El directorio del Partido Nacional (PN) decidió el lunes suspender por dos años los derechos y las obligaciones como afiliado de uno de sus integrantes, el edil montevideano Gonzalo Gómez. Este había reconocido el 28 de setiembre que mantuvo durante nueve meses como asesor rentado, sin encargarle ninguna tarea, a Pablo Leiva, condenado hace tres semanas por integrar un grupo dedicado al narcotráfico.
La declaración de las autoridades nacionalistas, adoptada por unanimidad a partir de un dictamen de la Comisión de Ética (CE) partidaria, anunció que Gómez devolverá el dinero que cobró Leiva a la Junta Departamental y manifestó que debería apartarse de ese organismo durante el período de suspensión.
Fue un avance en relación con casos anteriores, pero a la vez destaca la urgencia de tareas pendientes en el PN, no solo para prevenir vinculaciones con el crimen organizado, sino también para defender su credibilidad y la de la política, sustentos muy relevantes de la convivencia democrática.
La definición de normas éticas desde las fuerzas políticas es una cuestión compleja y delicada. Algunas corrientes ideológicas se dan por satisfechas si quienes están afiliados a un partido no violan las leyes. Otras entienden que la buena o mala conducta no se mide solo con ese criterio.
Los partidos pueden considerar legítimos actos que violan normas legales. Por ejemplo, algunas medidas de protesta y desobediencia civil, desde el incumplimiento de disposiciones sanitarias hasta la ocupación de tierras. También pueden condenar actos que la ley no prohíbe, como la interrupción voluntaria del embarazo, la solicitud de eutanasia, el enriquecimiento pagando salarios mínimos o la desobediencia tras un mandato partidario explícito.
Hay también corrientes ideológicas que ubican lo ético en un plano inmutable y superior al de la legislación humana. El extremo de esta concepción es el fundamentalismo religioso.
El PN tiene una comisión de ética pero no un código ético. Hubo propuestas para superar tal carencia, como la impulsada en 2018 por el diputado Rodrigo Goñi, que no se aprobaron. La CE puede basarse en definiciones generales sobre valores y principios del nacionalismo, pero aplicarlas a casos concretos permite un amplio margen de interpretación, que depende de quiénes integran el organismo y, según parece, también de quiénes son juzgados.
Perlas de un largo collar
En el período pasado de gobierno, el senador Juan Sartori incumplió las normas sobre declaraciones juradas de bienes e ingresos sin que hubiera pronunciamientos partidarios. Este año, el Directorio del PN le pidió a la CE que se expidiera sobre la actuación de dos ediles montevideanos que, sin violar ninguna resolución orgánica, apoyaron propuestas de fideicomiso planteadas por la intendencia para programas de limpieza, veredas y calles.
En más de una ocasión, las autoridades nacionalistas decidieron esperar a que hubiera un fallo judicial firme antes de considerar aspectos éticos, pero no llegaron a hacerlo porque las personas involucradas renunciaron al partido antes de que sus casos fueran tratados. Así ocurrió con el exsenador Gustavo Penadés, imputado en 2023 por múltiples delitos sexuales, y con el exintendente artiguense Pablo Caram, condenado en 2024 por omisión de denunciar el pago de horas extra ficticias.
En 2017, la CE trató el caso del intendente sorianense Agustín Bascou, dueño de dos estaciones de servicio a las que el gobierno departamental les compraba combustible. El Directorio del PN reprendió a Bascou porque su “falta de cuidado en un manejo de la cosa pública” perjudicó “el buen nombre y las mejores tradiciones” del partido.
La CE recomendó en 2019 la expulsión del exintendente coloniense Carlos Moreira, acusado de pedir favores sexuales a cambio de autorizar una pasantía. Moreira se adelantó a renunciar al PN, pero reingresó sin inconvenientes en 2021.
El actual intendente salteño, Carlos Albisu, tuvo que renunciar en 2023 a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande por el ingreso sin concurso de decenas de personas. Sin que interviniera la CE, el PN asumió el dictamen del entonces presidente Luis Lacalle Pou, quien afirmó que no habían existido ilegalidades ni corrupción, sino “exageración”, “error” y “abuso quizá indiscriminado de un mecanismo de ingreso”. En 2025, también sin intervención de la CE, el partido respaldó al entonces exintendente sorianense Guillermo Besozzi, imputado con arresto domiciliario por uso irregular de recursos del gobierno departamental.
Ahora, en el caso del edil Gómez, el PN reconoció que era necesario plantear un juicio ético y adoptar sanciones con independencia de que hubiera una resolución judicial. Se puede especular sobre los motivos de estas decisiones, pero fueron un paso adelante. De todos modos, sigue sin haber un código con disposiciones claras sobre lo que esa fuerza política no acepta. Contar con ese tipo de normativa y aplicarla con seriedad es indispensable para evitar que el desprestigio de la política socave la confianza en las instituciones democráticas.
