Antes de todo
El informe también valora que “la mejora en la regulación y la gobernabilidad corporativa son prerrequisitos críticos para el financiamiento de la inversión y la mejora de la competitividad”. En ese sentido recomienda desarrollar organismos reguladores independientes apoyados en leyes sectoriales bien diseñadas y respetadas, con una visión de largo plazo bien concebida y sólidas herramientas de planificación, contratación y manejo financiero. Fundamenta que la presencia de esos organismos mejora la productividad y los índices de cobranza, reduciendo gastos operativos y minimizando interrupciones de servicios, pero también sugiere “fortalecer” los organismos de control existentes como la URSEC y la URSEA.
El informe, titulado Notas de política: desafíos y oportunidades 2010-2015 y presentado en febrero al entonces entrante gobierno, destaca la “calidad” y la “cobertura” de los servicios públicos y la infraestructura básica, pero advierte sobre la necesidad de más inversión para mejorar la eficiencia y alcanzar y mantener una cobertura universal. Fundamenta que la inversión en infraestructura “es esencial” para el crecimiento económico, la integración regional y la mejora en el bienestar y la equidad social. La evalúa fundamental para el país por “su ubicación estratégica en el punto de cruce del Mercosur”. “Aumento de sus exportaciones, atracción de inversión extranjera directa y la prestación de servicios a sus vecinos son motores primordiales del crecimiento económico, que dependen de una provisión sostenida de servicios públicos de calidad y del mantenimiento de una sólida base de infraestructura”, detalla.
Aunque valora los avances de la última década hacia el acceso universal a los servicios básicos (siendo líder regional en la mayoría de los sectores), “el creciente cambio tecnológico y la cada vez mayor sofisticación de la demanda” determinan “crecientes disparidades en cobertura, calidad, normas de provisión, eficiencia y precios”. Cita que toda la población tiene acceso a agua potable y saneamiento pero la conexión de las viviendas a las redes de distribución y colecta cae al 53%, detrás de Chile, Colombia y México.
Mucho por hacer
Uruguay tiene “mucho terreno por recuperar” para igualar sus niveles pasados de inversión y los niveles regionales actuales. Si bien hay una recuperación posterior a la crisis de 2002, en la comparación con Chile (líder regional) la brecha de inversión se amplió considerablemente.
La inversión entre los tres sectores de análisis llegaba previo a la crisis a 2,35% del Producto Interno Bruto (PIB) en promedio; se desplomó en 2002 hasta 1,5% y se recuperó luego para ubicarse en 1,77% como promedio para 2003-2008. Así, el país está debajo de Chile, que invierte 4,25%, Colombia (3%), Argentina (2,11%) y Brasil (1,99%). El BM estima que el país debería invertir 3% del PIB “sólo para mantener los niveles actuales de cobertura y calidad”, pero “para lograr metas más amplias tales como el acceso universal, debería apuntar a invertir anualmente el 5%”.
En el rubro telecomunicaciones, la inversión realizada puso a Uruguay a la vanguardia tecnológica en América Latina, logrando la tasa más alta de usuarios de internet. Pese a ello, la inversión sigue siendo necesaria para “mantener el paso” con la tecnología. La inversión pública en el sector cayó de un promedio de 0,61% del PIB antes de 2002 a 0,38% en los últimos años, por lo que recomienda alcanzar la inversión de precrisis.
En electricidad la inversión se debe “focalizar” en un suministro confiable y adecuado para satisfacer las necesidades crecientes. Destaca que los problemas de generación y su encarecimiento llevaron a UTE a intensificar los programas de eficiencia y ahorro, expandir la capacidad de generación térmica, desarrollar fuentes alternativas y avanzar en el proyecto de interconexión con Brasil. Para mantener el nivel actual Uruguay debe invertir anualmente el 1% del PIB en infraestructura eléctrica, pero para aumentar la generación y garantizar un suministro confiable, la inversión “ideal” es de 1,6%.
En agua potable y saneamiento evalúa que el acceso universal al saneamiento por red es una “clara prioridad de inversión”, aunque hay otras como expansión del tratamiento de aguas residuales, reducción de los altos niveles de pérdida de agua y solución a problemas de mantenimiento y confiabilidad de las redes. Para garantizar el acceso total a los servicios de agua potable y saneamiento se requeriría una inversión de 300 millones de dólares hasta 2015, 50 millones por año, equivalente al promedio de la última década. Sin embargo, para reducir las pérdidas de agua, mejorar la eficiencia y asegurar el acceso universal en 2025, Uruguay debería elevar su inversión anual a entre 70 y 80 millones de dólares.
En cómodas cuotas
El BM entiende que el país tiene varias opciones de financiamiento: mejorar la eficiencia, las tarifas, préstamos, reducir gradualmente las transferencias de las empresas públicas al gobierno central y promover la participación del sector privado.
Para mejorar la eficiencia se sugiere brindar incentivos económicos orientados a elevar la productividad de las empresas y mejorar el suministro de los servicios. En la segunda opción recomienda buscar oportunidades para cerrar la brecha entre las tarifas actuales y los costos marginales; analiza que si bien las tarifas se fijan desde el Poder Ejecutivo sobre recomendaciones de los reguladores, en la práctica las consideraciones fiscales y políticas “continúan jugando un papel más importante que los criterios de eficiencia”; señala que los aumentos de precios siempre son controvertidos, por lo que “es conveniente” explicar la razón y su impacto sobre la población y el medio ambiente.
En cuanto a los préstamos, se trataría de buscar nuevas oportunidades en los mercados financieros nacionales e internacionales; éstas son opciones tradicionales pero “existen medios que no precisan de garantías soberanas, que se justifica explorar más activamente, tales como bonos locales avalados por ingresos, préstamos comerciales sindicados y asociaciones público-privadas”. La cuarta opción pasa por reducir las transferencias de utilidades de las empresas públicas al gobierno central, que podrían reemplazarse por una práctica organizada de pago de dividendos sobre el capital invertido. Por último, la participación privada en sectores libres de restricciones legales que la tornen inviable; ejemplifica que los privados podrían invertir en tecnologías renovables y generación eléctrica para satisfacer las crecientes necesidades del país, creando nuevas compañías o comprando acciones de las empresas públicas. “Con una sólida reputación de socio comercial serio, confiable y respetuoso de sus acuerdos y compromisos, Uruguay es un destino atractivo para la inversión extranjera directa”, aspecto “crucial para un país con bajo nivel de ahorro”.