Las crisis de los países –y de sus democracias– no siempre son repentinas. Hay otras de bajo estruendo, que no necesitan tanques ni mensajes televisivos de última hora. Avanzan de a poco. Dispersas, como rajaduras en tierra seca, hasta llegar al cimiento.

En Perú, las primeras señales aparecieron hace una década. Keiko Fujimori pasaba un mal rato. Acababa de perder su segundo balotaje frente al liberal Pedro Pablo Kuczynski y, tras hablar de “resultados confusos”, anunció que adaptaría su plan de gobierno al Congreso, espacio donde había obtenido mayoría. En los siguientes años la presencia de su partido se sentiría más, prometió.

No eran palabras vacías. Ese junio de 2016, señalan diversos analistas, empezó la crisis que ha convulsionado al país por más de diez años. El momento –dirán algunos– en que de verdad se jodió el Perú: del uso político de la desconfianza en el sistema electoral al obstruccionismo y las vacancias. De ahí, al falso fraude, un pacto congresal –orquestado tras el fallido golpe de Estado de su adversario de izquierda Pedro Castillo–, desequilibrio de poderes, toma de instituciones e impunidad.

Ahora, en su cuarto intento, Keiko Fujimori logró quedarse con el Ejecutivo. Pese a la degradación de las instituciones, una campaña millonaria y el respaldo de los grandes medios de comunicación, no tuvo una victoria sencilla. En abril, apenas consiguió 17,19 por ciento de apoyo en una primera vuelta que reunió 35 listas.

La cifra –parecida a la de 2021– hizo que buena parte del país pensara en una derrota repetida. Sin embargo, dos meses después, Fujimori se impuso por poco más de 49.600 votos frente a Roberto Sánchez, el candidato de izquierda que llegó a la segunda vuelta con la bendición del exmandatario Castillo.

Ese padrinazgo que recibió Sánchez de una figura popular en las áreas rurales y en la sierra, pero despreciada por las élites económicas y otros sectores del país, le dio a la líder de Fuerza Popular un margen inesperado: la posibilidad de autoproclamarse como la garante de la democracia.

Instaló la idea desde la primera vuelta. “El principal riesgo para el desarrollo de nuestro país siempre ha sido la izquierda. Esa izquierda que nos ha traído caos y dolor, como cuando [...] hicieron un golpe de Estado de la mano de su jefe”, le dijo a Sánchez en uno de los primeros debates presidenciales.

Paradójicamente, esta campaña fue la primera en la que Keiko Fujimori no renegó del legado de Alberto Fujimori, su padre autócrata. Llegó a decir, incluso, que quería gobernar como él. Que necesitaba una oportunidad en el poder “para recuperar el orden”.

¿Gobernar como su padre?

Los politólogos peruanos hacen una advertencia: el fujimorismo es varias cosas a la vez. Aunque con otros nombres, el origen de esta fuerza dinástica se remonta a fines de los años 1980, con la entrada en escena de Alberto Fujimori, un ingeniero descendiente de japoneses, profesor de matemáticas y exrector de la Universidad Nacional Agraria, a la arena política.

Era un momento agónico para Perú. Luego del incumplimiento de pago de la deuda externa, el país había quedado aislado de los círculos financieros internacionales y estaba asfixiado por un cúmulo de problemas: hiperinflación, pobreza, colapso productivo, caída de ingresos fiscales, creciente informalidad, un conflicto armado interno cada vez más violento y una represión militar arbitraria. “La convicción era que Perú estaba camino al despeñadero”, cuenta el politólogo y profesor universitario Alberto Vergara.

En ese escenario, la figura del patriarca Fujimori apareció como la de un outsider que prometía desmarcarse de los políticos tradicionales, aunque con estrategias poco claras. Arropado por actores informales, grupos evangélicos y sectores populares, venció a Mario Vargas Llosa –candidato de propuestas liberales y favorito entre los empresarios– en la segunda vuelta de 1990.

Las élites económicas y militares, cada vez más propensas a una intervención como la de Augusto Pinochet en Chile, no le tenían fe. Consideraban que no sería capaz de restablecer el orden público y tampoco había mostrado interés en la economía de mercado.

Sin embargo, en cuanto llegó al poder, Fujimori rompió una de sus promesas de campaña y ejecutó el shock económico –ajuste que su contrincante había planteado como necesario y del que él, inicialmente, había renegado–. Esto le permitió recuperar el respaldo del sistema financiero internacional y equilibrar la macroeconomía. Tal como explicó el fallecido antropólogo y sociólogo Julio Cotler en La gobernabilidad en el Perú: entre el autoritarismo y la democracia, la apertura económica, una creciente flexibilidad laboral, la privatización de empresas públicas, el rescate del sistema financiero y la negociación de la deuda externa reactivaron las inversiones. Así, buena parte de la población pasó de la incredulidad –y de estrategias de supervivencia– a apoyar estas decisiones, en tanto la inflación menguó y la economía se dinamizó.

En el otro frente, Fujimori tuvo un aliado clave: Vladimiro Montesinos, exmilitar e informante de la CIA [Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos]. Su nombramiento como asesor presidencial le permitió establecer relaciones cercanas con las Fuerzas Armadas, en un contexto de avanzada de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Los ciudadanos de la sierra central sur de Perú fueron las principales víctimas de dichas agrupaciones. A sus vejámenes también se sumaron asesinatos, violaciones sexuales, torturas, reclutamientos forzados y otras crueldades cometidas por los militares, desplegados en la zona desde los años 1980.

Con Fujimori se sumarían nuevas vulneraciones a los derechos humanos. Por un lado, planteó una revisión de la estrategia contra los grupos terroristas, que privilegió las tareas de inteligencia. Y, por lo bajo, conformó un grupo paramilitar especializado en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Entre sus víctimas, hubo múltiples civiles inocentes, incluidos campesinos y estudiantes universitarios. “Las prácticas usadas para vencer [a Sendero Luminoso y al MRTA] eran parte de ese mismo terror, y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos que, en muchos casos, siguen impunes”, remarca la politóloga Patricia Paniagua.

El plan para perpetuarse en el poder había comenzado casi en paralelo. “Para el Ejecutivo y los militares –en palabras de Cotler– el sistema político constituía un obstáculo en la búsqueda de la reestructuración y la pacificación; o sea, para alcanzar la gobernabilidad del país”. Uno de los hitos de ese razonamiento fue el autogolpe de 1992: cierre inconstitucional del Congreso, intervención del sistema judicial, del servicio diplomático y de las universidades públicas.

“Ese golpe de Estado inauguró una ola de autoritarismos competitivos en la región”, explica José Alejandro Godoy, politólogo, profesor y autor de varios libros sobre el fujimorismo. Es decir, regímenes dirigidos por civiles que acceden al poder de manera democrática y, luego, cometen atropellos que los dejan en ventaja frente a sus adversarios políticos. Dicho de otro modo, adoptan una fachada democrática con un terreno extremadamente desparejo, hostigando al mismo tiempo a sus críticos.

El de Fujimori cumplió con todos los patrones. Además de copar instituciones, compró líneas editoriales de medios de comunicación masivos e impulsó campañas de noticias falsas y escándalos de farándula que actuaban como distractores en la prensa popular. A fines de 1992, por presión internacional, convocó a elecciones para un Congreso Constituyente.

En el camino, tuvo un golpe de suerte: en setiembre, el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) –un equipo policial de élite creado antes de su llegada al poder y dedicado de manera exclusiva a la captura de la cúpula senderista– apresó a Abimael Guzmán, líder de dicha organización, y a varios integrantes de su comité central.

“Aunque Fujimori y Montesinos no conocieron sobre el operativo de captura de Guzmán hasta luego de producido, hicieron todo lo posible para quedarse con la gloria política”, relata Godoy en La tentación autocrática. Guía breve de las dictaduras latinoamericanas. Con ese impulso consiguieron la mayoría en el Congreso Constituyente y la aprobación de una nueva carta magna que, entre otras cosas, permitió la reelección presidencial inmediata. Luego, llegó una ley de interpretación auténtica de la Constitución que habilitó el tercer mandato de Fujimori padre.

Para entonces, la concentración de poder, el control sobre los medios de comunicación y el espionaje a adversarios políticos y periodistas independientes se había intensificado. El gobierno también había impulsado una amnistía para militares y policías procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos y una serie de programas asistenciales para congraciarse con las clases populares.

Aunque Fujimori llegó a juramentar por tercera vez, las denuncias de fraude –el proceso fue calificado como irregular por la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos– y la Marcha de los Cuatro Suyos, la mayor movilización política y ciudadana del siglo pasado, empezaron a erosionar su régimen.

A eso se sumó un descubrimiento perverso: su asesor había contratado a un grupo de delincuentes para provocar un incendio en la sede central del Banco Nación, donde murieron seis vigilantes, y culpar a los líderes de la marcha que se desarrollaba en ese momento. Poco después, llegaron los “Vladivideos”, un conjunto de grabaciones con cámaras ocultas donde se veía al mismo asesor entregar sobornos a congresistas tránsfugas y otras figuras con las que tenían negociados.

Tras la caída del régimen –que incluyó la fuga de Fujimori hacia Japón, una renuncia por fax y la vacancia por incapacidad moral–, el autócrata fue detenido, años después, durante una visita a Chile, extraditado a Perú y condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Por eso, estuvo encarcelado hasta fines de 2023, cuando le reactivaron un indulto irregular, meses antes de su muerte. Aun así, el fujimorismo no desapareció de la escena política.

“En Perú, durante mucho tiempo, los proyectos autoritarios no tenían continuidad cuando sus líderes dejaban la vida pública o fallecían. El de Fujimori, sí. De hecho, en 2006, cuando estaba preso en Chile esperando su extradición, le da la chance a su hija Keiko para que sea candidata al Congreso, y ella logró ingresar”, recuerda Godoy. Cinco años después, con su padre ya recluido en Perú, empezaría su ambición por el Ejecutivo.

¿Qué permitió esa vigencia en la sociedad peruana? Alberto Vergara habla de una superposición de la experiencia y la memoria histórica. “Durante el gobierno de Alberto Fujimori se solucionaron graves problemas. Esa experiencia histórica existe: Perú estaba enamorado de su Chino [apodo de Alberto Fujimori] salvador. Y, como tantos pueblos antes y muchos que vendrán, estuvo feliz de entregar su democracia a cambio de seguridad”.

Similitudes y contrastes

Como en los años más sólidos de su padre, Keiko Fujimori ha llegado al Ejecutivo con una influencia significativa en el Senado, órgano que este 2026 se reactivó luego de más de tres décadas de Congreso unicameral. La cámara alta ha sido descrita por los analistas como un superpoder debido a un diseño –creado por Fuerza Popular, el partido de gobierno, y sus aliados– que impide su disolución, le da capacidad de veto a las leyes provenientes de la Cámara de Diputados y tiene en sus manos la designación de altos funcionarios en instituciones clave.

A esto se suma el impulso, por parte de uno de sus principales cuadros, de una serie de leyes de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía implicados en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y la represión a las protestas de 2022-2023 en la que fueron asesinados 49 civiles.

“En Perú no solamente han buscado el control del sistema de justicia [a partir de la revelación del caso Lava Jato], sino el establecimiento de normas para evitar que los partidos políticos puedan ser declarados organizaciones criminales. Y, en el camino, han debilitado la democracia”, explica Godoy.

Si bien Keiko Fujimori ha intentado matizar sus declaraciones previas, alegando que imitará “lo bueno” de su padre, las restricciones de acceso a la prensa durante la elección de la Mesa Directiva del Senado, la aparición de un “tránsfuga” en esa votación y las amenazas de acusaciones constitucionales a los diputados que mostraban sus cartillas durante la elección del mismo grupo en la cámara baja sugieren lo contrario.

“El fujimorismo, históricamente, no ha sabido lidiar con un sistema democrático claro –recuerda Godoy–. Es una agrupación que ha sido implacable con los grupos políticos que no son sus aliados, hasta vengativa. Y, [en otras esferas], los que se le oponen son vistos como ‘odiadores’ o ‘terroristas’”.

A diferencia de su padre, Keiko Fujimori no se destaca por su carisma ni encarna la lógica de una persona que se hizo a sí misma. Incluso es más conservadora que él, característica que la ha llevado a establecer nexos con el Foro de Madrid y, ahora, plantear acercamientos con el gobierno del estadounidense Donald Trump y otros mandatarios de derecha en la región.

“Es alguien mucho más cercana al statu quo. No solamente busca garantizar las líneas matrices del proyecto económico, sino cierta continuidad en materia de valores y relaciones entre el Estado y las creencias religiosas. No es solo el statu quo económico o político, son muchas cosas más”, dice Godoy.

¿Cómo llegó Perú a esa encrucijada? Algunos analistas hablan de la concentración del poder desde las sombras. Alberto Vergara y el también politólogo Rodrigo Barrenechea plantearon, hace tres años, una teoría distinta: la dilución del poder como responsable de un “vaciamiento democrático”, caracterizado por la fragmentación y circulación del poder, amateurismo político y carencia de vínculos reales entre quienes ocupan la cúpula y la sociedad.

“Keiko Fujimori es producto y manufacturera de esta destrucción representativa, pero creo que los rasgos fundamentales de la política peruana no se alteran con su elección”, dice ahora Vergara. Aunque admite que habrá un poder más controlado y concentrado, considera que la volatilidad no se ha esfumado.

“El peligro que veo es el de la continuación de prácticas autoritarias segmentadas, pero me parece difícil la construcción de un régimen cerrado. Eso supone permanecer en el tiempo, ser popular, tener ciertas cosas que mostrar en el mediano plazo, y no la veo a ella como alguien capaz de conseguir eso, independientemente de lo que quiera”, añade.

Aunque no la descarta, Godoy también ve dificultades para la construcción de una dictadura clásica. “La posibilidad de un régimen híbrido es mucho mayor. Eso sí creo que está presente”, alerta. El padre, de nuevo, como fantasma.

Gloria Ziegler, periodista argentina residente en Perú desde hace 13 años.