Los debates suelen ser demasiado cortos o demasiado largos. Nadie podría decir con certeza cuánto debe durar un debate para que sea productivo o útil, pero es indudable que debatir es necesario. En el debate sobre “el Uruguay que queremos” se tocaron muchos temas, cada panelista expuso sus preocupaciones principales y las posibles formas de combatir los problemas planteados. Pronto quedaron en evidencia los diferentes puntos de vista, que encarnaron de forma más clara en las distintas miradas de los representantes del Partido Nacional (el economista Hernán Bonilla) y del Frente Amplio (Mauricio da Rosa, estudiante de Ciencias Económicas). El conflicto de puntos de vista puede resumirse en diferentes respuestas a una misma pregunta: “¿Qué tipo de Estado queremos?”.
Para comenzar, un rápido pero necesario repaso de algunas cifras estadísticas que nos recuerdan en qué país vivimos. El 21% de la población es pobre, 46% son menores de 12 años, 7% son mayores de 65. Por otra parte, 23% de los hogares son mantenidos exclusivamente por una mujer; no hay una distribución equitativa del trabajo no remunerado; el envejecimiento de la población se agravará con el tiempo y se prevé que para 2025 la población de 80 años se duplicará y se feminizará (66% serán mujeres); 120.000 uruguayos se fueron en los últimos años y ya son medio millón los que viven fuera del país. “¿Cómo integramos estos datos en el Uruguay que viene?”, se preguntó la moderadora, Karina Batthyany, luego de dar las cifras y abrir el espacio de debate.
Cubo demográfico
Uno de los temas centrales fue el de la pirámide demográfica, que más que pirámide es “ya un cubo”, como acotó uno de los panelistas. Las bajas tasas de natalidad, las altas cifras de emigración y una población envejecida son los ejes del problema. Da Rosa considera que es clave “asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas para que cada uno tenga los hijos que quiera tener”. Con este fin propuso “tender a una política de corresponsabilidad, con una mayor equidad en la distribución del trabajo no remunerado, profundizando las políticas referentes a licencias paternales y los servicios de cuidados infantiles (cuyo ejemplo concreto es el Plan CAIF), de modo que tener hijos y trabajar no sean incompatibles”. En cuanto a la migración, propuso pensar políticas para atenuar el fenómeno: la recuperación de los emigrados, dar facilidades para el retorno, plantear políticas activas de inmigración y fomentar la emigración transitoria, es decir, la de aquellos que se van a estudiar al exterior y luego regresan al país.
Pablo da Rocha, del Instituto Cuesta Duarte, se preguntó si es necesario llevar adelante una política de población para que ésta aumente en un país que no ha sabido mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, señaló que hay que tener en cuenta el tema y analizarlo. Aludió al problema que se les presenta a las mujeres para armonizar sus vidas profesionales con sus vidas familiares y propuso “pensar políticas destinadas a que esa armonización sea posible y no se produzca un retraso en la formación familiar”.
Para la economista Ivone Perazzo, del Instituto de Economía, “los fenómenos poblacionales son muchas veces tendencias mundiales irreversibles”, concepto que también señaló Da Rosa. Ambos abogaron por un diseño de políticas que se acompasen con dichos cambios.
Precariedad laboral
El perfil del emigrante, en su mayoría personas jóvenes de alto nivel educativo, dio pasó al tema de cómo se produce la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. Perazzo analizó la tasa de desempleo y destacó las fuertes disparidades por grupos de edad y de género: 20% de los desempleados tiene menos de 25 años, 30% tiene entre 15 y 19 años, y más de 40% son mujeres. La inserción en el mercado laboral es precaria, con remuneraciones bajas, por lo que “la emigración es la única salida para los jóvenes. Hay que pensar en políticas de retorno y generar vínculos entre la comunidad académica internacional y la nacional; aplicar políticas de salud reproductiva; pensar políticas para insertar a los jóvenes en el mercado de trabajo, reduciendo el núcleo duro del desempleo no a través del mercado sino con políticas que impliquen un abordaje integral, ya que el problema no se resuelve con políticas tradicionales”.
Con respecto a la informalidad laboral, Ana Laura Fernández, economista y miembro de la Cámara de Comercio, señaló que hay 41,6% de informalidad en la población económica ocupada privada y se preguntó cuál es la causa. Como respuesta hizo énfasis en la inflexibilidad del mercado laboral uruguayo, ineficiente y con baja productividad de mano de obra. “Las regulaciones inflexibles y excesivas generan más desempleo y un pasaje del sector formal al informal”, sostuvo. Ejemplificó con la Ley de Licencias Especiales que propuso, inicialmente, 18 días de licencia para estudiantes. Esas medidas, según Fernández, “logran objetivos contrarios a los buscados, ya que frente a la regulación el empresario va a elegir al que no estudia”.
En ese sentido recordó que, luego de ser discutida en el Parlamento, la ley fue modificada en enero de este año, proponiendo, entre otras cosas, 12 días de licencia anuales a aquellos que cumplan más de 48 horas semanales.
La lógica del Estado
De acuerdo a lo expresado por Bonilla, “el deterioro económico del país es de largo plazo”. “Hace cien años que no encontramos el camino del desarrollo”, dijo. Bonilla propuso “un país más abierto, que busque nuevos mercados, saliendo de la trampa del Mercosur; reducir la burocracia y el peso del Estado para que sea más fácil desarrollar actividades productivas; bajar todos aquellos impuestos que afecten al trabajo, el ahorro y la inversión”.
Asimismo, refirió como positiva la reciente propuesta del Partido Nacional de eliminar paulatinamente el IRPF, ya que ese impuesto, según opinó, “castiga más al que más trabaja, y eso es malo”. Además, hizo referencia a la educación pública, particularmente a la educación secundaria, que, según dijo, “se cae a pedazos”, con una alta tasa de deserción. Bonilla compartió con Fernández la idea de que, frente a la nueva regulación (licencias especiales), el empresario prefiere no contratar estudiantes, y opinó que hay que encontrar la forma de no afectar a las empresas. Dentro de lo positivo, ambos destacaron el Plan Ceibal y la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
Para Perazzo, en cambio, el estado actual de la educación pública es el resultado de la aplicación de una política neoliberal. Da Rocha opinó que “si el país no encontró el camino al desarrollo es porque nunca se lo planteó”. “Éstos son los primeros esfuerzos destinados a plantearnos qué país queremos”, afirmó.
Sobre la intención del Partido Nacional de eliminar el IRPF, Da Rosa opinó que este impuesto sirve para financiar, entre otras cosas, la ANII. Con respecto a la Ley de Licencias Especiales, señaló que es “ilógico que un empresario elija a alguien que no estudia antes que a alguien que sí lo hace”. La socióloga Nilia Viscardi, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, trabaja con jóvenes vinculados a redes de violencia en progreso de rehabilitación. Recalcó la “necesidad de crear políticas públicas que combatan la violencia y la inseguridad, fortaleciendo las políticas de protección a la infancia y la adolescencia, llegando a espacios sociales de los que el Estado está retirado o donde hay un retroceso de las políticas públicas”. En relación con esto, Viscardi aludió a la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (ENIA) creada en el marco del Plan de Equidad. Las políticas, según dijo, “deben ser integrales y sistemáticas, los cambios deben seguir la lógica del Estado y no la del empresario”.
También se discutió la Ley de Empleo Juvenil, que intentaba estimular a las empresas a que incorporaran jóvenes, dando a cambio beneficios como la exoneración de aportes patronales al Banco de Previsión Social, ley que fue derogada al aplicarse la reforma tributaria. Bonilla opinó que el hecho de que no se haya intentado cambiar la ley derogada demuestra “desinterés en los jóvenes”. Da Rosa, en cambio, opinó que “muy pocos empresarios se ampararon en la ley, por lo que el impacto de su derogación fue mínimo”, mientras que Da Rocha opinó que “la ley derogada no era buena y es necesario profundizar en el diseño de políticas activas de empleo focalizadas en zonas sensibles”. Cabe recordar que existe una comisión especial, creada a comienzos de 2008 por el Instituto Nacional de la Juventud y el Programa Projoven, con el fin de redactar un nuevo proyecto de ley. Mientras tanto, desde el Partido Nacional, el diputado Álvaro Delgado presentó, en abril de este año, un proyecto de ley para incentivar la contratación de jóvenes de hasta 25 años en situación de desempleo forzoso.
Cuando el debate se abrió al público presente surgieron otros temas interesantes: los jóvenes y el teletrabajo, la ética en política, el papel de los jóvenes en relación con la innovación y la tecnología, entre otros. Se pudo oír también una pregunta que apeló al sentido común y que puede entenderse como un reclamo: “¿Quiénes financian la educación de los pobres si nadie paga impuestos?”. La interacción entre personas en sala y panelistas fue más breve de lo deseado, y es que en un país desacostumbrado a debatir los tiempos siempre serán, en principio, demasiado cortos.