El Proyecto G, que comenzó en 2008 y acaba de finalizar, estuvo liderado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), las Naciones Unidas a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). Su ejecución estuvo a cargo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Parlamento.

El libro recientemente presentado corresponde a uno de los objetivos del Proyecto G, relacionado con el fortalecimiento de la institucionalidad de género en las estructuras, procedimientos y prácticas del Parlamento uruguayo. Otros objetivos del proyecto fueron el fortalecimiento de la implementación del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (Piodna); la incorporación del enfoque de género y generaciones en las estadísticas nacionales y la inclusión de la educación sexual a los procesos educativos con una perspectiva de género y de derechos.

En lo concerniente al Parlamento, se trata de incrementar la representación política de las mujeres y jóvenes y de incluir las perspectivas de género y generación en la tarea legislativa. Se diseñó un plan de capacitación en género y generaciones, se elaboró un manual para implementarlo y fueron dictados tres cursos, todo ello destinado a las personas que trabajan en el ámbito parlamentario. Asimismo, se concretó el fortalecimiento del sitio web Parlamenta, Mujeres en el Parlamento, instrumentando una guía para los funcionarios del Poder Legislativo encargados de mantener y actualizar el sitio web.

Danilo Astori, presidente de la Asamblea General, destacó en la presentación la importancia de esta publicación “por el área relevante de preocupaciones sociales a las que refiere y sobre todo por el hecho de estar poniendo a disposición información que es absolutamente decisiva para mejorar la calidad de nuestro trabajo”. Señaló, a su vez, la necesidad de transversalizar en todos los ámbitos fundamentales de la sociedad el tema de la equidad y opinó que en nuestro país “hay campo fértil para trabajar con este enfoque”. La senadora Mónica Xavier destacó que en la Bancada Femenina hubo decisión y voluntad política en la incorporación de estos temas y en su sostenimiento en el tiempo. Afirmó la importancia del manual de capacitación para funcionarios del Parlamento como forma de sensibilizar sobre estos temas. Por su parte, Margarita Percovich, legisladora en el período pasado, puntualizó la necesidad de un seguimiento y control de la aplicación de las leyes y la necesidad de aterrizar muchas de las leyes aprobadas.

Diana González Perrett dijo que “en el problema de género no se avanza con una ley sino que se transversaliza en todo el marco normativo”. Señaló también las contradicciones que muchas veces existen dentro de las normas, en algunos casos debido a que éstas son producto de negociaciones, ya que no hay acuerdo sobre el tema género en nuestro país. “De allí que uno puede entender por qué avanzamos en unas cosas y quedamos todavía añejos en otras. Eso genera discordancias, provoca incertidumbre a la hora de aplicar las leyes y a la hora de hacer nueva legislación, porque estamos en una etapa histórica de cambio paradigmático en relación a la normativa de derechos humanos”, expresó.

Bajo la ley

De las 653 leyes aprobadas en el período 2005-2009, el libro selecciona 54 y 37 proyectos de ley que la autora consideró necesario analizar desde la perspectiva equidad de género y/o generacional. A estos dos enfoques se le agrega el de derechos, proponiendo un análisis que tiene en cuenta a las personas como sujetos de derecho y a partir del cual cobra relevancia la no discriminación y la atención a grupos vulnerables con el fin de fortalecer el ejercicio de los derechos, sin caer en desequilibrios de poder.

El libro está dividido por grupos temáticos: mecanismos para la equidad de género y generacional; igualdad y no discriminación; participación política; violencia de género y generacional; sexualidad y reproducción; relaciones familiares; equidad laboral y de la seguridad social y acceso a la Justicia.

Son muchas las recomendaciones que hace González Perret para cada uno de los temas. Dentro del primero, las más relevantes son la necesidad de jerarquizar el Instituto Nacional de las Mujeres, ya que éste no cuenta con presupuesto propio; precisar las potestades y facultades del Instituto Nacional de la Juventud y determinar los cometidos y atribuciones del Programa Infancia, Adolescencia y Familia (Infamilia).

En relación con los principios de igualdad y no discriminación, la autora recomienda incluir en nuestra Constitución la definición del concepto de discriminación y el principio de no discriminación, explicitando las discriminaciones de edad y género que sean relevantes. Sobre la Ley Identidad de Género, que garantiza el derecho de llevar un nombre que respete la identidad de género con independencia del sexo, se señalan como debilidades que no garantiza todos los derechos de las personas trans (acceso a oportunidades laborales, educativas, etcétera) y que no están contemplados mecanismos de protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes que se manifiesten como transgénero.

En cuanto a la participación política de las mujeres, cabe recordar que en las elecciones nacionales pasadas fueron 19 las electas para el Parlamento, de un total de 99 bancas. En este sentido, se destaca la importancia de la Ley de Participación Política de las Mujeres que prevé una cuota femenina aplicable recién en las próximas elecciones. Se señalan como debilidades la falta de garantías de la participación de la mujer en cargos no electivos y la ausencia de normas relativas a principios no discriminatorios en función de edad y del origen étnico.

Revisarlo todo

La autora propone revisar y actualizar el Código Civil, ya que “estructura un modelo hegemónico de familia, el heterosexual y matrimonializado”, y el Código Penal, especialmente en lo que tiene que ver con el delito sexual. Ambos códigos son acordes a un “paradigma profundamente autoritario y patriarcal”. Hay muchos ejemplos de esto último, uno de ellos es el artículo 116 del Código Penal, derogado recién en 2005, que extinguía el delito sexual (violación, atentado violento al pudor, estupro o rapto) si la víctima se casaba con el agresor.

Como avances resultan relevantes también la ley que prohíbe el castigo físico y humillante a niños, niñas y adolescentes, y la aprobación de la Ley de Acoso Sexual en el ámbito laboral y docente, entre otras. Entre los debes están la revisión del Instituto de la Patria Potestad de modo que éste sea un mecanismo de protección de los derechos de los niños y no un instrumento de sometimiento, y la aprobación de normas que garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes que hayan sido sometidos a abuso sexual, evitando la revictimización.

Se sugiere también la incorporación de normas que protejan los derechos de las personas sin importar el modelo familiar que integren y teniendo en cuenta la diversidad de opciones e identidades sexuales. La autora destaca la importancia de la Ley de Concubinato, pero señala como debilidad la “complejidad del proceso judicial” y se recomienda “igualar en todos los derechos a las parejas homosexuales, incluso el acceso al matrimonio”.

La equidad laboral y de la seguridad social es, según se señala en el libro, uno de los temas que más dinamismo ha tenido en el período, aunque subsisten vacíos y contradicciones. Destacan la Ley sobre Trabajo Doméstico y la Ley de Licencias para el Cuidado de Personas Dependientes, ambas tareas desarrolladas fundamentalmente por mujeres. Entre otras cosas, queda pendiente el trabajo no remunerado en el hogar, actualmente sin reconocimiento, y tomar medidas relativas al desempleo de mayores de 40 años, en su mayoría mujeres.

El Código Penal se deberá revisar, a su vez, para adecuarse a los estándares internacionales. La autora establece como impostergable la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal para garantizar “el lugar a las víctimas de los delitos y la adecuada investigación de los crímenes”. A su vez, cree necesaria la creación de juzgados y fiscalías penales por áreas temáticas y especializar a los juzgados penales en las materias de violencia doméstica y delitos sexuales, entre otras recomendaciones. Sobre el tema sexualidad y reproducción, se aprobó la Ley de Educación que incluye como obligatoria la educación sexual en los institutos de enseñanza y la Ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva, de especial relevancia, ya que establece la sexualidad como un derecho. Se señala como debilidad el veto del entonces presidente Tabaré Vázquez sobre las disposiciones relativas a la interrupción voluntaria del embarazo. Finalmente, la autora sugiere avanzar en la legislación sobre el tema, ya que hay servicios que no están garantizados, como la cirugía de reconstrucción en caso de extirpación de mamas y la cirugía de reasignación sexual en caso de transexualidad; así como “garantizar el derecho de las mujeres a determinar el número e intervalo entre sus hijos, previniendo los abortos inseguros y en condiciones de riesgo”.