Namibia: genocidio invisible

El 8 de abril, gran parte de los parlamentarios namibios se adormecía en el recinto en medio del sopor de la tarde. El reloj digital marcaba las 16.35 cuando el diputado de la oposición McHenry Venaani, miembro de la comunidad herero que lidera el Movimiento Democrático Popular (PDM, por su sigla en inglés), se plantó frente a la jefa de Estado, Netumbo Nandi-Ndaitwah. Su interpelación despertó a la Asamblea: “¡Los alemanes les pagan a los judíos 1.000 millones al año. En los últimos 30 años les han pagado 90.000 millones. [...] ¡Pero a los namibios solo quieren pagarles 1.000 millones durante los próximos 25 años!”.

Por haberse rebelado contra la ocupación colonial y la confiscación de sus tierras, alrededor de 65.000 hereros y 10.000 namas –cerca del 80 por ciento y del 50 por ciento, respectivamente, de su población total de antes de la guerra– fueron asesinados entre 1904 y 1908 bajo las órdenes del general alemán Lothar von Trotha. Si bien la mayoría murió en combates directos, otros murieron en los cinco campos de trabajo repartidos a lo largo del territorio de lo que entonces se conocía como la colonia África del Sudoeste Alemana (Deutsch-Südwestafrika). Fue en ese territorio donde se construyó, en 1905, uno de los primeros campos de concentración del siglo XX. Muchos hereros murieron en el desierto de Kalahari, donde el ejército envenenó los puntos de hidratación tras haberlos obligado a huir. Por eso, tanto para ellos como para los namas, la cuestión de las reparaciones –aún sin resolver– sigue siendo algo primordial.

Acampar entre tumbas

Las dunas del desierto de Namib, el pequeño puerto pesquero de Lüderitz y el océano Atlántico rodean la Shark Island. Era un domingo soleado de abril y un coro se elevaba desde la pequeña península mientras dos minúsculos altavoces reproducían las primeras notas de la famosa canción espiritual negra “Kumbaya”. Así es como algunos representantes de la comunidad de Nama concluyen la conmemoración de las masacres alemanas: en medio de decenas de placas individuales en memoria de los colonos alemanes que se encuentran amontonadas entre zonas de acampe. En agosto de 2025, gracias a la presión que ejercieron los hereros y los namas, el Ministerio de Cultura de Namibia terminó prohibiendo el ingreso a los campistas y turistas. Aún quedan los pequeños carteles numerados y las zonas de parrillas.

“Imaginen por un momento la posibilidad de ver Auschwitz convertido en una zona de acampe repleta de monolitos en memoria de los genocidas nazis”, se indigna Joshua Castellino. Este profesor de derecho indio supo de la existencia del genocidio durante sus estudios, cuando leyó una nota al pie de página. Viajó desde Londres para asistir a la conmemoración anual organizada por la Asociación de Líderes Tradicionales Nama (NTLA), que representa a diez autoridades tradicionales y a la que acompaña desde hace cuatro años en la lucha por obtener las reparaciones que vienen reclamando desde hace tiempo.

Castellino insiste en los plazos. La NTLA, al igual que la Autoridad Tradicional de los Herero (OTA) –la principal organización que representa a los hereros–, rechaza de plano el plan de desarrollo propuesto por Alemania y presentado en una declaración conjunta con el gobierno namibio en 2021, en el que se establece que Berlín se compromete a apoyar la “reconstrucción y el desarrollo” en Namibia a través de un programa de financiamiento de 1.100 millones de euros a lo largo de 30 años. Todo esto sin mencionar en ningún momento las palabras reparación, indemnización o compensaciones, ni la redistribución de las tierras confiscadas durante la época colonial.¹

Incluso hoy en día, cerca del 70 por ciento de las tierras cultivables namibias pertenece a granjeros blancos –en su mayoría descendientes de colonos alemanes–, a pesar de que representan menos del dos por ciento de la población.² En cambio, existen pocas estadísticas sobre los hereros y los namas. Minoritarios y pauperizados, hoy viven principalmente de la ganadería en parcelas comunales o trabajan como obreros agrícolas, pastores, jardineros o empleados domésticos, entre otros.³

Paralelamente, en un pequeño salón comunal de Lüderitz contiguo a las conmemoraciones, Sima Luipert desgranaba su historia en voz baja. Ella es una excepción entre los namas –poco representados en la administración pública– porque logró abrirse camino hasta conseguir un puesto en la función pública territorial. Asimismo, como responsable de Asuntos Internacionales dentro del Comité Técnico sobre el Genocidio de la NTLA, dedica todo su tiempo libre a luchar con enorme compromiso ante los tribunales namibios, alemanes y estadounidenses para obligar a Berlín a hacerse cargo de reparar económicamente a los descendientes del genocidio. Por el momento, no ha tenido éxito.

La propia Luipert pertenece a la cuarta generación de sobrevivientes. Habló de su bisabuela, quien estuvo en el campo de concentración y exterminio Shark Island y fue “alquilada” a un colono alemán. De su abuela, producto de una violación. También relató las dificultades que tiene su pueblo hoy en día para encontrar su lugar en una sociedad que, según afirma, deja a sus minorías al margen de las grandes decisiones; decisiones que, sin embargo, podrían cambiar el rumbo económico del país.

Injusticias históricas

Así, en mayo de 2023 fueron testigos impotentes de la firma de un contrato de concesión entre el Estado namibio y una empresa de capitales mayormente alemanes, Hyphen Hydrogen Energy, para desplegar un proyecto titánico de hidrógeno verde en el parque nacional Tsau Khaeb, al sur de Lüderitz. El reclamo de los namas concierne precisamente a los casi 4.000 km² de tierras afectadas, en pleno corazón de la región del Gran Namaqualand, que fueron confiscadas por los alemanes durante la colonización y luego devueltas al Estado.

“Cuando se habla de llevar a cabo un proyecto industrial en una zona como esta, hay que tener plena conciencia de lo que sucedió y abordar esa injusticia histórica en lugar de normalizarla”, defiende Luipert. Para ella, el gobierno debería haber consultado a los representantes de los namas antes de autorizar a una empresa privada, encima alemana. Si bien sus directivos reiteran que la empresa Hyphen está registrada en Namibia, su principal accionista, la compañía Enertrag, tiene su sede en Dauerthal, 120 kilómetros al norte de Berlín.

Hyphen aspira a sacar provecho de los recursos de Namibia presentes en ese parque protegido mediante la construcción de aerogeneradores e inmensas plantas solares para producir hidrógeno que luego se exportará a Europa en forma de amoníaco. Con una inversión prevista de 10.000 millones de dólares –el equivalente a más del 75 por ciento del producto interno bruto de Namibia–, este proyecto podría diversificar una economía que hasta el día de hoy depende de la explotación minera (diamantes, uranio, cobre, etcétera), la agricultura o la pesca. Aunque la viabilidad del proyecto aún está por confirmarse, a finales de 2025 la Unión Europea se comprometió a financiar parte de la ampliación del puerto pesquero de Lüderitz, que resulta necesaria para la construcción de una terminal de exportación de amoníaco. Todo esto a riesgo de “desfigurar” el entorno de la Shark Island, a pesar de estar catalogado como patrimonio nacional, según denuncia la NTLA.

Es probable que este modelo incremente aún más las desigualdades entre la población en general.⁴ El índice de Gini que las mide es el segundo más alto del continente, después del de Sudáfrica, una herencia del apartheid que sufrieron ambos países, y que en el caso de Namibia se extendió hasta 1979.⁵ Para los namas, estos diferentes proyectos son, además, sintomáticos de la falta de consideración del Estado namibio hacia sus minorías, en el marco de un panorama político ampliamente dominado por la comunidad ovambo. Esta última representa en la actualidad cerca del 50 por ciento de la población namibia, estimada en tres millones de personas distribuidas en un territorio una vez y media más grande que la Francia metropolitana. Sus representantes son mayoría en las filas del partido presidencial, la Organización del Pueblo de África del Sudoeste (Swapo, por su sigla en inglés), que se encuentra en el poder desde la independencia, en 1990.

La constante injerencia de los ovambos en las estructuras de poder namibias (gobierno, administración pública, cúpulas del partido) convierte a los miembros de esta comunidad en los beneficiarios prioritarios de una eventual aceleración de la industrialización del país.⁶ Más allá del hidrógeno verde, Namibia también ambiciona convertirse en una nación productora de hidrocarburos de cara al año 2031. Esta aspiración fue impulsada por los descubrimientos de petróleo en aguas ultraprofundas por parte de multinacionales como TotalEnergies, Shell o Galp.

El 8 de abril, poco antes de que McHenry Venaani tomara la palabra, la presidenta Netumbo Nandi-Ndaitwah estaba concluyendo su segundo discurso a la nación, durante el cual abordó el asunto del genocidio y precisó que pronto se sometería al Parlamento una nueva declaración conjunta con el gobierno alemán antes de su firma. Tras lo cual afirmó: “Ahora hay un acuerdo que está al alcance de la mano, tal vez antes de que termine el año”. Fue entonces cuando, adentrándose en el terreno peligroso de los cálculos y las equivalencias, Venaani reclamó “al menos el 10 por ciento” de la suma pagada a los judíos, quienes “murieron en gran número, seis o siete millones, pero en términos de porcentajes, el 60 por ciento del pueblo nama y el 80 por ciento del pueblo herero fueron exterminados”. Finalmente, concluyó con una pregunta retórica: “¿El gobierno está a la altura de llevar a cabo las negociaciones para lograr un acuerdo justo para estas comunidades?”.

En este contexto, son los pequeños partidos de la oposición los que impulsan el asunto de manera intermitente. Por su parte, hasta mediados de la década de 2010, el partido Swapo (51 bancas) había decidido mantenerse ajeno al tema. Además, tras la independencia, obtenida en 1990 al término de tres décadas de colonización alemana (1884-1915) y luego de 75 años de dominación sudafricana (1915-1990), el movimiento de liberación buscó reconstruir la nación en torno al lema “Una Namibia, una Nación"; el objetivo era evitar que las pertenencias étnicas, regionales o lingüísticas se convirtieran en líneas de fractura política. En esas circunstancias, y durante mucho tiempo, las reivindicaciones específicas de los hereros y de los namas se vieron postergadas por prioridades de alcance nacional.

Namibia esperó hasta 2025 para organizar su primera conmemoración oficial de los hechos y declarar feriado el 28 de mayo. Sin embargo, las principales organizaciones que representan a los hereros y a los namas no reconocen esta fecha por considerarla impuesta sin concertación previa; de hecho, fue elegida en referencia a la decisión adoptada por las autoridades alemanas en 1907 de cerrar los campos de concentración. El contenido de la ceremonia tampoco fue de su agrado. “Fueron 45 minutos de un acto dirigido por la presidenta y el primer ministro, sin nosotros; eso es todo lo que el Estado es capaz de darnos más de un siglo después del genocidio”, constata, con amargura, el jefe supremo de la OTA, Mutjinde Katjiua.

Esta postura crítica parece no afectar a los líderes del partido Swapo, poco interesados en el destino de minorías “siempre inconformes”. Bajo condición de anonimato, varios de ellos consideran que ya deberían “dar vuelta la página”. Plenamente consciente de este profundo desacuerdo, Katjiua ya no espera nada de las autoridades, a quienes reprocha no haber defendido los intereses de su pueblo en el marco de las negociaciones. Entre otros motivos de queja, denuncia la exclusión de los descendientes de los hereros (que habían sido forzados a abandonar Namibia para instalarse en Botsuana, Sudáfrica o Angola) del proceso de reconciliación. Además, expone la dificultad del Estado para plantear cuestiones que puedan poner en entredicho la unidad nacional: “Los namibios alemanes que están en Namibia ¿son vecinos o son extranjeros?”.

Una reciente decisión de la Unión Africana devolvió el impulso a esta lucha y a la de los namas. El 15 de febrero, en Adís Abeba, la organización panafricana adoptó una resolución histórica que califica la esclavitud, la deportación y el colonialismo como crímenes de lesa humanidad y genocidio contra los pueblos afectados.⁷ En este marco, sus Estados miembros se comprometieron a “trabajar conjuntamente, con solidaridad y de forma colectiva, para lograr su reconocimiento como tales a nivel internacional”. Una señal alentadora para Mutjinde Katjiua, aun cuando las perspectivas siguen siendo lejanas: “Estamos listos para resistir, incluso si esto llega a tomar mucho tiempo”.

Clotilde Ravel, periodista, enviada especial. Traducción: Paulina Lapalma.