Una nueva era de disuasión

“El éxito de las economías de escala, del aprendizaje y de la acción combinadas con la ausencia constante de contradicciones democráticas efectivas produjo concentraciones históricas de datos, conocimiento, autoridad, poder, capital y control de la infraestructura [...]. La infraestructura digital crítica de los gigantes es utilizada como una herramienta para debilitar y luego usurpar las prerrogativas de gobernanza del Estado democrático”, escribió Shoshana Zuboff en ¿Capitalismo de la vigilancia o democracia? Una lucha a todo o nada en la era de la información.

Zuboff es profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Con esta inscripción institucional, es poco probable que su postura exprese un radicalismo de izquierda en la consideración del papel de las grandes plataformas de inteligencia artificial (IA) en la geopolítica mundial. Claro que para un Peter Thiel, el “tecnobró” en jefe que es noticia en el Río de la Plata porque se instaló hace dos meses en Buenos Aires, sería ciertamente una “zurda” a combatir.

Peter Thiel es cofundador de PayPal (1998), junto con Elon Musk, entre otros; también fundó Palantir (2003) y fue uno de los primeros inversores externos de Facebook, hoy Meta. Es un ideólogo reaccionario que participó en el financiamiento de las campañas electorales de Donald Trump y JD Vance, presidente y vicepresidente de Estados Unidos, respectivamente. Mientras Thiel se instalaba en Argentina con su pareja y sus hijos, su empresa Palantir, a esta altura célebre corporación de inteligencia de datos, publicaba un manifiesto de 22 puntos. De su listado de máximas, el punto XII dice: “Una era de disuasión, la era atómica, llega a su fin, y una nueva era de disuasión, basada en la IA, está a punto de comenzar”. Veamos un poco de qué va la envergadura de estos cambios.

La batalla geopolítica

En 1929, Estados Unidos sufrió el crack bursátil que dio lugar a la Gran Depresión. Salió de allí gracias al New Deal [nuevo trato] que estableció el presidente Franklin D Roosevelt, bajo el cual se reformaron los mercados financieros y se diseñó un programa de reactivación de la economía y de asistencia social amplia, siguiendo, por ejemplo, la experiencia que había vivido Uruguay durante el gobierno de José Battle y Ordóñez, y que se transformaría luego en el modelo del Estado de bienestar europeo, tras la Segunda Guerra Mundial.

Luego de la guerra comenzó la era atómica. Mientras internacionalizaba el New Deal con el Plan Marshall para Europa Occidental, Estados Unidos se enfrentó a la Unión Soviética en una carrera por el control del espacio y de la energía nuclear: la famosa Guerra Fría, “la era de la disuasión atómica”. Era una guerra entre Estados imperialistas que controlaban una tecnología sensible, que hacía sobrevolar sobre el planeta entero la amenaza de la extinción. Pero se trataba de un control estatal.

La amenaza global más reciente fue la pandemia de covid-19; no era tan grande como una posible extinción, pero fue suficientemente importante como para paralizar al planeta. A poco tiempo de iniciada la cuarentena generalizada que tanto transformó nuestras vidas, la periodista e investigadora canadiense Naomi Klein acuñó la expresión Screen New Deal [nuevo trato de las pantallas] para dar cuenta de lo que había pasado con el estado de Nueva York, que en 2020 firmó un acuerdo con el ex CEO de Google y lobista todoterreno de las plataformas (Google, Amazon, Meta, Microsoft, Apple) Eric Schmidt para que estas asumieran las funciones cuarentena, ya que eran las que controlaban los datos de las poblaciones inmovilizadas. A diferencia del New Deal, no era el Estado reactivando el mercado, sino cediendo algunas de sus potestades gubernamentales clave a las plataformas [NdR: Baste este punto para calibrar la importancia del Plan Ceibal o del Sistema Integrado de Salud para mantener estas funciones en el ámbito público en Uruguay].

Luego de la explosión de la IA y en sintonía con la política exterior agresiva de Trump, hoy hay un nuevo acuerdo: el Tech New Deal, como lo llaman algunos analistas, que viene a completar el círculo. Ahora son las corporaciones digitales las que asumen la defensa de Estados Unidos. Según la tesis I del citado Manifiesto de Palantir, Silicon Valley “tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso” y “tiene la obligación positiva de participar en la defensa de la nación”; además, “debe desempeñar un papel en la lucha contra la delincuencia violenta” (tesis XVII). Para eso, es necesario reemplazar el soft power por el hard power basado en la IA (tesis IV). Su desarrollo amerita un avance sin freno ya que, como sigue la tesis V, “nuestros adversarios no se detendrán”. De este modo volvemos a la escena inicial y a las reservas de Zuboff: la democracia liberal, como dijo Thiel en varias oportunidades, puede ser un obstáculo. Incluso más: llegó la hora, para el mundo, de admitir que “el poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada”, ya que desde los tiempos de Roosevelt no ha habido guerras mundiales (tesis XIV). Y la tesis XVI del Manifiesto llama a aplaudir a Elon Musk por su visión del mundo.

La batalla legislativa

Palantir basó su modelo de negocios en el método land and expand [aterrizar y expandirse], que consiste en conseguir contratos pequeños con instituciones grandes (el Instituto Nacional de Salud inglés o las agencias Central de Inteligencia y de Seguridad Nacional de Estados Unidos). Una vez concretados los acuerdos, se adueña de las estructuras de datos e impide su expulsión (vendor lock-in, es decir que el “cliente”, en este caso los organismos estatales, se vuelve tan dependiente del proveedor que no puede prescindir de él). Así, se convierte en un monopolio privado dentro de las áreas más sensibles de los Estados, como la seguridad interior y exterior. En este sentido, la trayectoria de Palantir no es tan distinta a la de otras corporaciones del conocido “complejo militar-industrial”; solo que se basa en otra tecnología, la digital, que da lugar a la IA. Y en la actualidad la IA es una metatecnología, esto es, una tecnología que además de expandirse en sí misma controla otras tecnologías (desde el tráfico aéreo hasta los programas sociales). Palantir, como explicita en sus tesis, es el brazo “inteligente” preponderante de Israel y Estados Unidos en Medio Oriente (seguridad exterior) y del grupo de choque “antiinmigrantes” Servicio de Inmigración y Control de Aduana, más conocido por su sigla ICE (seguridad interior en Estados Unidos).

Así, Palantir se convirtió no solo en defensor de Washington, sino en uno de los nodos internacionales de una nueva batalla geopolítica que emplea la IA como instrumento de una guerra entre imperios: Estados Unidos y China. En la disputa entre ambas potencias, el lugar de América Latina no es diferente al que ocupó en otras etapas de la historia: proveedor de materias primas (agua y minerales para sostener servidores, centros de datos y de cómputos) e importador de tecnología con valor agregado, con el agravante de que la IA parece ser mucho más influyente en la construcción de las relaciones sociales de lo que es, por ejemplo, la propia energía nuclear. Las estrategias para contrarrestar esta situación en la región serían, a mediano y largo plazo, buscar algún tipo de soberanía en el desarrollo de algunas tecnologías ligadas a la IA; y en el corto plazo, la regulación de la IA, que es la política que llevan adelante la Unión Europea, Brasil y, en menor medida, Chile, orientados a tratar de obtener algunos beneficios de la instalación de estos centros y servidores para desarrollos locales.

En una investigación reciente, Flavia Costa, Alejandro Covello, Iago Novidelsky y Julián Mónaco identificaron nada más ni nada menos que 53 proyectos legislativos en Argentina relacionados con IA, de los cuales 11 proponen una ley integral en línea con varias de las regulaciones más detalladas de la Unión Europea.¹ Según este informe, dos de ellos, el del senador Martín Doñate y el del diputado Daniel Gollán (ambos peronistas y con mandatos finalizados en diciembre de 2025), establecen directivas claras en áreas como definición de ciclos de vida de la IA, la identificación de categorías de riesgo sistémico y los criterios de gobernanza de la IA, así como en la descripción de sistemas de evaluación de registro del Estado y de monitoreos de autoridades competentes designadas para el campo. Cuando se habla de regulaciones, de normas o de leyes no se habla de “frenos” al desarrollo de la tecnología, sino justamente de orientarlo según algunos criterios políticos básicos.

Mientras algunos de estos proyectos pierden estado parlamentario, el criterio político básico del actual gobierno argentino es, para decirlo sin eufemismos, vender el país, así como la intención de Peter Thiel y otros es comprarlo, a un precio casi de remate; tal es la versión argentina del Tech New Deal. Y para eso se está poniendo a punto una arquitectura legal específica. En las últimas semanas ocurrieron tres hechos centrales. Primero, el gobierno modificó mediante un decreto el Régimen de Inversiones Mineras para facilitar la explotación fundamentalmente de oro, plata, cobre, litio y petróleo (primera categoría de minerales según la norma) por parte de empresas privadas, mientras que países vecinos, como Bolivia y Chile, incluso con flamantes gobiernos de ultraderecha, mantienen empresas nacionales de minería. En segundo lugar, el gobierno obtuvo en la Cámara de Diputados la media sanción al llamado Súper RIGI [Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones], que garantiza a empresas extranjeras, especialmente mineras y petroleras, 30 años de beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y legislativos; entre otras concesiones, la designación de tribunales extranjeros para eventuales litigios, algo que no tiene muchos precedentes. Y, finalmente, el ministro de Desregulación y de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, asistió a la Comisión de Legislación General del Senado para defender el proyecto de ley de Reforma Integral de Sociedades Anónimas, que permite la creación de “sociedades automatizadas” de IA, sin seres humanos.

Por su parte, Peter Thiel, quien apenas aterrizó en Buenos Aires fue recibido con honores en la Casa Rosada [sede del Poder Ejecutivo], tiene un menú de opciones de negocios que ha probado en otras latitudes para adaptar a estas innovaciones legislativas. La opción de mínima es hacerse de la estructura de datos de todo lo que pueda del Estado argentino, bajo el criterio ya mencionado de land and expand; el contrato que debería firmar seguramente le saldrá más barato que los 12 millones de dólares que costó la casa que compró en el barrio porteño de Palermo Chico. Para eso, es factible pensar que existe una relación entre esta opción y el anuncio que hizo hace un mes la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: la creación del Gemelo Digital Social, un nuevo sistema basado en IA que buscará diseñar, proyectar, anticipar y predecir el impacto de políticas públicas a partir del procesamiento masivo de datos.

La opción intermedia de los “tecnobrós” como Thiel es aprovechar las leyes de remate para que Argentina se convierta en un terreno privilegiado de la infraestructura de la IA de Occidente. De hecho, el discurso explícito de Javier Milei dice que ese país cuenta con un clima frío en la Patagonia y ofrece la ausencia completa de cualquier regulación para explotar la IA. Y también, añade el presidente argentino, tiene agua a disposición, gracias a la recientemente sancionada Ley de Glaciares, que permite expandir la superficie de glaciares a ser convertidos en refrigerante de granjas de servidores. Mientras Milei y Sturzenegger firmaron una nota en el Financial Times promoviendo a Buenos Aires como “la capital de la IA en el siglo XXI”,² Sam Altman, CEO de Open AI, la dueña de Chat GPT, mantiene la promesa del año pasado de invertir 25.000 millones de dólares para un data center en la Patagonia y Elon Musk anuncia que hará lo mismo y que desembarcará su empresa insignia Tesla en Argentina.³ Nada de eso ocurrió aún; quizás estén esperando nuevos obsequios legislativos.

Esta espera podría estar ligada a la opción de máxima de Thiel: ya no controlar parte del Estado a través de los datos, ni usar el territorio de un país para instalar la propia infraestructura sin contraprestaciones, sino directamente instalar su propia sociedad, un tecnofalansterio ultraderechista de vanguardia. Thiel ya lo intentó en 2022 en la isla hondureña de Roatán con una ciudad llamada Prospera, un tejido urbano dentro de una zona franca donde se concede no solo la propiedad privada de una tierra hasta entonces pública, sino también autonomía política para dictar leyes, normas y, en definitiva, un gobierno. Dos años antes, Google intentó sin efecto hacer algo similar en una zona abandonada del puerto de Toronto, Canadá, sobre el lago Ontario. Honduras Prospera Inc. sostiene aún hoy una demanda de arbitraje internacional contra el Estado hondureño por 1.600 millones de dólares por la cancelación del proyecto dictada por la Corte Suprema de ese país.

Para que Thiel no tenga estos problemas en Argentina, Javier Milei impulsa, a través de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la derogación y desregulación de la Ley de Tierras que fija límite a las tierras en manos de extranjeros. Hasta ahora, el Congreso no le hizo ese regalo al presidente, quien no puede hacérselo a su vez a Thiel, Musk, Altman o a cualquier “ser humano del mundo que quiera habitar el suelo argentino”, como reza el Preámbulo de la Constitución de esa nación, que tenga un negocio de IA llave en mano.

Hay otras líneas de puntos para unir, todas en la Patagonia: los incendios forestales que arrasaron la zona de El Bolsón y el Parque Nacional Los Alerces, entre Río Negro y Chubut, tierras codiciadas a múltiples niveles; el convenio firmado el mes pasado entre la Armada argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur de Estados Unidos para vigilar el mar Argentino, entendido como “bien común” y no como soberanía nacional, antecedido por la intervención del gobierno sobre el puerto de Ushuaia en enero, mientras legisladores estadounidenses tramitaban permisos para la gestión de minas, residuos y procesamiento de materiales críticos; y, por qué no, el desdén del actual gobierno argentino por los reclamos del país respecto de las islas Malvinas.

Pablo Manolo Rodríguez, periodista, profesor e investigador independiente del Conicet argentino, miembro del Observatorio de Tecnologías, Sociedad y Ecosistemas Digitales, Universidad de Buenos Aires.