¿Qué te debo?
Complementariamente a la política fiscal, se destaca que la gestión de la deuda del gobierno central fue “uno de los ejes que tuvo la política económica entre 2005 y 2009”, lo que “permitió mantener el nivel de gasto fiscal comprometido y encarar medidas puntuales para los sectores más afectados” por la crisis global. El proyecto detalla que la deuda bruta se redujo en 28 puntos porcentuales, pasando de 97% del PIB en 2004 a 69% en 2009, y que se reperfilaron los vencimientos, pasando de un promedio de 7,4 años a otro de 12,7. También se avanzó en la desdolarización, ya que mientras que en 2004 la deuda en moneda nacional era de 11%, en 2009 representó 31%, implicando una reducción del riesgo cambiario. Pero el texto precisa que la deuda bruta registró un aumento significativo en 2009 de 5.201 millones de dólares, originado básicamente en “la política de acumulación de reservas implementada por el gobierno”, así como en “diferencias de valuación derivadas del efecto que tuvo la variación del tipo de cambio, la unidad indexada y los arbitrajes entre monedas extranjeras sobre el stock de pasivos”. La deuda neta, en tanto, bajó en el período de 66% del PIB en 2004 a 35,3% en 2009, aunque el año pasado se elevó desde 26,5% a 35,3% por la política fiscal contracíclica. Pese a ello, se asegura que en 2009 se cumplió con el tope legal de endeudamiento, ya que la deuda neta aumentó en 661 millones de dólares, siendo el techo de 700 millones, debido a que el PE utilizó su facultad de superar hasta 100% el tope de 350 millones fijado por la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2006, prevista para la “ocurrencia de factores extraordinarios e imprevistos”. No obstante, el informe considera que la deuda uruguaya -bruta y neta- aún es elevada en una perspectiva de mediano plazo, con abultados vencimientos para 2011, 2017 y 2018. De ahí la necesidad de “continuar fortaleciendo las finanzas públicas, de forma de mejorar la capacidad de respuesta de la política económica ante shocks adversos que afecten el desempeño de la economía”.
El Poder Ejecutivo (PE) remitió al Legislativo el proyecto de ley de Rendición de Cuentas correspondiente a 2009, que detalla que en el ejercicio pasado el país generó un déficit de 16.099.121.000 pesos, (aproximadamente 817.089.834 dólares, según la cotización promedio de diciembre), de los que 737.372.000 pesos (37.424.352 dólares) correspondieron a operaciones extrapresupuestarias.
Allí se indica que Uruguay ingresó desde 2004 “en una fase de elevado y sostenido crecimiento” y que hasta 2008 su Producto Interno Bruto (PIB) creció 31%, lo que implica una tasa acumulativa anual de 6,9% superior al promedio de América Latina “y muy por encima” de las tasas históricas del país. En 2009 la economía se desaceleró creciendo 2,9%, pero ello se verificó en un contexto de caída de la economía mundial (-0,6%) y latinoamericana (-1,8%). Se percibió una mejora en el plano social y, en particular, se resalta la reducción de la indigencia de 4% en 2004 a 1,5% en 2008, y la caída de la pobreza de 32% a 20% en igual período.
En el plano fiscal-financiero se resaltan las “significativas mejoras” que permitieron “potenciar y favorecer la inversión productiva”. Hacia fines de 2004 Uruguay tenía un nivel de endeudamiento “de los más altos en la comparación internacional” y una concentración de vencimientos en el corto plazo (ver recuadro). Eso cambió a raíz de “la gestión económica llevada adelante durante la pasada administración que permitió restablecer la política fiscal como instrumento eficaz de manejo macroeconómico, aspecto que resultó de fundamental importancia para enfrentar los efectos de la crisis internacional, sentando las bases para poder llevar adelante una política contracíclica”.
Crisis internacional
En relación a la crisis global, el informe refiere a las “respuestas fiscales” aplicadas, subrayando que los países desarrollados implementaron acciones de estímulo económico “que involucraron y comprometieron fondos públicos en cantidades nunca vistas con anterioridad”. Así, se implementaron paquetes de asistencia financiera, préstamos de emergencia y rescates de instituciones financieras y compañías seriamente comprometidas, además de aplicar un sesgo expansivo a la política monetaria.
En ese contexto se detalla que, “en el caso uruguayo, la política fiscal establecida [...], como las medidas adoptadas para enfrentar la crisis, estuvieron en línea con los criterios seguidos por los países avanzados”, si bien “la magnitud” de las acciones fue menor a la involucrada en aquellos casos, “acorde a la menor magnitud de los impactos”.
Se valora que la consolidación fiscal del país generó los márgenes para hacer políticas anticíclicas y, de esa forma, “no sólo no se adoptaron medidas de ajuste, sino que se realizaron los máximos esfuerzos por atender y contemplar la problemática de los sectores productivos más afectados por la crisis internacional, adoptando un conjunto de medidas de apoyo”. Se añade que el país debió enfrentar otros factores adversos, como la sequía, que impactaron negativamente en algunos sectores, para los que también se adoptaron medidas de apoyo. Se menciona que la política de flotación del tipo de cambio “resultó fundamental a efectos de poder amortiguar los shocks externos negativos que enfrentó la economía uruguaya evitando desalineamientos cambiarios que afectaran la competitividad de la producción local”.
En la evolución, se evalúa que la inversión “fue fundamental” para explicar el crecimiento, ya que, según se explica, aunque registró una leve contracción, fue menor a la verificada en los estados avanzados y en los demás países latinoamericanos. Ello se explica principalmente por el rol de la inversión pública, que “cumplió un claro papel anticíclico”. En el plano fiscal se pondera la aplicación de una política “moderadamente expansiva” para contrarrestar el impacto de la crisis y se observa que mientras Uruguay generó un rojo de 1,7%, el promedio mundial se ubicó en 6,7% y el de los países desarrollados en 8,9%. La sequía produjo un efecto negativo importante sobre la economía, equivalente a 1,2% del PIB.
A cortar la torta
En cuanto a la asignación de recursos de la pasada administración, en los primeros años “el esfuerzo” se centró en la generación de “un espacio fiscal” para implementar el “Plan de Emergencia”, mientras que en los siguientes se elevaron significativamente los créditos presupuestales para “políticas permanentes en salud, educación, protección social y seguridad”; se destaca que las subas presupuestales fueron graduales para su compatibilización con la política de responsabilidad fiscal.
Se valora que “todos los ministerios vieron incrementados los créditos presupuestales totales, salvo el de Relaciones Exteriores, debido a la evolución del tipo de cambio, que incide fuertemente en su nivel de gasto, que expresado en moneda nacional se reduce en términos reales”. Sobresalen las expansiones registradas en las partidas destinadas a la ANEP y la Udelar, instituciones a las que se destinó 26% del incremento total otorgado, mientras que 13% de los aumentos fue para ASSE y el MSP. Los créditos para ASSE y el MSP prácticamente fueron duplicados respecto de 2004, pasando de 4.800 millones de pesos a algo más de 12.500 millones en 2009, mientras que los destinados a la ANEP y la Udelar crecieron 71% en el quinquenio. En tanto, el INAU aumentó sus créditos presupuestales en 76% en términos reales entre 2004 y 2009, mientras que el Ministerio del Interior lo hizo en 53%.