Hacé los deberes
El director de Rentas se enfocó en los planes de la administración tributaria, muchos de ellos ya mencionados en otras conferencias (ver la diaria del 03/12/10) y otros de reciente divulgación, como la Carta de Derechos y Obligaciones al Contribuyente. Ferreri destacó que la intención es especificar claramente los derechos y obligaciones de los ciudadanos, no sólo con la administración sino con la sociedad. Confirmó que se continuará con la realización de las Jornadas Tributarias, se modificará el Centro de Estudios Fiscales, se implementará la declaración jurada borrador del IRPF, y la factura y ticket electrónico. Ello se hará a partir del doble objetivo de la DGI: “cumplir con la ley y recaudar impuestos”, y “contribuir a la política económica del país”.
El 2011 está a la vuelta de la esquina, y luego de un año de importante crecimiento, pero muchas vulnerabilidades a nivel mundial, surge la duda respecto de lo que sucederá en la economía en el año que comenzará el 1º de enero. Por ese motivo, CADE organizó la conferencia “Perspectivas Económicas 2011”, donde disertaron, focalizados en sus respectivas áreas, Lorenzo, el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, y el director de Rentas, Pablo Ferreri. Sin embargo, más que hablar sobre 2011, los jerarcas se refirieron a los objetivos generales y planes de gestión para el resto del período de gobierno.
El titular de Economía se focalizó en la necesidad de “reducir las incertidumbres” de cara a los próximos años, garantizando “confianza, credibilidad y certezas”. Explicó que “el futuro está plagado de incertidumbres” que la política económica debe contribuir a mitigar. En esa línea, uno de los objetivos a acometer “día a día” es “aumentar la cantidad de factores que están bajo nuestro control”. “Lo peor que se puede hacer es bajar los brazos y pensar que lo que viene de afuera es ineluctable”, sostuvo. Lorenzo interpretó que “la calidad de lo que hacemos” es fundamental para contribuir con aquella mitigación y generar el desarrollo de la sociedad.
Evocó que “durante décadas” el país vivió con inestabilidad de precios y un “largo período de fracaso” de las políticas que se aplicaban para corregirla. No obstante, destacó que actualmente las institucionalidad pública está comprometida en mantener a raya la inflación y que “existe un valor público de sensibilidad de la ciudadanía por llevar un equilibrio” en ese aspecto. Cuando la inflación estuvo por encima del rango objetivo, enseguida hubo “un sobresalto”, lo que calificó como algo “muy saludable”.
Lo mismo sucede con la política fiscal, a la que definió como “la más política de todas las políticas económicas” debido a sus dos aspectos constitutivos básicos: “¿De qué forma se obtienen los recursos?”, lo que implica “definir quién paga la cuenta”, y “¿Qué hacemos con los recursos?”. “La política fiscal es un factor esencial del mantenimiento de las reglas de juego”, destacó. “Es claro que una política fiscal anclable, prudente, sustentable es un elemento importante de reducción de incertidumbres”, valoró antes de puntualizar: “Aprendimos con mucho dolor que las mayores penurias que pasaron los sectores más vulnerables de nuestro país [...] ocurren como consecuencia de inestabilidad macroeconómica, inestabilidad fiscal e inestabilidad financiera”. De ahí que “cualquier desviación de lo programado a nivel fiscal genera análisis e interesa a los ciudadanos: eso también es muy bueno que ocurra”.
Maltratados
El ministro de Economía no quiso hacer comentarios sobre la reciente decisión de la calificadora de riesgo Moody’s de elevar la nota de la deuda uruguaya a un escalón del grado inversor. Pero reiteró que “Uruguay está siendo maltratado, está siendo mal evaluado” por las calificadoras, enfatizando que el mercado internacional y los inversores locales y extranjeros tienen una visión “mucho más acertada de la realidad uruguaya”.
Integral
A su turno, el presidente del BCU se refirió al “secreto bancario, combate al lavado de activos e inserción internacional del país”, remarcando que ahora se aplica un modelo de país basado en el “desarrollo integral”, contrapuesto al que existía anteriormente, cimentado en Uruguay como “plaza financiera”. Bergara explicó que el secreto bancario es una práctica asociada al derecho a la privacidad, pero que al mismo tiempo está “en conflicto” con el interés general, razón por la que se debe limitar para “combatir las prácticas delictivas”. Recordó que “prácticamente todos los países del mundo tienen regímenes de secreto bancario”, aunque con diferencias en cuanto a su rigidez. En ese punto, defendió que el sistema uruguayo tenga una importante garantía y es que únicamente se puede levantar mediante una decisión judicial. Criticó que en 1982 el “secreto bancario era concebido como una ventaja comparativa de Uruguay respecto a la región”, en un país visto como “plaza financiera”; la regulación tenía su “énfasis en la propiedad privada pero con un sesgo hacia la opacidad”.
Acerca de la prevención y control del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, recordó que Uruguay integra el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud), donde fue evaluado en 2002, 2006 y 2009, y destacó que los avances logrados son importantes, en particular entre 2006 y 2009. De las 40 recomendaciones que realiza el organismo, Uruguay cumple completamente con 29, en nueve casos lo hace parcialmente y sólo en dos incumple. Si se analizan los 11 consejos clave del organismo, el país cumple nueve totalmente y dos en forma parcial.
En comparación con otros países “Uruguay está bien ubicado”, encontrándose a la cabeza de América del Sur en combate al financiamiento del terrorismo y segundo en la lucha contra el lavado de activos, sólo detrás de Colombia. Tanto las normas sobre secreto bancario como las concernientes a prevención y combate al lavado de activos constituyen parte de “una estrategia de inserción internacional”, que empieza a mostrar “un enfoque integral de desarrollo”.