En 2005, poco antes de asumir el primer gobierno de izquierda, la Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito (Cofac) fue cerrada por la administración saliente debido a las pérdidas generadas. Para reabrir, se le solicitó una recapitalización y la presentación de un plan de negocios que incluyera una reestructura de la gestión. El primer punto se cumplió mediante la participación de 2.800 ahorristas, a quienes se les hizo aportar un porcentaje de sus recursos, pero la segunda quedó en el debe.

Por ese motivo, luego de continuar arrojando pérdidas desde su reapertura, en abril de 2005, el BCU determinó su intervención el 2 de febrero de 2006, y posteriormente se acordó la venta de su estructura principal al Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes) por 10.000.000 de dólares. Se destinaron 3.700.000 dólares a promover el retiro de funcionarios, una condición del Bandes para concretar la operación, y los 6.300.000 dólares restantes constituyeron el capital que quedó para Cofac. En abril de 2008 se levantó la intervención y ésta pudo comenzar a operar como “cooperativa cerrada”, es decir que sólo puede recibir y prestar dinero de sus socios, estatus que mantiene hasta ahora.

Algunos de los ahorristas que capitalizaron Cofac enviaron recientemente una carta al presidente de la República, José Mujica, en la que manifiestan haber sido convertidos “en socios de una empresa que no tenía futuro” y critican que “Cofac sigue siendo dirigida por las mismas autoridades que muy mal la administraron y condujeron a su cierre”. Valoran que “la clase política no habla ni toca el tema, por aquello de que, si determinada situación se deja en silencio y se ignora deliberadamente, llega un momento en que no existe”. Además, fustigan que el gobierno “se jacta de que se solucionó [la crisis de Cofac] ‘sin pérdida para el Estado y para los ahorristas’ cuando hay todavía 2.800 ahorristas que con nuestro dinero evitamos el cierre de la cooperativa en su momento y posteriormente los mismos dirigentes que nos agradecían y aplaudían nos pasaron al olvido”.

Uno de los demandantes, Lorenzo Fossa, explicó a la diaria que hay tres grupos que iniciaron procesos judiciales contra Cofac: uno de 300 ahorristas, otro de 150 y el tercero “no llega a 100” integrantes. Fossa pertenece al grupo mayoritario, cuya demanda asciende a 4.000.000 de dólares.

Explicó que fueron “obligados a firmar porque nos dijeron ‘firmen porque es la única opción que tienen’”, y recordó que “la directiva de Cofac se había comprometido a dar mayor participación en los ámbitos de decisión, pero eso no pasó”. También la responsabiliza por no haber realizado los cambios comprometidos con el BCU, lo que llevó a su intervención. Una calificada autoridad estatal confirmó a la diaria: “Desde el BCU se enviaron más de 50 instrucciones a la cooperativa, pero seguía teniendo pérdidas y dificultades, por lo que se decidió su intervención”. En ese sentido, “la responsabilidad pasa por la institución, que no logró cumplir con el plan de negocios”.

Control remoto

Fossa detalló que la directiva responde a una “asamblea de socios”, pero sostuvo que nunca lo llamaron ni lo citaron para elegir algo. “Se manejan dentro de un círculo muy cerrado; [...] todos seguimos siendo socios, pero se han reunido sin avisar a nadie y en algunas asambleas llaman a los socios que no capitalizaron, pero a nosotros no”, lamentó.

Las alternativas que manejan los demandantes pasan por tres vías: la política, la judicial y la de la propia cooperativa, aunque Fossa entiende que las tres “son muy remotas” en cuanto a su efectividad. Detalló que están “buscando contactos a nivel parlamentario”, gestión que profundizarán después de las elecciones municipales, ya que actualmente “los políticos están en otra cosa”.

La instancia judicial está abierta, pero avizoran que “va para largo” y “seguramente no tenga resolución antes de diciembre”. Fossa también se mostró escéptico sobre un resultado favorable en esa órbita, y agregó suspicacias en torno a los dictámenes emitidos. Ejemplificó que un “tribunal de apelaciones levantó la medida cautelar [dictada en primera instancia de congelar el pago del Bandes] argumentando que Cofac está intervenido y el dinero se le puede entregar a Cofac porque está seguro [...]. Suponemos que el tribunal no leyó el expediente, porque hacía un año que el BCU había levantado la intervención”. La tercera opción es que la cooperativa reintegre los montos capitalizados a quienes lo soliciten. “Descartamos totalmente que suceda”, admitió.

No coincido

La directiva de Cofac opina distinto. Consultado por la diaria, Danilo Gutiérrez, su vicepresidente, discrepó con la postura de los demandantes afirmando que fueron cumplidos los requerimientos del BCU, pero hubo un “retiro masivo de depósitos” generado por una “campaña de rumores en torno a la situación de la cooperativa”.

Atribuyó las demandas a “la iniciativa de un par de estudios jurídicos” y evaluó que los resultados “están siendo favorables a la cooperativa”. “La justicia está demostrando que [los ahorristas] no tienen razón”, expresó. Acerca de quienes capitalizaron Cofac con sus ahorros, Gutiérrez indicó que se adoptaron dos resoluciones en asamblea: la primera otorga el “derecho de receso, para que el ahorrista pueda retirarse con su cuotaparte medida al valor actual”. Hacerlo implicaría que el ahorrista retire una porción muy inferior a causa del bajo valor de Cofac. “Actualmente recibirían menos del 10% de lo capitalizado, porque esto se mide considerando el valor de venta de Cofac al Bandes, descontando el costo del retiro de funcionarios”, detalló. La segunda resolución supone que el 20% del excedente anual por resultados se destine a intereses de los ahorristas capitalizados, demandantes y no demandantes, según su proporción.

El directivo rechazó que se esté negando participación a los ahorristas capitalizados; aseveró que el año pasado hubo asambleas locales y de delegados, pero matizó que la entidad venía de “un período muy extenso de inactividad”. “Cuando haya una asamblea van a ser socios como todos los demás”, relativizó, añadiendo que “se va a promover que estos grupos tengan sus propias listas para que estén representados”.