A fines de octubre se conoció que las actuaciones del tribunal de honor referentes al accionar del teniente coronel retirado Armando Méndez fueron declaradas como reservadas por 15 años por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). La resolución la firmó el titular de la cartera, Javier García, el 17 de setiembre, y la decisión fue tomada a raíz de un pedido de acceso a la información pública presentado por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Ante esto, el diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez realizó un pedido de informes para conocer los motivos por los que se declararon reservadas. Este miércoles, en su cuenta de Twitter, el diputado informó que le llegó la respuesta y que es “grave”, ya que la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) “concluyó que el MDN no fundamentó la declaración de reserva de las actas de Armando Méndez, como pide la ley”. “Tampoco cumplió con los plazos para informar. Todo muy transparente...”, ironizó.
En la respuesta al pedido, que el diputado adjuntó en el tuit, UAIP sostiene que el plazo previsto por el artículo 9 de la Ley 18.381 (que establece cómo podrá clasificarse la información reservada) para el envío de la resolución del MDN “no se ha cumplido en esta ocasión”. Además, “la resolución enviada no se encuentra debidamente motivada, ya que se omite señalar el literal del artículo 9 en que se funda la reserva y no ha expuesto la prueba de daño que exige la norma”.
“En definitiva, a criterio de esta unidad, no se cumple con los requerimientos establecidos en el artículo 25 del Decreto 232/010, referidos a los elementos objetivos que permiten determinar la expectativa razonable de un daño al interés público protegido, razón por la cual se le otorgó el plazo referido para que el sujeto obligado dé cumplimiento a dichos extremos”, finaliza la respuesta.
En octubre la diaria informó en base a fuentes del MDN que el tema por el que se convocó a Méndez a ese tribunal tuvo que ver con la Operación Conserva, un negocio encabezado por Gregorio Álvarez y su esposa Rosario Flores en el que participaron empresarios de la industria frigorífica y actores del Estado, como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Instituto Nacional de Carnes, con Méndez al frente.
Desde Madres y Familiares habían denunciado la “censura”, ya que instalaba un “antecedente jodido”. Así declaró a la diaria Nilo Patiño, integrante de la organización, y apuntó que “una vez que se empieza a censurar, siempre está el problema de cuál es el criterio para censurar o para declarar la reserva”. “¿Por qué la ciudadanía no puede saber de los actos económicos de la dictadura en su momento? ¿Cuál es el motivo? ¿A quién se está cubriendo?”, y opinó que no se trata de un tema personal.