Fascismo en Francia, el gran malentendido

La elección presidencial francesa de 2027 no tratará de alternancias, sino de una posible ruptura. ¿Cuál? Para evitar la victoria de Agrupación Nacional [RN, el partido ultra de Marine Le Pen], una parte de la izquierda se moviliza contra el riesgo del fascismo descuidando otra hipótesis: el modelo israelí.

En el gran juego de los pronósticos sobre el futuro político de Francia, hay uno que aplasta a la competencia en los debates de izquierda desde hace dos décadas: “¡El fascismo!” –entiéndase: vamos derecho en esa dirección–. Con su culto a la policía, su obsesión securitaria y su foco puesto en los jóvenes de origen inmigrante (esas “chusmas” a pasar “por la máquina hidrolavadora”), el expresidente Nicolas Sarkozy había suscitado numerosas críticas en este rubro a fines de los años 2000. En 2015 y 2016, los atentados islamistas, la psicosis de los “jóvenes radicalizados” y la ola de refugiados de Medio Oriente hicieron que la idea de un “enemigo interior”, dispuesto a golpear a la República con la complicidad de cierta parte de la izquierda, echara profundas raíces en un segmento de la población. Se dio un paso más con el proyecto del presidente François Hollande de despojar de la ciudadanía a las personas con doble nacionalidad nacidas en Francia que hubieran sido condenadas por un “crimen que constituya un atentado grave contra la vida de la nación”. Con la represión de los movimientos sociales, la banalización mediática de temas antes limitados al conservadurismo más extremo, el avance casi constante de Agrupación Nacional durante los dos mandatos de Emmanuel Macron y la actitud benevolente de la patronal hacia dicho partido, la hipótesis se vuelve certeza: el fascismo gana terreno en Francia.¹

Apartheid 2.0

La referencia al régimen mussoliniano y al período de entreguerras presenta la indiscutible ventaja de impactar los espíritus. Supone la idea de un vuelco autoritario una vez que la extrema derecha llegue al poder gracias a la capitulación de los partidos tradicionales, que le concedieron al adversario el marco del debate. Se trata, entonces, de movilizarse mientras todavía haya tiempo, apoyándose en el ejemplo de luchas antifascistas celebérrimas, aunque no siempre victoriosas. Pero ¿no oculta acaso el espectro del fascismo un peligro menos espectacular y mucho más concreto? El de un deslizamiento imperceptible hacia un régimen de segregación jurídica en el que, al igual que en Israel, una parte de la población considerada foránea sería sometida y relegada a una posición subordinada mediante la aplicación de una legislación específica. Un giro fascista implicaría una ruptura coercitiva costosa, así como un guía providencial, a los que se opondrían las instituciones todavía poderosas de la burguesía liberal; el apartheid 2.0 se contentaría con poner en práctica la “preferencia nacional”, política estrella de RN legitimada por el sufragio, que en términos jurídicos separaría del resto a las poblaciones que sean conformes a la “identidad francesa”. Y ofrecería una solución a la ecuación que enfrentan numerosos países europeos.

Reducida a su expresión más simple, la cuestión de la inmigración, en torno a la cual se dibujan las divisiones ideológicas, comporta en efecto dos términos, uno demográfico y otro político. Golpeadas por un envejecimiento acelerado y un derrumbe de la tasa de fecundidad, las poblaciones del viejo continente –que nunca llevó tan bien su nombre– se encuentran en la incapacidad de hacer funcionar la máquina económica sin recurrir a la inmigración. Este dato, ampliamente documentado,² favorece y perjudica en simultáneo a los partidos de extrema derecha. El derrumbe de la natalidad y la proporción creciente de personas mayores ofrecen un buen terreno para los discursos securitarios, las profecías “declinistas” y el miedo al “gran reemplazo”. Pero les plantean un problema a las élites económicas, sin las cuales la extrema derecha no puede gobernar. En Italia, Giorgia Meloni, elegida gracias a una línea política contraria a la inmigración, firmó en 2025 un segundo decreto trienal que autoriza la llegada de 500.000 trabajadores extranjeros para satisfacer a las patronales de la agricultura, la construcción y el turismo. Al mismo tiempo que describía en octubre de ese mismo año la presencia de migrantes como “un problema en el paisaje urbano”, el canciller alemán Friedrich Merz respondía a los reclamos de los empleadores por la escasez de mano de obra creando una agencia digital de reclutamiento de extranjeros calificados bautizada Work-and-Stay. “No son los patrones los que piden masivamente inmigración, es la economía”, explicaba en Radio Classique (19 de diciembre de 2023) Patrick Martin, presidente del Movimiento de las Empresas de Francia (Medef).

Pese a los prodigios de la automatización, los ingenieros de Silicon Valley no contemplan a corto plazo una inteligencia artificial que bañe a las personas que necesitan cuidados, aunque el excandidato de ultraderecha francés Éric Zemmour prometa que “los robots reemplazarán a los inmigrantes” (Europe 1, 23 de junio). Esta transformación en el orden de las edades –la pirámide se convierte en hongo– va acompañada por otra en el orden de los géneros: mientras que las mujeres superan a los hombres en los estudios superiores, con excepción de las carreras más valoradas, los jóvenes varones con poca o ninguna formación perciben la inmigración como una amenaza tanto mayor cuanto más se fragiliza su posición social y matrimonial. Ahora bien, los movimientos migratorios en el mundo se aceleran desde hace un cuarto de siglo: se contabilizaban 304 millones de migrantes internacionales en 2024, contra 174 millones en 2000, es decir, una proporción de la población mundial que pasó del 2,8 por ciento al 3,7 por ciento. En Europa, esa cifra alcanzaba los 94 millones en 2024, contra 56 millones en el 2000, con una población prácticamente constante.³

Porcentajes

El segundo término de la ecuación es político: el ascenso de formaciones de extrema derecha impulsadas por un discurso contra la inmigración musulmana proveniente de África, el Magreb o Medio Oriente. En Francia, las listas de RN pasaron de un 11,3 por ciento y ningún diputado en las legislativas de 2002 a más del 33 por ciento y 123 bancas en las de 2024. La derecha “posfascista” gobierna Italia. En Alemania, la Alternative für Deutschland (AfD), creada en 2013, 12 años después reúne un voto de cada cinco. Las formaciones de derecha radical dominaron la vida política tanto en Polonia como en Hungría, e imponen sus discursos sobre la “amenaza migratoria”, el “gran reemplazo” y la “inseguridad cultural” en Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega...

Paradójicamente, numerosos estudios documentan una baja de las convicciones racistas dentro de los países europeos –en el sentido de creencias en una jerarquía de “razas”– y un aumento concomitante de la xenofobia, así como del sentimiento de que “ya no estamos en nuestra casa”. Una opinión que gana ahora las filas de la derecha clásica y se banaliza: “El 63 por ciento de los franceses favorable a una suspensión de la inmigración legal durante tres años”, afirma una encuesta encargada por CNews y difundida por Le Figaro (28 de mayo). La prensa y los influencers de extrema derecha inundan de forma cotidiana las redes sociales con sucesos que parecen validar la idea de que, desde el canal Saint-Martin en el distrito 10 de París hasta la estación de Colonia en Alemania, y desde Belfast hasta Roma, las poblaciones provenientes de una inmigración de cultura musulmana se apoderan de las calles e imponen su ley a los “blancos”.

No es, en el fondo, la presencia en el territorio de franceses negros y árabes lo que incomoda a las derechas, sino que los inmigrantes y sus descendientes tomen en serio aquello que sus detractores siempre sospecharon que rechazaban: la integración, el deseo de echar raíces, la presencia de pleno derecho en el espacio público. Si el racismo tradicional fundaba su jerarquía racial en la biología, la xenofobia contemporánea les niega a los inmigrantes su condición social de iguales.

Supremacía jurídica como modelo

Declive demográfico y necesidad de mano de obra por un lado, rechazo y miedo creciente a la inmigración musulmana por el otro: ¿cómo conciliar estos dos términos? Mediante la ruptura fascista. O mediante la implantación progresiva de un régimen jurídico diferenciado que consagre la supremacía de los autóctonos sobre los recién llegados, de tal forma que los inmigrantes trabajadores y sus descendientes se integren en una vida en común concebida como una relación de sumisión. Sin siquiera mencionar la esclavitud o el sistema de “Jim Crow”⁴ en Estados Unidos, tales construcciones legales rondan la historia contemporánea.

Para empezar, lo hacía el régimen del “indigenato” impuesto por la III República en sus colonias.⁵ Este sistema diferenciaba dos categorías de súbditos: los ciudadanos, titulares de plenos derechos políticos, y los indígenas, sometidos a una serie de obligaciones particulares (trabajos forzados, requisas, impuestos), sanciones y restricciones específicas, en particular en materia del derecho de voto. Su actualización en la metrópoli por parte de un gobierno de extrema derecha trasladaría una variante atenuada de ese estatuto a las poblaciones metropolitanas identificadas como problemáticas.

En el Golfo se puede encontrar una versión radical de este modelo: tanto en Emiratos Árabes Unidos como en Catar, el 20 por ciento de la población goza de todos los derechos, mientras que el 80 por ciento restante, compuesto por extranjeros, se dedica a la producción o al servicio, importados por agencias privadas y confinados en barracones sin perspectivas de integración. Con proporciones demográficas y una historia diferente, el apartheid instaurado en Israel ofrece a los europeos un modelo tanto más instructivo cuanto que ese país, ensalzado por las derechas radicales, reivindica un fundamento democrático. La afirmación de la supremacía de los judíos sobre los palestinos no se opera solo por la fuerza ilegal (colonización, ejecuciones extrajudiciales, persecución de los colonos, detenciones arbitrarias, tortura de prisioneros), sino también mediante la adopción de leyes que establecen un régimen de inferioridad jurídica. La adoptada el 19 de julio de 2018 por la Knéset [Parlamento israelí] dispone que “el derecho a ejercer la autodeterminación dentro del Estado de Israel está reservado exclusivamente al pueblo judío”. Como numerosas legislaciones anteriores, empezando por la “ley del retorno”, este texto con valor constitucional legaliza una discriminación en función del origen, que confina a los no judíos al estatuto de inferiores. Si bien actuaron conforme a esta ideología de apartheid, los fundadores del país se habían tomado el trabajo de mantener una fachada democrática al garantizar en la declaración de independencia de Israel “completa igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus ciudadanos”. La adopción, el 30 de marzo, por una amplísima mayoría de parlamentarios, de una ley que castiga con la muerte a los palestinos declarados culpables de “asesinato terrorista”, pero no a los judíos israelíes autores del mismo crimen, sugiere no ya una excepción adicional a la norma, sino una forma de gobierno en sí misma: un sistema jurídico a dos velocidades que codifica la supremacía de una parte del pueblo sobre la otra.

Herramientas para “poner orden”

Se puede concebir hasta qué punto este esquema podría inspirar a una extrema derecha francesa que cruzara en 2027 las puertas del poder y buscara superar la contradicción demografía-inmigración sin contrariar a su electorado. Agrupación Nacional se comprometió a iniciar su eventual mandato con un gran referéndum sobre la inmigración que le daría a la “preferencia nacional” un fundamento jurídico.⁶ El proyecto de ley constitucional “Ciudadanía-Identidad-Inmigración” presentado por Marine Le Pen el 25 de enero de 2024 da un anticipo del menú: “prioridad nacional” erigida en “derecho constitucional invocable”, abolición del derecho de suelo [cuando la nacionalidad se adquiere por nacer en territorio francés], “salvaguarda de la identidad de Francia” elevada al rango de misión republicana, voluntad de “prohibir el acceso a empleos en la administración, empresas públicas y personas jurídicas encargadas de una misión de servicio público a las personas que poseen la nacionalidad de otro Estado”.

Esta última disposición apunta evidentemente a los binacionales, de los cuales el 90 por ciento son inmigrantes o descendientes de inmigrantes.⁷ Permite sortear el obstáculo de la Constitución, que prohíbe toda distinción fundada explícitamente en el origen. Porque, si una mayoría parlamentaria puede fácilmente someter a los extranjeros a regímenes jurídicos específicos, otra cosa muy distinta ocurre con los franceses provenientes de la inmigración, gran parte de los cuales posee la plena ciudadanía. Para alcanzarlos sin designarlos como tales, Agrupación Nacional puede apoyarse en categorías sustitutas, lo suficientemente correlacionadas con ese origen como para producir efectos comparables. Además de la binacionalidad, los signos religiosos (prohibición del velo en el espacio público) o la variable territorial constituyen otros factores determinantes. Sin señalar a poblaciones en razón de su ascendencia, esta última permite concentrar medidas específicas en espacios donde residen de modo masivo inmigrantes y descendientes de inmigrantes. Sin embargo, los responsables políticos ya están aplicando esta lógica. Controles de identidad concentrados en determinados barrios populares, tipificación como delito de la ocupación de los halls de los edificios, operaciones de “limpieza” llevadas a cabo prioritariamente en los barrios de grandes complejos residenciales, o incluso el despliegue policial conocido como Barrios de Reconquista Republicana (QRR) creado por Emmanuel Macron para territorializar la actuación policial. Ante el menor brote de desorden, los responsables de las derechas clásica y extrema reclaman el estado de emergencia, toques de queda y “medidas de excepción” para esos barrios que Marine Le Pen y Valérie Pécresse describen como “zonas de no Francia”. En manos de un gobierno de Agrupación Nacional tales dispositivos ampliados y articulados con otras restricciones consolidarían el arsenal dirigido contra los derechos de los extranjeros como de los franceses provenientes de la inmigración extraeuropea.

La maniobra se vería facilitada por una doble reacción antiuniversalista en marcha desde hace un cuarto de siglo. La de la derecha, que alimenta sin descanso la idea de una incompatibilidad republicana de las poblaciones musulmanas, asociadas ahora al terrorismo y al oscurantismo. Pero también la de una fracción de la izquierda, que exalta los particularismos culturales o religiosos de las minorías.⁸

Así, sin llegar tan lejos como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ni rasgar el velo de las apariencias democráticas, un gobierno de extrema derecha dispondría de numerosas herramientas para devolverle a su electorado ese “sentimiento de seguridad” que la proximidad de inmigrantes “libres e iguales en derecho” le hizo perder. Restablecer el orden: antes que la vía militar-policial del fascismo tradicional, Agrupación Nacional preferiría probablemente aquella, más practicable, de una operación a la vez securitaria y simbólica consistente en poner “a los inmigrantes” en su lugar. Aquel, situado en lo más bajo de la escala social, que ocupaban los obreros especializados (OS) del automóvil o de la agricultura en los años 1970. Esos trabajadores recién inmigrados, sin derechos, sin familia, sin apoyos políticos, a merced de los explotadores inmobiliarios, mantenidos por los mandos a buena distancia de los obreros calificados franceses o inmigrantes ya establecidos, tejieron la trama de los “30 gloriosos” que hasta el hombre de derecha añora hoy: “antes estaba mejor”, ciertamente, porque un árabe no lo hubiese mirado por encima del hombro en la calle.

¿Encontrará el apartheid a la francesa una resistencia mayoritaria? A la izquierda, seguramente, pero ¿alcanzará? La derecha, subyugada por el “modelo israelí” de seguridad y de política exterior, ya denuncia a quien encuentre algo que objetarle. “El recordatorio por parte de los europeos de los grandes principios del derecho internacional es estimable, pero esas invocaciones no llevan a gran cosa”, explicó a propósito de la “gran limpieza” israelí en Medio Oriente el periodista Guillaume Roquette en Le Figaro Magazine (6 de marzo), semanario situado en el cruce entre las derechas tradicionales y las extremas. Un “razonamiento” análogo recibiría, sin duda alguna, la demolición del derecho francés por parte de una extrema derecha en el poder.

Para combatirla en ese terreno como en el de la economía, la izquierda dispone de una brújula política, de un programa y de una consigna: igualdad.

Benoît Bréville y Pierre Rimbert, respectivamente, director y miembro de la redacción de Le Monde diplomatique (París). Traducción: redacción de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.