El viernes 23 se llevó a cabo, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Udelar, el seminario “Programas de transferencias de ingresos: las experiencias recientes de los países del Mercosur”, con el objetivo de realizar una evaluación de los planes tendientes a fortalecer las redes de protección social desarrollados en Argentina, Brasil y Uruguay. En la oportunidad se presentó el trabajo titulado: “Transferencias de ingresos y asistencia escolar. Una evaluación ex-ante de esquemas alternativos en Uruguay”. El estudio, realizado por Verónica Amarante, Rodrigo Arim, Gioia de Melo y Andrea Vigorito “procura identificar el impacto de la reforma” y puede “proporcionar insumos de utilidad para la política pública y en particular para subsiguientes mejoras del régimen”. Allí se hace una evaluación previa a la instrumentación de la reforma, lo que puede tornarlo relevante para medir sus potenciales impactos. Sin embargo, los autores aclaran que “no realizan previsiones, sino que se trata de un ejercicio de simulación que toma en cuenta el eventual comportamiento del hogar ante la transferencia”.
En foco
Las asignaciones familiares existen en el país desde 1942 y estaban destinadas a trabajadores formales con menores a cargo que asistieran al sistema educativo. Desde 1995, el beneficio dejó de ser de carácter universal, focalizándose en los hogares de menores ingresos. Entre 1999 y 2004 se creó un subprograma destinado a los hogares indigentes, por el que se eliminó el requisito de contribuir a la seguridad social. En 2008 y como parte de la nueva Ley de Asignaciones Familiares se amplía la red de cobertura, alcanzando a cerca de 500.000 niños y adolescentes -la mitad de los menores del país- que serán beneficiarios de prestaciones de 700 pesos por el primer menor en edad escolar, de 1.000 pesos por el primer adolescente que asista a la enseñanza secundaria o UTU, y que pertenezcan a hogares considerados en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El tope de ingresos totales del hogar para recibir el beneficio es de 10 Bases de Prestación y Contribución (el valor actual de cada unidad es de 1.944 pesos) en hogares con hasta dos niños. Aumenta según la cantidad de hijos en forma decreciente, de modo de evitar que la prestación constituya un incentivo a la fecundidad. Los objetivos más relevantes de la reforma refieren a la extensión hacia los niños y adolescentes beneficiarios, de modo de contribuir al combate a la pobreza y de promover la asistencia al sistema educativo, en particular de los adolescentes que tienen entre 14 y 17 años, tomando en cuenta las elevadas tasas de deserción en la educación secundaria, que rondan el 40%.
Vulnerables
El trabajo describe la situación de particular vulnerabilidad en que se encuentran niños y adolescentes, y afirma que los hogares con menores a cargo “constituyen el grupo que experimenta una mayor deprivación económica en Uruguay”, como consecuencia de “la creciente desigualdad salarial y con el creciente desempleo que afectó a trabajadores no calificados en la década de los 90”. Señala que luego de las reformas constitucionales que establecieron ajustes jubilatorios con el Índice Medio de Salarios, los adultos mayores ostentarían “la mejor situación”. La evaluación se realiza comparando la situación emergente de la implementación de la reforma respecto del viejo sistema, sin tomar en cuenta otros programas de transferencias, como el Ingreso Ciudadano emanado del Plan de Emergencia. En ese sentido, se expresa que “hasta 2008 una proporción sustancial de los menores de 18 años perteneciente a hogares bajo la línea de pobreza no percibía la asignación familiar”, ya que “el umbral de ingresos de la misma se ubicaba muy por debajo de la línea de pobreza”.
Uruguay presenta elevadas tasas de deserción en la educación desde la década del 80, lo que provoca que “los años promedio de educación en adultos se encuentran estancados en 8,6”, deteriorando la posición relativa de Uruguay con relación a otros países latinoamericanos. A su vez, la deserción afecta mayoritariamente a los sectores de ingresos más bajos y “afecta principalmente a varones que también presentan mayores tasas de participación en el mercado laboral”. En virtud de ello, los menores y, en particular, los adolescentes de entre 12 y 18 años “constituyen un grupo vulnerable”, tanto en lo que refiere a “pobreza de ingresos” como en cuanto a “logros educacionales”; el trabajo apunta a que “el desempeño educativo de adultos residentes en hogares pobres e indigentes es marcadamente inferior que el del promedio”.
Mientras que sobre el total de hogares el 15 % de los adolescentes no estudia ni trabaja, ese porcentaje se eleva a 24% para los que pertenecen a hogares pobres y a 34% cuando se trata de hogares indigentes. No obstante, si se evalúa la información del módulo de trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada del Instituto Nacional de Estadística, los adolescentes que no estudian ni trabajan “según el criterio tradicional, efectivamente trabajan desempeñando tareas domésticas; el porcentaje en que esto se verifica asciende al 44%, representando un 62,5% en las mujeres y 26,5% en los hombres”.
Evolución
De la comparación con el anterior régimen de Asignaciones Familiares, la simulación efectuada en el trabajo de referencia da como resultado que, como efecto de la reforma realizada en 2008, cerca del 28,5% de los menores que están fuera del sistema educativo hubiera permanecido estudiando, siendo esta proporción de 34,9% en las mujeres y de 23,7% en los hombres. Sin embargo, “sólo 0,4% de los menores que originalmente trabajaban y estudiaban” habría dejado su ocupación para dedicarse exclusivamente a estudiar. A su vez, se aprecia que “el incremento en la asistencia escolar es progresivo, ya que los cambios son mayores en jóvenes pertenecientes a estratos de ingresos más bajos”; esto es consecuencia de que “en estratos de ingresos bajos las tasas de deserción son mayores y a su vez el incentivo es mayor si se mide en relación al ingreso del hogar”.
En materia de pobreza y desigualdad, las simulaciones realizadas en el estudio “indican que la reforma reduce significativamente la indigencia” en porcentajes de entre 40% y 50%; por otra parte, “las reducciones en la intensidad y severidad de la pobreza se ubican entre 50% y 65%, respectivamente”. Además, se agrega que “si bien la indigencia en Uruguay se ubica en niveles bajos, la constatación de que las asignaciones familiares contribuyen significativamente a reducirla es relevante, ya que la eliminación del Ingreso Ciudadano podría haber llevado a una importante pérdida de ingresos para los hogares más pobres”. Asimismo, “la incidencia de la pobreza disminuye en aproximadamente 1 punto porcentual para el total de la población y 2 puntos para hogares con menores”. Al mismo tiempo, el abatimiento en la “intensidad” de la pobreza se ubica aproximadamente en 13%, en tanto que la “severidad” sigue reflejando “un patrón progresivo”.
Más parecidos
En lo que refiere a la reducción de la desigualdad y en virtud de que las Asignaciones Familiares constituyen transferencias de ingreso, el estudio muestra una reducción de casi un punto en el Índice de Gini, que pasa de 0,455 a 0,446 o 0,447, según los supuestos de la simulación. El Índice de Gini es un indicador habitual de la distribución del ingreso que asume valores entre 0 y 1, donde los más bajos corresponden a distribuciones más igualitarias, en tanto la cifra crece con la desigualdad. El trabajo señala que “la redistribución opera incrementando los ingresos promedio de los estratos más bajos en una mayor proporción”, ya que “la asistencia se incrementa más rápidamente en los estratos más bajos y la transferencia representa una mayor proporción” de los ingresos del hogar.
Respecto de su incidencia en la oferta laboral, las simulaciones expresan que “la transferencia implicaría una leve reducción de cuatro horas al mes para los jefes de hogar y tres horas para los cónyuges”. Sin embargo, este resultado no se evalúa en forma negativa, ya que “la mayor parte de estos trabajadores tienen trabajos informales y de bajos salarios y el efecto sustitución les permitiría permanecer más tiempo en el hogar”, lo que se vería traducido en “una mejor calidad en el cuidado de los niños”. Adicionalmente, la pérdida de ingresos asociada a la reducción en las horas de trabajo no presenta una incidencia significativa en la “potencialidad del programa de reducir la pobreza, la indigencia y la desigualdad”.