Esas palabras fueron expresadas en una conferencia sobre inclusión financiera (ver página 10) y dejaron clara la veloz profundización de la interrelación entre economías. La crisis global que explotó entre 2007 y 2008 en el mercado estadounidense de hipotecas inmobiliarias de alto riesgo, y que en meses se extendió hacia la economía real de todo el mundo, no sólo provocó crisis y derrumbes en muchas naciones sino que motivó la alarma en los centros económicos y financieros ante la creciente probabilidad de un colapso global a causa del desenfreno especulativo. El 2 de abril del año pasado sesionó el G20 en Londres y dispuso, entre otras medidas de orientación reguladora, que la OCDE actualizara y endureciera los criterios de calificación de las economías según su control sobre las finanzas y la disposición a entregar información tributaria. Mediaron días hasta que el organismo publicó cuatro listas y Uruguay fue incluido en una “negra”, integrada principalmente por “paraísos fiscales”. Casi cuatro días de febriles negociaciones telefónicas e intercambio de documentos entre el entonces ministro Álvaro García y el director de la OCDE, Ángel Gurría, culminaron con la salida del país de esa dudosa nómina y su colocación en otra “gris” de Estados comprometidos con el intercambio informativo y mayores regulaciones.
El proceso derivó en una polémica mediática entre los entonces precandidatos frentistas, Danilo Astori y José Mujica, que incluyó la participación de Vázquez en favor de la postura del entonces ministro Astori, quien rechazó de plano los presupuestos de la ubicación de Uruguay con los “paraísos fiscales”.
Mujica, en cambio, señaló que la pretensión del organismo respondía a nuevas circunstancias derivadas de la crisis, que comprendían la debacle de naciones desarrolladas con gran poder financiero. Ahora, a menos de tres meses de haber asumido funciones, el gobierno que encabeza dedica una de sus primeras iniciativas legales a flexibilizar el secreto bancario para ampliar el contralor tributario sobre operaciones financieras en el exterior de residentes en el país. Además, éstos tributarán IRPF o IRAE. según el tipo de renta que origine los depósitos a gravar. “Nos vamos a ocupar de la materia tratando de equiparar el tratamiento que tienen los depósitos en nuestro mercado con los depósitos que se realizan en el exterior: ése es en sí mismo un incentivo. No estamos pensando en incentivos adicionales” para impulsar la iniciativa, dijo Lorenzo ayer. Sin embargo, añadió: “Las modificaciones que estamos proponiendo para el levantamiento del secreto bancario tratan de integrar realidades económicas nacionales e internacionales”. Esta opción se ve reflejada en que “Uruguay ha estado firmando en estos últimos tiempos tratados para eliminar la doble tributación y para intercambiar información con administraciones tributarias de otros países”.
Se trata de “darle a nuestra DGI las mismas herramientas que les aseguramos a los países con los que estamos haciendo negociaciones bilaterales. Es absolutamente razonable que estén equiparados las atribuciones y los instrumentos que tiene nuestra DGI a los que estamos ofreciendo”, explicó el ministro.
Pero “en segundo lugar, y quizás sea lo más importante, el país viene desarrollando una estrategia de cooperación internacional, pretende seguir trabajando en esta dirección” y se encamina, “más temprano que tarde, a que muchos de estos acuerdos dejen de ser bilaterales para que alcancen un carácter multilateral”. En tal sentido, Uruguay se pone “en condiciones de cooperar en un escenario internacional con enormes necesidades de transparencia y de responsabilidad en el manejo de todo lo que tiene que ver con el sector financiero”, resumió.