El gobierno busca “solucionar definitivamente” el problema de endeudamiento del campo y, con ese objetivo, el pasado 23 de octubre el BROU y el MGAP firmaron un acuerdo para transferir, de la primera institución a la segunda, una cartera integrada por 980 deudores que son “pequeños productores con riesgo de exclusión social”, en su mayoría vinculados al sector lechero pero también a otras actividades agropecuarias.

La cifra adeudada por estos productores es, en su conjunto, de unos 9.500.000 dólares, por lo que el promedio de obligaciones de cada uno de ellos asciende a aproximadamente 10.000 dólares.

Berterreche explicó que “el mensaje” que se busca generar apunta a “que lo importante sigan siendo los productores” y, fundamentalmente, a promover su inclusión social y a evitar el vaciamiento del campo.

Igualmente, el secretario de Estado advirtió que la citada decisión “no significa que se les condone la deuda, sino que se los desbancariza para que no tengan las urgencias y la forma de trabajar de un cliente de una institución bancaria”. Sobre el punto, detalló: “Se les saca presión para que puedan seguir produciendo y puedan seguir siendo productores dentro del campo, y que si están en riesgo de exclusión social, justamente, no los excluyamos. La idea [es] crear mediante este proceso un efecto de inclusión del productor”, valoró el jerarca.

Sostuvo, además, que se abrirá un proceso de renegociación de la deuda con los implicados, aunque remarcó que ello aún está sin definir y que se está trabajando para afinar una solución. “Vamos paso a paso; lo primero es pasar esa cartera del BROU al MGAP, y lo segundo es entablar la negociación con los productores y ver cómo vamos encarando” la cancelación de cada crédito, explicó el ministro.

Fuera de agenda

Por otra parte, existe la intención de que el dinero que se vaya recuperando de la deuda no tenga como destino el BROU ni el MGAP, sino que sea utilizado para beneficiar a otros productores familiares mediante la creación de un fondo de desarrollo rural.

Berterreche aseguró que si bien “aún no está definido y se debe resolver administrativamente” qué es lo que exactamente se va a hacer con los pagos que vayan efectivizando los productores, “la idea, conceptualmente y más allá de cómo se haga, es que vaya a un fondo de desarrollo rural que opere en función de acciones sobre la agricultura familiar y el desarrollo rural en general”.

El secretario de Estado aseguró que el mencionado conjunto de obligaciones, más “algún caso puntual” de deudas de productores con el Banco Hipotecario, “era lo que iba quedando vinculado al endeudamiento endémico que tenía el campo”, asunto que produjo arduas negociaciones y ásperas polémicas en la interna del oficialismo durante la etapa inicial de la actual administración de gobierno. “Durante este gobierno se logró solucionar definitivamente ese problema creado por las razones que fuesen”, sostuvo Berterreche, quien enfatizó que “el tema del endeudamiento no está más en agenda”.

Poniendo estaba la gansa

De acuerdo a información facilitada a la diaria por el presidente del BROU, Fernando Calloia, en diciembre de 2004 los deudores del sector agropecuario con atrasos en los pagos eran 8.177, de los cuales el 70% adeudaba menos de 50.000 dólares.

Un año después se aprobaron las pautas para el tratamiento del endeudamiento, que, para los créditos de hasta 15.000 dólares, implicaban una reducción del 50% del capital adeudado, y se eximía a sus titulares del pago de la totalidad de los intereses generados. En ese sentido, se explicó que, para abril de 2007, el 62% de los deudores había logrado alcanzar un acuerdo.

Con ese diagnóstico, se constituyó una mesa de trabajo entre el BROU y el MGAP (Programa Uruguay Rural) con el fin de resolver el problema del endeudamiento de aquellos pequeños productores que contaran con dificultades de exclusión social, priorizándose el criterio de la continuidad de su condición de productores en el medio rural. Para ello, se realizó un censo entre los productores endeudados (3.174), a cargo de técnicos del Banco y del Ministerio. Del estudio resultó que 1.384 deudores, el 44% del total, habían cancelado los montos a través de las pautas establecidas al efecto y que 810 deudores (26%) no cumplían con los criterios fijados de pequeño productor con dificultades, quedando 980 casos (30%) de pequeños productores con dificultades, con una deuda total agregada de 9.500.000 dólares. Esta última fue la que se transfirió desde el BROU al MGAP para que resuelva el problema del endeudamiento por vías no tradicionales y que no impliquen esfuerzos financieros para los productores.