Indonesia, cuando el enojo se disipa

En 2025 Indonesia fue testigo de una serie de oleadas de protestas que estallaron en distintas ciudades del país.¹ Estudiantes, jóvenes urbanos y trabajadores precarizados se movilizaron contra la corrupción, la inseguridad económica y el creciente autoritarismo del presidente Prabowo Subianto (elegido en 2024). Sin embargo, el movimiento no encontró ningún relevo político capaz de traducir las manifestaciones en reivindicaciones, ni las reivindicaciones en estrategia. El enojo se disipó y todo volvió a la normalidad.

Este episodio puso en evidencia un problema mucho más amplio que aqueja al país asiático desde hace varios años: ¿por qué a más de un cuarto de siglo de la caída del régimen autoritario de Suharto –llamado “Nuevo Orden” (1965-1998)– sigue costando tanto articular y consolidar organizaciones duraderas capaces de oponerse a las políticas que alimentan el descontento social? Para responder a esta pregunta es necesario sumergirse en las raíces de las formas de organización de la izquierda local y examinar los marcos ideológicos desde los cuales la mayoría de los trabajadores interpreta los fenómenos sociales.

Factor histórico

La caída del régimen del Nuevo Orden en 1998 dio inicio a un período político que, durante mucho tiempo, fue descrito como una transición democrática. Los primeros años –conocidos bajo el nombre de “era Reformasi”– estuvieron marcados por avances tangibles: aumentó el salario mínimo, se amplió el marco de seguridad social y hubo mejoras en la protección del empleo. En ese contexto, las zonas industriales de Java Occidental, Bantén y Java Central se convirtieron en escenarios de movilización para los trabajadores, y surgieron nuevas federaciones sindicales que reemplazaron a la organización única controlada por el Estado, la KSPSI (por su sigla en indonés). Además, la conmemoración del 1° de mayo y las huelgas volvieron a formar parte de la vida pública. En aquella época, los sindicalistas incluso llegaron a creer que la era Reformasi iba a dar lugar no solo a instituciones más democráticas, sino también a una política económica menos hostil.

Pasados 25 años, todavía siguen esperando. El capitalismo indonés continúa anclado en alianzas oligárquicas entre las élites político-burocráticas y los grandes conglomerados, que excluyen a casi todos los demás actores.² Por su parte, el mundo del trabajo fue encontrándose poco a poco con el retorno de la flexibilización y una reestructuración regulatoria favorable a la movilidad de los capitales.

Este giro se aceleró bajo la presidencia de Subianto, exgeneral del Nuevo Orden. El control político de las empresas públicas estratégicas, de los entes reguladores y de los grandes proyectos de desarrollo pasó, de forma progresiva, a estar en manos de facciones alineadas con la presidencia. Asimismo, las Fuerzas Armadas concretaron su regreso a la administración pública (algo que antes tenían prohibido) y al mundo de los negocios, lo que les dio nuevos motivos –esta vez materiales– para ver en la actividad sindical una amenaza a sus intereses.

Sin embargo, las trabas institucionales y el peso de la oligarquía no bastan para explicar la persistente marginación de los sindicatos. El problema es que los límites de la movilización también son de carácter ideológico, religioso y cultural.

Factor ideológico

El quiebre más drástico para poder articular un proyecto político con conciencia de clase tuvo lugar entre 1965 y 1966, con el aniquilamiento del Partido Comunista Indonesio (PKI, todas las siglas están en indonés), en lo que fue la mayor masacre anticomunista del siglo XX.³ El PKI contaba con un fuerte apoyo de los campesinos, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores. La principal organización sindical comunista, la Organización Central Panindonesia de Trabajadores, se había convertido en la federación más grande del país y se encargaba de dar a conocer de manera explícita los reclamos de los trabajadores en términos marxistas.

Los niveles de violencia que estallaron en plena Guerra Fría para asegurar la alineación de Indonesia con el bloque anticomunista dejaron cientos de miles de muertos y una lista aún más larga de prisioneros. Bajo el mando del general Suharto, el Ejército exterminó a los dirigentes sindicales y se desmanteló cualquier organización vinculada con la izquierda. Esto tuvo consecuencias gravísimas sobre la forma en que se podía hablar de política: la noción misma de clase social desapareció del vocabulario. Por su parte, los sindicatos fueron reorganizados dentro de un esquema corporativista controlado por el Estado y subordinado al régimen.

Al mismo tiempo, la ideología del Pancansila –un cóctel particularmente difuso que presenta la unidad, la armonía y la justicia social como rasgos culturales intrínsecos de la identidad indonesia– fue elevada al rango de doctrina de Estado. De hecho, las organizaciones sociales se vieron obligadas a jurar lealtad para demostrar su compromiso con la nación. A través de diversos programas de formación cívica, generaciones enteras aprendieron a asociar la denuncia de los antagonismos sociales con una amenaza para la sociedad. Para cuando el régimen colapsó, las luchas políticas radicales llevaban ya tres décadas marginadas, y la idea de que eran ajenas a la cultura indonesia “auténtica” ya había echado raíces en el imaginario colectivo.

Asimismo, la crisis que puso fin al Nuevo Orden también reforzó la integración de Indonesia en los circuitos del neoliberalismo a escala internacional. Tras el colapso económico de 1998, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió ciertas reformas que impusieron el cierre de bancos, programas de privatización y una reestructuración del sector financiero.⁴ Con la excusa de desmantelar el capitalismo de amigos, estas medidas facilitaron la supervivencia de muchos conglomerados a través de mecanismos de reestructuración de deuda y acuerdos ad hoc. En otras palabras, en lugar de disolver la oligarquía como prometía, el FMI le terminó salvando las papas.

En este escenario, la descentralización administrativa –una de las exigencias del FMI– que se puso en marcha en 2001 jugó un papel clave. Al redistribuir el poder central hacia los gobiernos provinciales y regionales, la reforma también multiplicó las posibilidades de extracción de rentas. Mientras las élites tejían alianzas con las empresas mineras, las grandes plantaciones y los desarrolladores inmobiliarios, los sindicalistas eran intimidados por matones de los dirigentes políticos locales o por grupos paramilitares.

Factor religioso

En paralelo a estas transformaciones en el plano político y económico, la sociedad indonesia experimentó una gran expansión de la fe islámica. Si bien a finales del siglo XX gran parte del mundo musulmán vivió un resurgimiento generalizado que remodeló la autoridad religiosa y la moral cotidiana, en Indonesia este fenómeno estuvo profundamente marcado por las consecuencias de las matanzas de 1965-1966.

En ese contexto, algunos descubrieron una piedad ostentosa como salvoconducto para su seguridad, ya que hacer alarde de la fe propia servía para eximirse de cualquier sospecha de comunismo. Con el tiempo, estas prácticas de supervivencia se fueron interiorizando y, al cabo de algunas generaciones, la religiosidad performativa se transformó en una creencia sincera. En ciertas zonas de Java Central, antiguos bastiones del PKI se convirtieron en focos de islamismo conservador, o incluso radical.

Estos cambios no pueden analizarse únicamente desde un punto de vista teológico, ya que, más allá de los efectos de la represión anticomunista, reflejan los esfuerzos del poder por sustituir cualquier forma de crítica social con un discurso moral. La injusticia social y la corrupción ya no se presentan como expresiones de dominación, sino como una prueba de que la sociedad se habría desviado del camino de Dios. Los reclamos ya no se manifiestan a través del lenguaje de la izquierda, sino con el léxico del islamismo radical: la bronca social se empezó a traducir en paciencia ante la adversidad, en gratitud hacia Dios y en una forma de aceptación a priori del mundo tal cual es. Las dificultades de la vida se volvieron pruebas de fe, y el sentimiento de injusticia se desvaneció ante la convicción de que el orden divino es, por definición, bueno.

Factor cultural

Los estrechos vínculos entre las zonas urbanas y rurales, característicos del corazón de Java, también condicionan las posibilidades de existencia de la izquierda. Muchos trabajadores viven con sus padres o sus suegros y explotan la tierra para completar sus ingresos. Ahora bien, cuando los golpes económicos son amortiguados por las redes familiares, la posibilidad misma de una confrontación se erosiona: ¿cómo luchar contra la precariedad cuando esta deriva de una organización familiar? ¿Y qué organización social estaría en condiciones de intervenir en el corazón mismo de los hogares?

Todo esto sin mencionar los mandatos de género. Las mujeres representan la mayoría de la fuerza trabajadora en sectores como el textil y la indumentaria, pero los discursos religiosos y nacionalistas –que insisten en que las tareas domésticas son responsabilidad de ellas– las mantienen al margen de los sindicatos. El trabajo por turnos, las tareas de cuidado y los mandatos sociales implícitos sobre la respetabilidad suelen trabar su participación en reuniones, movilizaciones y huelgas. De esta manera, los empleadores se benefician de modo indirecto de la persistencia de valores patriarcales, que terminan restringiendo el alcance de la acción colectiva en los sectores donde predomina la mano de obra femenina.

Todos estos marcos –ideológico, político, social, cultural y moral– no eliminan los reclamos, sino que moldean los modos en que son expresados y organizados. Un contexto así no solo debilitó al movimiento sindical, sino que también contribuyó a consolidar un orden hegemónico que naturaliza la jerarquía y la explotación. En esta configuración, la injusticia se reconoce pero se despolitiza. ¿La corrupción? Un fracaso moral. ¿Las desigualdades? El equivalente a una catástrofe natural. La idea de que estas condiciones están estructuralmente ancladas en las relaciones de dominación de clase queda, de este modo, borrada del mapa.

Los trabajadores son conscientes de la explotación. Muchos de ellos hablan con claridad de los bajos salarios, de la tercerización, de las condiciones de trabajo riesgosas y de las ganancias de las empresas. Sin embargo, la articulación contrahegemónica sigue siendo frágil. Sin un vocabulario político capaz de legitimar la confrontación estructural, las movilizaciones tienden a estancarse en lo defensivo y lo episódico. Las huelgas apuntan a recuperar derechos más que a transformar las relaciones de producción. Las protestas estallan como respuesta a reclamos específicos, pero se disipan en cuanto las amenazas inmediatas se descomprimen.

Si bien la identificación nacionalista y el razonamiento moral religioso no eliminan la disidencia, sí le fijan un marco exclusivo. El resentimiento circula, pero su traducción en una organización y una lucha contrahegemónicas duraderas sigue siendo limitada. Por lo tanto, la reestructuración capitalista actual avanza dentro de un orden moral y político capaz de absorber las críticas y de neutralizar su potencial transformador.

Vedi R Hadiz, profesor emérito, distinguido con el título Redmond Barry, del Instituto Asiático de la Universidad de Melbourne. Traducción del inglés (Australia) al francés: Renaud Lambert. Traducción del francés al español: Paulina Lapalma.