La economía uruguaya pasa por un momento extraordinario, con un crecimiento que superará el 8% al cierre de 2010 y mejoras en prácticamente todos los indicadores. Sin embargo, expresiones del propio equipo económico de gobierno y un informe del Instituto Cuesta Duarte (Icudu) pusieron sobre la mesa la necesidad de acompañar esa expansión con mayor equidad y justicia social.
Según el centro de estudios del PIT-CNT, pese al contexto económico favorable "no está claro que con los actuales mecanismos que lleva adelante el gobierno se pueda acelerar el proceso de redistribución de la riqueza, elemento en el que se avanzó poco en estos años" (ver la diaria del 27/12). Aunque destaca el buen desempeño del mercado laboral, el informe advierte problemas importantes en la calidad del trabajo y lamenta la vigencia de la brecha de ingresos: el 20% más rico se apropia del 47,7% de los ingresos nacionales, mientras que el 20% más pobre tiene que "conformarse" con el 5,7%. El Icudu concluye que "para mejorar la distribución de los ingresos y tender efectivamente a una mayor equidad social, es necesario avanzar en las reformas estructurales implementadas en el período anterior", especialmente "salud, educación y tributaria".
Una posición distinta aunque con puntos de contacto fue la mostrada por el gobierno durante la disertación del equipo económico en el foro de ACDE (ver la diaria del 23/12), donde destacó que en 2010 Uruguay continuó reduciendo la pobreza, la indigencia y la desigualdad, aunque matizó que ésta permanece en un nivel que "es incompatible con nuestro nivel de desarrollo humano".
El director de la asesoría macroeconómica de Economía, Andrés Masoller, destacó el rol redistributivo de las políticas mediante las transferencias públicas, el sistema impositivo y la prestación de bienes y servicios.
Subrayó el incremento del gasto social, que redujo la desigualdad en 6,7% medida a través del índice Gini. No obstante, reconoció que en muchas áreas "aún no se perciben los impactos del esfuerzo presupuestal realizado el período pasado", haciendo mención al déficit educativo del país. Detalló que las tasas de culminación de secundaria y primaria se mantuvieron prácticamente sin cambios en el período, en un nivel sumamente bajo, pero comentó que "no sería apropiado que el equipo económico se involucre en las políticas educativas".
Desintegrados
Para el economista Pablo Moya, de la consultora Oikos, "es bueno que se instale el debate" porque es un tema que siempre genera "discusiones acaloradas". Según dijo a la diaria, la desigualdad es "el debe de todos los gobiernos" y cada vez requiere de "esfuerzos más grandes". "Hoy no se habla de años de escolaridad sino de la cantidad de horas en aulas, de los contenidos, y mientras nosotros seguimos discutiendo, la brecha entre quienes educan a sus hijos extracurricularmente y los que lo hacen sólo en la parte obligatoria es cada vez mayor", analizó. "No se trata sólo de crecer sino de (generar) desarrollo económico en su sentido más amplio", precisó Moya, añadiendo que estos problemas tampoco se solucionan mediante asignaciones de "determinados porcentajes del PIB".
Entre los elementos que explican la persistencia de la desigualdad sostuvo que, pese a que la expansión de la actividad "se dio en muchos sectores novedosos", igualmente "la matriz agroexportadora se ha mantenido intacta". "Eso marca una forma de crecimiento, más allá de que se pueda revolucionar tecnológicamente, y ésa es la clave: inversión tecnológica e innovación traen mejoras en la productividad, en el empleo y en los salarios", recomendó.
Por otra parte, apuntó que tanto la pobreza como la desigualdad "son fenómenos en que los beneficios no se materializan en el corto plazo", y explicó que actualmente se busca que "el pobre de hoy no genere un nuevo hogar pobre en el futuro". Para Moya, las políticas de inclusión social son "difíciles" y "costosas" de implementar, evaluando que la sociedad "no sólo no está integrada sino que cada vez se está partiendo más".
Por último, enfatizó que la reducción de las inequidades "no pasa por lo salarial" sino por la educación. "Se trata de darle herramientas a la gente y que de esa forma pueda defender mejor su salario", concluyó.
Problema de asistencia
Por su parte, el economista Jorge Caumont valoró que “el gobierno estuvo bien porque la desigualdad cayó, la pobreza disminuyó y ésos son datos objetivos”. Sin embargo, enfatizó que el ritmo de esas caídas debió haber sido “un abismo” más grande.
“Si bien cayó la desigualdad, el ritmo para el país es relativamente bajo, y eso tiene que ver con el tipo de política social que tiene el gobierno, que abre la mano sin exigir contrapartidas”, criticó.
Enfatizó que Uruguay integra un mundo que “no era tan favorable desde la Segunda Guerra Mundial”, y que el ritmo de mejora de la desigualdad está “muy por fuera de lo que crece el mundo y la región. “Acá no se ha hecho nada más que gastar todo lo que la economía genera con su crecimiento”, con “una política tributaria que es ineficiente y desajustada”, estimó. Valoró que la política social oficial es mala “porque se está dando a mucha gente que no lo merece”, graficando que cuando ejercía la docencia en la Facultad de Ciencias Económicas comenzaba el año con 250 alumnos pero lo terminaba con 80. “Eso exige un gasto que pudo haber sido mucho menor”, evaluó. A su entender, primero se deben “evaluar los planes que se están llevando adelante” y luego, en función de los resultados, adoptar acciones.