Tras acusar a cinco refinerías chinas de abastecerse de petróleo iraní, el Tesoro estadounidense las añadió, el pasado 24 de abril, a su interminable lista de empresas sancionadas. Una rutina, en apariencia. Hace décadas que Washington se arroga el poder de determinar quién puede comerciar con el resto del mundo, y todos se pliegan a sus dictados por miedo a quedar excluidos de un sistema financiero internacional anclado al dólar.

Pero las cosas no han salido como estaba previsto. China, que hasta entonces se había contentado con protestas verbales y con eludir discretamente las sanciones, anunció que no se sometería a ellas y que llevaría ante sus tribunales a cualquier empresa china que las acatara. Una decisión justificada por la necesidad de “preservar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país”. En otras palabras: impedir que las sanciones estadounidenses desorganicen los flujos energéticos que se han vuelto esenciales para la economía regional.

Las refinerías afectadas suministran combustibles a varios países, y su inclusión en la lista negra debilitaría todas las cadenas de suministro de un continente que funciona como un vasto sistema de producción integrada: hidrocarburos del Golfo, componentes chinos o coreanos, montaje en Vietnam o Bangladés... En este conjunto interdependiente, una interrupción duradera de los flujos energéticos –ya debilitados por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz– podría desorganizar rápidamente todo el aparato productivo.

Ante este riesgo, Pekín endurece su tono, sobre todo porque ahora dispone de instrumentos que le permiten mitigar el efecto de las sanciones financieras estadounidenses: un sistema de pagos transfronterizos y el creciente uso del yuan en las transacciones petroleras, acuerdos entre bancos centrales o incluso proyectos de monedas digitales interoperables. Por lo tanto, el cálculo chino se ve modificado: una pulseada con Estados Unidos resulta menos costosa que una perturbación prolongada de los flujos comerciales.

Lo que importa es el poder

El episodio asesta un nuevo golpe a un sistema de sanciones cada vez más utilizado y cada vez menos eficaz. Podría allanar el camino para estrategias de elusión más sistemáticas, facilitadas por la aparición de alternativas respaldadas por China. “La época en la que Washington dictaba en solitario con quién podía comerciar el mundo y veía cómo se imponían sus decisiones está llegando a su fin”, se congratula, quizá con demasiada precipitación, un analista crítico con Estados Unidos (The Morning Star, 16 de mayo). Queda por ver qué orden económico pretende consolidar China.

Su reacción ante la ley de aceleración industrial presentada a principios de marzo por Bruselas nos da una idea de eso. Promovido por la Comisión Europea como antídoto contra la desindustrialización, este plan pretende condicionar las ayudas públicas al cumplimiento de requisitos de contenido local y transferencia tecnológica, en especial en los sectores de las baterías, los vehículos eléctricos o los paneles solares. Pekín denunció inmediatamente una deriva “proteccionista”, contraria a las normas de la Organización Mundial del Comercio. “Si la Unión Europea adopta esta legislación y perjudica los intereses de las empresas chinas, China no tendrá más remedio que tomar medidas de represalia”, advirtió el gobierno. Sin embargo, estos instrumentos son de la misma naturaleza que los que el país ha utilizado durante mucho tiempo para estructurar su propio auge industrial, y que Estados Unidos aplica con creciente celo desde hace una década.

Al cuestionar la hegemonía estadounidense, Pekín defiende la continuidad de un orden de libre comercio cuyos contornos ha fijado durante mucho tiempo Washington. Retoma su lógica: en el comercio mundial las reglas importan menos que el poder de quienes las imponen.

Benoît Bréville, director de Le Monde diplomatique (París). Traducción: Redacción de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.