtener del JNIM la liberación de 17 rehenes en marzo. Sin embargo, el régimen parece seguir contando con cierto apoyo popular. “Los yihadistas no han logrado movilizar a la población como esperaban”, señala el periodista senegalés Abdou Khadre Cissé.³ El asesinato del ministro Camara habría incluso creado un efecto de cohesión nacional alrededor del poder, según el investigador Bakary Sambe (RFI, 13 de mayo). Los llamados videomans son hombres y mujeres que, filmándose en su cocina o en la calle con el teléfono, difunden con cierta eficacia los argumentos de la junta.

Sin embargo, para la gran mayoría de la población, la vida se ha convertido en un reto diario, sobre todo desde la suspensión de la financiación extranjera.⁴ El país, que apenas se recupera de la pandemia de covid, se ve penalizado por las sanciones económicas de la Cedeao y por la escasez de todo tipo, relacionada, por un lado, con el bloqueo y, por otro, con la inestabilidad de las comunicaciones y el comercio. Los gastos relacionados con la adquisición de equipamiento militar y los costes derivados de las necesidades de seguridad vacían las finanzas públicas del Estado, que ha creado nuevos impuestos sobre las comunicaciones telefónicas y las transferencias de dinero por móvil. En las zonas dominadas por los yihadistas, los habitantes sufren cobros extorsivos y diversos actos de violencia relacionados con la aplicación estricta de la shari’a. A las mortíferas incursiones de los terroristas se suman también los abusos de las fuerzas rusas y las operaciones letales de las FAMA.

La inestabilidad tiene raíces profundas. El país se enfrenta a un problema sin resolver desde su independencia en 1960: las incoherencias sociológicas del trazado colonial de las fronteras y las consiguientes reivindicaciones de los tuaregs y las poblaciones agropastoriles. La política de descentralización puesta en marcha en la década de 1990 no proporcionó un modelo de autonomía satisfactorio, mientras que la explosión de las desigualdades económicas y sociales, bajo el efecto de las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) de los años 1990-2000, acabó por debilitar a un Estado maliense que ya tenía dificultades para imponer su autoridad en el territorio. En este contexto, la guerra en Libia de la primavera de 2011 proporcionó un impulso inesperado a la desestabilización y al irredentismo, mientras los movimientos yihadistas comenzaban a reclutar de modo masivo entre una juventud ociosa en busca de un futuro. En el norte del país, ocuparon el lugar del Estado fallido, impartiendo justicia, distribuyendo limosnas, resolviendo conflictos sobre la propiedad de la tierra... Esta combinación de factores intercomunitarios, políticos, económicos y sociales convertía a Malí en el eslabón débil del Sahel en la ofensiva regional de los islamistas.

Los golpistas habían reprochado a Francia que impusiera una estrategia puramente militar, lo que impedía las negociaciones con los grupos armados. Sin embargo, hoy repiten el mismo mantra: “No se negocia con los terroristas”. “La junta carece de realismo”, opina el politólogo Gilles Yabi, del West African Think Tank, con sede en Dakar.⁵ Si bien la respuesta militar es necesaria, según él debe ir acompañada de una estrategia política: el mantenimiento de canales de diálogo con los países vecinos y la oposición política, y un análisis minucioso de las “dinámicas internas de los grupos armados”. El FLA es un movimiento heterogéneo, que agrupa a tuaregs y árabes, musulmanes y animistas, y laicos. Sus objetivos (la autonomía o la independencia de Azawad) no coinciden con los del JNIM, que pretende instaurar un régimen teocrático. Además, algunas ramas del JNIM se verían tentadas por una “normalización” con Bamako.

El problema va más allá de Malí, ya que el yihadismo no deja de extenderse. “A pesar de sus divergencias políticas con los Estados no miembros de la AES, la estabilidad de la región obliga a los tres países de la AES a mantener o reforzar su cooperación militar y en materia de seguridad con sus vecinos inmediatos”, estiman las investigadoras Leylatou Saïdou Daoura y Rahinatou Leïla Salia, del Instituto de Estudios de Seguridad ISS-África.⁶ En febrero de 2026, la Cedeao creó una brigada antiterrorista de 1.650 soldados, en la que participan Benín, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Nigeria y Senegal. Hasta la fecha no se prevé ninguna coordinación real con la FU-AES.

La voluntad argelina

Para muchos observadores, lo que más se impone a la junta maliense es, sobre todo, una normalización de las relaciones con Argelia. En Argel, al régimen no le han gustado nada las recurrentes diatribas dirigidas contra él por los militares de Bamako. En 2024, al denunciar los acuerdos de Argel firmados con el FLA para la implantación de una amplia descentralización en el norte de Malí, la junta manifestó su voluntad de excluir a su vecino del norte de las negociaciones políticas y diplomáticas en el Sahel. Una voluntad compartida por Níger y Burkina Faso. En abril de 2025, la destrucción por parte del ejército argelino de un dron maliense de fabricación turca en la región fronteriza de Tinzawatène agravó las tensiones entre ambos países, ya que Bamako desmintió la afirmación argelina de que el aparato habría cruzado la frontera dos kilómetros. Unos meses más tarde, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (26 de setiembre de 2025), el primer ministro maliense, Abdoulaye Maïga, acusó a Argelia de “apoyar al terrorismo internacional”, algo sin precedentes en el seno de la ONU, y una oleada de indignación en Argelia, donde el recuerdo de las atrocidades cometidas por los grupos armados durante la “década negra” (1992-2002) sigue siendo doloroso. Por ironía del destino, a pesar del deterioro de sus relaciones bilaterales (retirada de embajadores, tensiones por el encarcelamiento del escritor Boualem Sansal, etcétera), Argelia y Francia fueron entonces metidas en el mismo saco por el gobierno maliense. Esto provocó una reacción vehemente de la diplomacia argelina durante la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados en Kampala (octubre de 2025), donde se calificó a los dirigentes malienses de golpistas, sembradores de mentiras e incapaces.

Por efecto rebote, esta escalada verbal también causaba tensiones entre Argelia y su tradicional aliado ruso. “Rusia no puede pretender ser nuestro gran socio, sobre todo en materia de defensa, y alentar a Malí a mostrarnos una hostilidad infundada cuando nosotros siempre hemos trabajado por la paz en ese país”, señala un diplomático argelino. E insiste en los “tres noes” que Argel reitera en su discurso hacia Bamako: “No, Argelia no apoya a los grupos terroristas o separatistas malienses”, “no, Argelia no desea una partición de Malí, sino que defiende su integridad territorial” y “no, Argelia no está detrás de la caída de Kidal ni de los ataques coordinados del 25 de abril”. En cuanto a esta ofensiva, una fuente de seguridad nos afirma que las autoridades argelinas incluso advirtieron a Bamako de su inminencia. Sea como fuere, la caída de Kidal y los ataques del 25 de abril permiten a Argel volver a poner un pie en el escenario saheliano y ataviarse con los ropajes de la potencia regional, ya no aislada, sino trabajando por la estabilización y la paz. Una intercesión argelina habría permitido así negociar con los insurgentes la retirada segura de las fuerzas rusas bloqueadas en Kidal. Y Argel reitera a través de varios canales diplomáticos la idea de un encuentro entre Bamako y el FLA para reanudar las negociaciones sobre la descentralización en el norte del país. Por el contrario, no parece perfilarse nada en lo que respecta al JNIM, una organización yihadista sobre la que Argel afirma regularmente no tener ninguna influencia, contrariamente a lo que sostiene Bamako.

La voluntad argelina de volver al Gran Juego del Sahel se explica por el precedente de la fragmentación de Libia, donde ahora están presentes varias fuerzas armadas extranjeras. De hecho, los dirigentes argelinos intuyen que Bamako, cansado de sus fracasos militares y de la ineficacia de las fuerzas rusas, podría recurrir a otros socios. Si bien Marruecos se muestra reacio a una implicación militar que constituiría un casus belli para Argel, los Emiratos Árabes Unidos, ya presentes en Libia, Sudán y Somalia, y en desacuerdo con Argelia, bien podrían aprovechar la situación para extender su influencia en el continente. Una injerencia que, según la diplomacia argelina, resulta aún más peligrosa, ya que podría permitir a Israel, aliado de peso de Abu Dabi, afianzarse en el Sahel.

Akram Belkaïd y Anne-Cécile Robert, de la redacción de Le Monde diplomatique, París. Traducción: Le Monde diplomatique, Cono Sur.