Lo de ayer fue la reedición de un clásico que desde 2005 a la fecha ha ganado en interés. La confirmación de esto fue dada por el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Diego Balestra, al opinar: “La conflictividad es un dato de la realidad. Los empresarios hablamos de esto desde el principio del gobierno anterior, pero no nos escucharon. Esto es consecuencia de una política errada. No hay justificación para el grado de conflictividad existente”. Balestra declaró al Portal Observa: “Tal como están las relaciones laborales no se puede, o no se desea, contener la situación, ya que no se toman medidas para llevar la balanza a un equilibrio”.
Ese desnivel más los otros factores reseñados indicarían, según el industrial, que 2010 cerrará con mayor volumen de inversiones que el registrado durante los primeros años de la década -estimó el crecimiento anual en 11%-, aunque muy por debajo del de 2009, cuando los socios de la CIU hicieron una fuerte apuesta, que en contraste con “la caída de la actividad” generó una capacidad ociosa. Para Balestra es lógico que hasta tanto no se alcancen “los límites de productividad con el equipamiento existente” no se vuelva a invertir.
También transmitió la preocupación que existe en la corporación por “la adquisición de acciones por parte de inversores internacionales” por entender que “es una muestra de que los uruguayos prefieren salirse del sistema”. “Además, los capitales extranjeros son de empresas muy poderosas y pueden decidir irse del país si las cosas no están bien”, especuló. Mujica había dado el puntapié inicial de mañana en M24 cuando reclamó “más patriotismo”. Algo similar le había pedido en la campaña a Luis Alberto Lacalle, cuando éste aconsejó no invertir en Uruguay hasta que no se conocieran los resultados electorales.
Te digo una cosa
“Uruguay comenzó a caminar con fortaleza porque se multiplicó la inversión. Eso fue el fruto de un conjunto de medidas tomadas por el anterior gobierno y por éste, una coyuntura internacional favorable y un clima muy especial de este país”, enumeró el mandatario, para luego defender la necesidad de expandir la inversión pública como mecanismo para ayudar “a la gente que vive mal”. “Necesitamos conseguir el máximo posible de inversión para hacer frente a estos desafíos. Cuando la inversión apunta a cuestiones útiles es mucho más lo que termina dejando que lo que se lleva”, sostuvo para completar la idea.
Entonces se refirió al economista Ernesto Talvi, quien la semana pasada había acusado al gobierno de “violar el Estado de derecho, debilitar la democracia, agredir la seguridad jurídica y la separación de poderes con algunas de las medidas adoptadas”. El presidente relató que esas afirmaciones fueron realizadas “en el mismo momento en que UTE abría una licitación a la cual se presentó gente con voluntad de invertir por 2.000 millones de dólares para poner molinos de viento”. “En ese momento Talvi dijo que no hay seguridad jurídica, quiere decir que esos que ofrecieron 2.000 millones de dólares son unos belinunes, unos abombados; no consultaron a Talvi, casi seguro. Yo le pediría a Talvi, que es un señor muy capaz, un poquito más de patriotismo”, expresó el presidente.
Sale Industria, entra Comercio
El circuito de juego entre Mujica, Talvi y la CIU se completó ayer con la divulgación del informe de coyuntura de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), que de pique sostiene que el contexto internacional aún provoca grandes incertidumbres y dificulta la elaboración de previsiones. No obstante, advierte que hay situaciones “bastante claras” que se relacionan con un mundo que “marcha a dos velocidades”: por un lado, la de las denominadas “economías del norte” (Estados Unidos y Europa); por otro, la de las “economías del sur”, donde se encuentran los países emergentes, entre ellos el nuestro.
La gran liquidez generada en las economías desarrolladas por las bajas tasas de interés y los expansivos programas monetarios hace que esos capitales fluyan a las emergentes, provocando “excesos de liquidez en estos mercados, con la consecuente apreciación de sus monedas”. Esta situación “termina minando la competitividad de estas economías a la hora de comerciar con el resto de los países”, según la CNCS. Respecto a Uruguay, la gremial entiende que pese a “haberse beneficiado por su integración a los mercados internacionales [...] no debe olvidarse que aún resta mucho por hacer en el tema de apertura comercial y la consiguiente diversificación de mercados”.
En este sentido la CNCS entiende que a nivel interno se presentan “situaciones que se contraponen en las decisiones a tomar por parte de las autoridades de gobierno”. Se busca contener la apreciación del peso mediante intervenciones en el mercado cambiario, pero el informe advierte que se trata de una solución “momentánea y con escasa respuesta al objetivo que se pretende lograr”. Asimismo, se entiende que esas intervenciones “sólo incrementan la deuda pública con el consiguiente aumento del pago de intereses de deuda en el futuro”. La CNCS también teme que los ajustes salariales resultantes de los Consejos de Salarios se traduzcan en mayores presiones inflacionarias. De esa forma, el informe critica que el gobierno no ha conseguido “llevar adelante un crecimiento sostenido basado en una política fiscal saludable con la que se logre una reducción del peso del Estado ni aumentar la productividad de los distintos sectores de la economía”.
Se concluye que “el costo de no actuar” ahora puede ser muy alto. “Es necesario aprovechar este momento de aumento de actividad económica en el país para lograr que sea duradera. Aumentar la productividad de los factores, tanto del trabajo como del capital”. También se reclama el aumento de la infraestructura para el desarrollo de las actividades económicas, aunque en este caso “se ve con muy buenos ojos la Ley de Asociación Público Privada”, aquella con la que el gobierno procura aumentar y potenciar las inversiones provenientes de ambos sectores.